Catalá y Oltra vuelven a chocar por la gestión de los centros de menores

El ayuntamiento de Buñol, gobernado por PSPV y EU, cuestiona la gestión realizada en el centro de menores de esa localidad, y acusan al equipo de Oltra de “incumplir” sus promesas

Nueva polémica en centros de menores, tras los casos vividos hace unos meses entorno a los centros de Segorbe (concertado) y de Monteolivete (público), una  reyerta ocurrida este lunes a las puertas del centro de menores de Buñol en la que se vieron implicados residentes del centro y jóvenes del municipio reavivó la polémica sobre la gestión de los mismo. Y como no podía ser de otra forma, la diputada popular, y ex consellera de Educación, María José Catalá, no desaprovechó la oportunidad para cuestionar la gestión de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, reclamando su comparecencia urgente ante Les Corts. También, desde el ayuntamiento de Buñol se cuestiona la gestión realizada en el centro de su localidad. Desde el Consell no se dudó en desmentir de forma inmediata las acusaciones populares.

Catalá ha calificado de “caos absoluta” la gestión de los centros de menores realizada por Oltra. Según ha explicado, desde Conselleria de Igualdad se adeuda a los centros de menores, y  a las entidades que lo gestionan, cerca de 16 millones de euros, operando muchos de ellos, “sin contrato y prestan el servicio mediante enriquecimiento injusto”, lo que, en opinión de la diputada popular es “una clara irresponsabilidad” y evidencia que “la protección de la infancia es el talón de Aquiles de la vicepresidenta, que solo le preocupan las acciones que le reporte titulares y fotos, mientras no paga a los centros de menores y permite excesos de ratio”.

La diputada del PP ha denunciado que hay centros menores sin contrato desde septiembre de 2016 y que por lo tanto funciona mediante enriquecimiento injusto y sin contrato, como  sucede en los centros, la Villa de Villena, el Centro de reeducación del Cabanyal, Lucentoum en Alicante.

Además, Catalá ha añadido que hay diez centros de reeducación indirecta a los que se les debe 7,5 millones de euros, mientras que  a los centros de protección se les debe 2 millones de euros; a las entidades con conciertos sociales de Valencia, 2,2 millones; 300.000  euros a las de Castellón;  y 4,4 millones a las entidades con concierto de Alicante.

Centro de Menores de Buñol

Respecto a la situación del centro de Buñol, Catalá ha señalado que “es uno de los centros que lleva seis meses sin cobrar, donde han sido trasladados los menores del centro de Monteolivete, a pesar de ser un centro saturado, donde se ha incumplido los compromisos con la población y el consistorio”. En su opinión, “alguien deberá asumir responsabilidades políticas, alguien debe venir y dar explicaciones un año después a la solución que ha sobresaturado la capacidad del centro de Buñol, alguien deberá asumir la falta de personal, los problemas de convivencia y el porqué estaba a un 50% más de su capacidad”.

Denuncia del ayuntamiento

Pero, la diputada del PP no ha sido la única persona que cuestionó ayer la gestión de los centros de menores, el propio ayuntamiento de Buñol, gobernado por Esquerra Unida y el PSPV, junto a independientes, también lo hizo. Así, este miércoles publicó un comunicado responsabilizando de la reyerta del pasado lunes a las decisiones del departamento dirigido por Oltra: “La situación del Centro de Menores cambia radicalmente cuando la Consellería decide que desde el mes de Julio se convierta en un centro de primera acogida en lugar de ser como había sido hasta ahora, un centro de residencia”.

En este sentido, desde la corporación local se ha  citan varia reuniones con la cúpula de la Conselleria, concretamente con el secretario autonómico de Inclusión Social, Alberto Ibañez, y con la directora general de la Infancia y adolescencia, Rosa Molero, responsables de la gestión del Centro, así como con la Directora y Subdirectora del Centro. La última de estas reuniones tras el anuncio del cambio de la situación del centro, en la que estuvieron presentes por parte del ayuntamiento, el anterior alcalde, Rafael Pérez,  (EU) y la actual alcaldesa, Juncal Carrascosa, (PSPV).

En dicha reunión, desde el ayuntamiento se trató de impedir la decisión tomada, y el traslado de menores procedentes del centro de Monteolivete, y que no se comenzase la actividad en el centro hasta el 5 de Septiembre. Pero, según el equipo municipal, “la decisión estaba tomada por su parte y al día siguiente los menores y el personal ocuparon el centro pese a que las obras de remodelación no se habían concluido. Entendemos que de forma precipitada por las deficiencias estructurales que presentaba el centro de Monteolivete, en Valencia, de donde procedían parte de los menores y del personal”.

Desde el equipo municipal se denuncia que todas las medidas prometidas durante estas reuniones “se han incumplido sistemáticamente. A la vez que desde el Gobierno de Buñol se ha ido informado a la Consellería día a día de todas las incidencias sufridas en el centro y de las ha tenido que hacerse cargo la Policía Local de Buñol”

En este sentido, según el comunicado hecho público este miércoles, “el  Centro en el día de ayer tenía 44 menores, casi un 50% más de su capacidad”, y que para los 44 menores que tenía “sólo habían tres monitoras, lo que consideramos es evidentemente insuficiente”.

Además, señala que “la Policía Autonómica que se nos prometió, hasta el día de ayer sólo se ha presentado para el traslado de menores al centro. Y en la tarde/noche de ayer cuando la situación era ya insostenible”.

Finalmente, recuerda el ayuntamiento que el centro que ha sido remodelado y en el que se ha invertido más de 200.000 euros, “sigue presentando problemas de seguridad, tales como que los menores pueden salir fuera de los horarios establecidos saltando desde la parte de atrás”.

Respuesta de la Conselleria

Desde la vicepresidencia no se dudó en contestar tanto al ayuntamiento como al PP-CV. En dicho comunicado, se asegura que “la comunicación y la colaboración hasta ahora ha sido fluida y leal por parte de esta Conselleria”, y que “se trata de niños y niñas que no cuentan con ninguna medida judicial de privación de libertad y que, por tanto, tienen en el centro de Buñol su hogar. Es importante resaltar que no se trata de un centro de internamiento y que la única autoridad competente para adoptar una medida es la judicial”

Asimismo, se afirma que se ha dispuesto para el centro del personal suficiente, tanto de atención a los menores como de seguridad, y que se va a disponer un aumento de la seguridad y vigilancia en el centro en las dos próximas semanas.

En cuanto a los incumplimientos de los que se acusa a la Conselleria, el Ayuntamiento de Buñol es conocedor de las actuaciones que va a realizar y que realiza la Conselleria para dotar al centro de personal de “contención”, agente de igualdad y mediador intercultural, así como de los perfiles de los niños y niñas que son acogidos en el hogar de Buñol.

Por lo que se refiere a la ratio de los menores acogidos, la Conselleria ha procedido entre el martes y el  miércoles al traslado de entre 10 y 15 niños y niñas a otros centros en la Comunitat Valenciana. En este sentido, recuerda que la Conselleria aboga por centros en los que los niños y niñas puedan vivir como si fuera un hogar, lo que conlleva reducir el número de ocupantes y una mejor atención, en comparación con el modelo del anterior gobierno.

Respuesta al PP-CV

Por su parte, la diputada de Compromís, Mònica Àlvaro, no ha dudado en responder a Catalá: “el PP tendría que informarse antes de difamar o simplemente verificar que es un centro de titularidad pública y está cubierto presupuestariamente en todas sus necesidades. Por lo tanto, María José Catalá miente cuando se refiere a la falta de pago”. En este sentido, Álvaro añade que “las incidencias puntuales del centro de menores de Buñol están siendo resueltas de forma rápida y de ninguna manera se repetirán escenas del pasado, de cuando el PP duplicaba el número permitido de menores en los centros y no se les garantizaba una atención mínima por parte del gobierno valenciano”.

Àlvaro, finalmente, ha querido remarcar la falta de financiación por parte del Estado español en materia de bienestar social que perjudican las políticas que desde el Consell se pueden llevar a cabo. “Necesitamos un trato justo para poder atender mejor las necesidades de todo el pueblo valenciano”, ha manifestado.

Además, desde la conselleria sostiene que la deuda con los centros es de 7 millones de euros, menos de la mitad de lo que señalan los populares, que cuentan con datos desactualizados.