El Consell aprueba un nuevo decreto ley para regular el plurilingüismo al alumnado de 3 años

Marzá explica que la norma la seguridad a las familias, respeta sus derechos y evita una nueva matriculación, mientras que la oposición le acusa de burlarse de los tribunales

Se hizo la luz. El pleno del Consell, a propuesta del titular de Educación, Vicent Marzà, ha aprobado este viernes un nuevo decreto ley para regular el plurilingüismo que incluye medidas para cumplir, la suspensión cautelar del anterior decreto, y al mismo tiempo, mantener intacto el objetivo de que los alumnos dominen castellano, valenciano e  inglés. Según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión,  decreto ley “pretende dar seguridad al inicio de curso, poniendo en el centro lo que hay que poner: las familias, los alumnos y el profesorado, dejando de lado las luchas y triquiñuelas partidistas”

Marzá ha hecho hincapié en que que este decreto ley sirve para dejar de lado “a aquellos que han estado intentando generar incerteza, aquellos que han estado intentando poner miedo en el cuerpo, incluso a maestros y profesores, a los que siempre hemos dicho que estuvieran tranquilos, que habría una solución firme, legal y clara y una respuesta a todas sus necesidades, poniendo en el centro a los niños y niñas, que son las que nos preocupan”.

En este sentido, ha explicado que la normativa suspendida únicamente afectaba este curso a los niños y niñas de 2 y3 años, y no al resto de niños que cursan el resto de niveles educativos: “en contra de aquellos que han estado generando una situación de incerteza, el 95% de los alumnos, comprendidos entre los 4 años y el fin de su escolaridad, continuarán haciendo lo que estaban haciendo el año pasado y, por tanto, las familias no tendrán ningún tipo de dificultad. Tampoco la tendrán los que habían matriculado a sus niños y niñas por primera vez y, por tanto, comienzan el curso con tres años”.

Así, el nuevo decreto aprobado este viernes, que tendrá un plazo de 30 días para que Les Corts lo convaliden antes de que comiencen las clases, entrará en vigor este curso 2017-2018, prevé un total de  tres programas lingüísticos que recoge la norma responden a la elección de centro que realizaron las familias en la matriculación de sus hijos e hijas de dos años en aulas experimentales y en Infantil de tres años, y afectará a un total de 1.385 centros educativos.

De esta manera, según explicada la nota informativa repartida por el Consell, “cada escuela sostenida con fondos públicos con aulas experimentales de dos años y aulas de tres años le corresponde uno de los programas establecidos en este decreto ley”.

El Programa plurilingüe A se asigna a los centros que han ofertado en la matrícula del próximo curso en aulas experimentales de dos años y en Infantil de tres años una distribución curricular que contiene entre 16 horas 30 minutos y 18 horas 30 minutos en valenciano; 4 horas en castellano, y de 0 a 2 horas en inglés. Este programa se establecerá en las aulas de dos y de tres años del 54% de los centros educativos.

El Programa plurilingüe B corresponde a los centros que han ofertado entre 8 y 9 horas en valenciano; entre 11 horas 30 minutos y 14 horas y 30 minutos en castellano, y de 0 a 2 horas en inglés. Este programa se establecerá en las aulas de dos y de tres años del 30%de los centros educativos.

El Programa plurilingüe C se asigna a las escuelas que imparten 4 horas en valenciano; entre 16 horas 30 minutos y 18 horas 30 minutos en castellano, y de 0 a 2 horas en inglés. Este programa se establecerá en las aulas de dos y de tres años del 16% de los centros educativos.

Respuesta oposición: un burla a los tribunales

La respuesta de la oposición al decreto no se hizo esperar. Tanto Ciudadanos como el PP-CV no dudaron en criticar y rechazar el nuevo decreto minutos después de su aprobación por el Consell. Desde su Ciudadanos, su portavoz en materia de Educación en Les Corts,  Merche Ventura, no sólo criticó el decreto sino que ha presentado un reprobación parlamentaria contra el conseller “por llevar a la comunidad educativa al caos absoluto y anunciar, a apenas 10 días de empezar el curso, un nuevo decreto ley que solo es un parche a la mala gestión de la Conselleria y una improvisación de última hora tras el varapalo judicial del TSJ”.

Ventura ha acusado al conseller de “ningunear a la justicia” y de generar “deliberadamente” mayor preocupación en padres y docentes: “¿Por qué no se anunció este nuevo decreto ley cuando Marzà habló del supuesto Plan B para el nuevo curso? La respuesta es sencilla: el señor conseller ha preferido perder el tiempo, estar en las fiestas de Morella en lugar de dar una respuesta a la comunidad educativa y, mientras, se resistía a acatar una sentencia judicia”.

La diputada ha asegurado también que “desconfía” de esta nueva normativa “porque todo indica que el curso que viene se repetirá la misma situación de incertidumbre”. En su opinión, “este decreto afecta a los niños de 3 a 5 años, pero también estaba abierto al resto de etapas ¿Qué va a pasar ahora con los centros que en educación primaria optaron por aplicar el anterior decreto? ¿Y quién va a asumir el coste de los libros que los padres ya han comprado y que ahora no van a servir para nada si cambia el modelo en sus centros?”.

Por su parte, la portavoz de educación del PP-CV en Les Corts, Beatriz Gascó, ha señalado que el nuevo decreto ley aprobado hoy “es una vergonzosa triquiñuela sin precedentes para burlar el auto del TSJCV. Marzà se ríe del TSJ con una treta política para eludir las decisiones de los tribunales”.

Gascó ha señalado que “Marzà solo quiere engañar. La prueba evidente de que con este texto no se vuelve al decreto de 2012, y que por tanto desobedece el auto judicial, es que siguen posibilitando que en infantil no se dé ni una sola hora de inglés, cuando el decreto de 2012 recogía un tiempo mínimo de una hora. Es decir, sigue aplicando el decreto del chantaje lingüístico suspendido”.

De igual manera, ha indicado que con este decreto “consigue burlar al TSJCV porque ahora solo puede ser el Gobierno central o la suma de 50 diputados o senadores quienes recurran. El TSJCV incomoda al gobierno valenciano y han buscado la fórmula para que la justicia no entorpezca sus planes de adoctrinamiento. Pero no sólo se ríen de la justicia, también se burlan de toda la comunidad educativa con un texto que nadie conoce. Se ríe de los padres y docentes que han presentado recursos a la norma del chantaje lingüístico además de negar a las familias la posibilidad de poder seguir defendiendo legítimamente sus intereses y derechos”.