¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

Ingeniero de Caminos y Emprendedor Innovador.
Presidente de Tecment Tecnología y Gestión Constructiva SL (NIGHTWAY, MATEC-Q), y miembro de la junta directiva del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (IVEFA)

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En primer lugar, hay que indicar que el término procede de “Public Procurement of Innovation”. Cuando empezó a hablarse de este concepto en España en 2007, se tradujo como  “Compra Pública Innovadora” o CPI, sin embargo, este término puede llevarnos a equívoco, ya que no se trata de que el sector público compre de una manera innovadora (por ejemplo licitaciones on-line), sino de que la Administración Pública ejerza como cliente-lanzadera de referencia de productos altamente innovadores. Hoy en día, empleamos preferiblemente el término “Compra Pública de Innovación” en vez de “innovadora”, aunque quizás una traducción más clara hubiera sido “Contratación Pública de innovación”. Las siglas de CPI siguen siendo válidas para referirnos a este término.

El objetivo es que la Administración Pública adquiera productos que no existan todavía, o que, al ser tan innovadores, tengan una presencia muy reducida en el mercado.

¿Qué no es la Compra Pública de Innovación? No es un nuevo tipo de contratación pública (siguen existiendo los contratos de bienes, servicios y la colaboración público-privada), se trata de una política de apoyo a la innovación privada mediante su encargo por un comprador público.

Hay que decir que la CPI es perfectamente legal y nadie va a la cárcel por contratar innovación. Además pronto tendremos una nueva Ley de Contratación Pública, que debido a la falta de gobierno en 2016, acumula ya un año de retraso. Mediante esta ley, se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas Europeas, 2014/23/UE y 2014/24/UE. Con la nueva legislación, la CPI será mejorada gracias a la figura de la Asociación para la Innovación, un procedimiento que permite a los poderes adjudicadores establecer “colaboración” con vistas al desarrollo y la ulterior adquisición de nuevos productos innovadores, sin necesidad de recurrir a un procedimiento de contratación independiente para la adquisición. En algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, no se han esperado a la nueva ley, directamente ya aplican la Directiva Europea. No soy un experto en derecho administrativo, pero sí afirmo que en innovación, el tiempo y la flexibilidad son lo más valioso.

En una época de restricciones presupuestarias, si lográramos que un tan solo un 3% de lo que compra el sector público a las empresas, se canalizara a través de la Compra Pública de Innovación, aumentaríamos sustancialmente inversión en I+D+i, pasando del 1,2% del PIB a estar cerca del 2%, supondría un incremento de unos 5.000 millones de euros. Con las siguientes cuatro ventajas:

1-    Esto no le costaría un euro adicional al sufrido contribuyente, porque de lo que se trata es, que el sector público siga prestando sus servicios al ciudadano bajo los criterios de eficiencia y eficacia, incorporando el vector de la innovación. Es decir, en vez de gastarnos 5.000 millones adicionales en subvencionar empresas, este importe se obtiene del presupuesto que tiene el sector público previsto para comprar a las empresas.

2-   Concretamente, este incremento en inversión I+D+i es gran calidad desde el punto de vista de la competitividad empresarial, porque a diferencia de otros incentivos, estamos haciendo hincapié en la fase de comercializar la innovación, la más crítica para las PYMEs. Lo más complejo para las startups no es financiar su innovación en si, sino venderla a un primer cliente de referencia, como pueda ser la Administración Pública.

Mejorando la innovación empresarial, los políticos ya pueden hablar (sin hacerlo con retórica) del fortalecimiento de la competitividad no basada en salarios bajos y empleos precarios, así como del cambio del modelo productivo. Personalmente, me agrada leer en la propia Directiva Europea, las referencias sobre papel social que debe cumplir la Compra Pública y de mejora del acceso de las Pymes a la contratación pública. Por desgracia, demasiados gestores públicos están en las antípodas de este planteamiento. El precio no es el único criterio objetivo en adjudicaciones públicas, salvo que nos guste que las empresas no cumplan los requisitos técnicos, ahoguen a los proveedores y premiemos modelo productivo de salarios bajos frente a la calidad e incorporación de soluciones innovadoras.

Sin embargo, todo hay que decirlo, con un 2% de inversión en I+D+i del PIB, seguiríamos estando a una décima del 3%, que sería lo deseable para España. Países como Corea del Sur o Israel superan la cifra del 4%.

3- La Administración que adopte la CPI, ofrecerá mejores servicios a sus ciudadanos, dado que éste debe ser su objetivo principal. Por el contrario, la práctica habitual de adjudicar sobrevalorando el precio de adquisición inicial, desincentiva a los responsables públicos a actualizarse con las últimas tecnologías disponibles, con una consiguiente descapitalización técnica de la Administración. Además de que “lo barato suele resultar caro”. Necesitamos que el sector público ejerza como cliente inteligente.

4-    Existe financiación europea en determinadas regiones españolas (fondos FEDER), sin embargo, para mí, esta es comparativamente la ventaja menos importante de las cuatro. La Administración debe estar dispuesta a innovar en todo momento, para ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes, que somos los ciudadanos. Si cierra la puerta a mejoras tecnológicas, incurre en una dejación de funciones.

¿Cómo es posible  que la Administración Pública compre soluciones que no existen?

Sin duda redactar pliegos para comprar productos que no existen es algo que debe de horrorizar a más de uno. Una herramienta fundamental son las especificaciones funcionales. Consisten en enunciar las necesidades en términos de finalidad, sin hacer referencia a las posibles soluciones técnicas que las satisfagan, asegura la posibilidad de obtener soluciones competitivas e innovadoras desde la etapa de diseño. La existencia de este tipo de especificaciones permite desarrollar soluciones creativas.

¿Si todo son ventajas por que no está “arrasando” en España la Compra Pública de Innovación?

Mi respuesta a esta pregunta, me la reservaré para mi próximo artículo. Adelanto que, en mi opinión, hay causas de todo tipo y son muchas las barreras a vencer.

Fernando Casado Bonet

Ingeniero de Caminos y Emprendedor Innovador. Presidente de Tecment Tecnología y Gestión Constructiva SL (NIGHTWAY, MATEC-Q), y miembro de la junta directiva del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (IVEFA)