El Consell aprueba el decreto ley para gestionar 13,5 millones del IRPF para fines sociales

Se aprueban dos convenios en materia de economía social para el fomento del cooperativismo

El pleno del Consell ha aprobado este viernes un decreto ley por el cual se modifica la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017, con el objetivo de gestionar los 13,5 millones del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) para fines sociales que el Estado ha asignado a la Comunitat Valenciana para el desarrollo de programas de interés general por parte de entidades del tercer sector.

La vicepresidenta, y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior a la reunión,  ha recordado que esta modificación “surge tras la sentencia dictada el pasado mes de enero por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas derivado del programa de asignación tributaria del 0,7% del IRPF”.

“En aplicación de esta sentencia, -ha explicado- el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con el tercer sector y con el acuerdo previo de las autonomías, ha puesto en marcha un nuevo sistema de asignación, basado en la existencia de dos tramos: uno que gestiona la Administración del Estado, y otro que gestionan directamente las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia de servicios sociales”.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la cantidad que gestiona este ejercicio la Generalitat procedente del 0,7% del IRPF, tras el reparto realizado hace unos meses por el Ministerio, asciende a 13,5 millones de euros.

Oltra ha explicado que el Estado “tiene previsto el anticipo al 100% de las subvenciones cuya gestión le corresponde; sin embargo, en el caso de la Comunitat Valenciana la Ley de Hacienda valenciana solo permite de forma general el anticipo del 30% de las subvenciones”.

Así, el decreto ley permite avanzar el cien por cien de las ayudas, ya que lo contrario causaría un gran perjuicio a la ejecución de los referidos programas, que no recibirían la financiación que necesitan, por lo que resulta necesario el mantenimiento del régimen de pago de subvenciones que hasta ahora se ha venido aplicando.

Estas subvenciones tienen por objeto la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asignación del IRPF. En concreto, estas ayudas van destinadas a cubrir las necesidades especificas de asistencia social dirigidas a las personas en situación de pobreza y exclusión social o en situación de especial vulnerabilidad.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas son las entidades del tercer sector de Acción Social que están realizando las actuaciones con estas poblaciones vulnerables, con una continuidad, ya que estas ayudas se publican por el Ministerio anualmente desde hace muchos años; por tanto, no es justo que puedan verse perjudicadas si no se llega a resolver y pagar esta convocatoria de 2017 por un conflicto de competencias entre la Administración del Estado y las CCAA y la tardanza en establecer una solución tras esta sentencia del Tribunal Constitucional por parte del Ministerio.

Subvenciones mediante convenio

Por otra parte, a propuesta de la conselleria e Economía Sostenible, Sectores Productivos, se han aprobado dos convenios en materia de Economía Social, orientados a establecer líneas nominativas en los Presupuestos de la Generalitat. Se trata de una práctica consolidada desde hace años en la administración autonómica, que sustrae partidas de las líneas de ayudas a entidades privadas para generar líneas concretas a las que ninguna entidad puede acceder salvo la objeto de la ayuda.

En este caso se trata de dos ayudas que proceden de las ayudas de apoyo a entidades de apoyo al cooperativismo. La primera para  Unversitat de València para el fomento de la investigación y la formación sobre economía social por 15.000 euros.

Esta colaboración permitirá el desarrollo y mantenimiento del Servicio de Documentación, Alerta y Bases de Datos de la Economía Social del CIDEC-IUDESCOOP, actuaciones de promoción de la investigación y estudios sectoriales de la economía social valenciana y acciones formativas a través de cursos, jornadas, seminarios y conferencias específicas.

Por su parte, el convenio con la de Federación de Cooperativas de Viviendas Valenciana (FECOVI)  se trata de una ayuda para la realización de actividades de estudio, promoción, fomento y difusión del cooperativismo de viviendas y su adaptación a las necesidades actuales. El importe de las ayudas será de 9.000 euros.

FECOVI, dedicará el importe de la subvención a actividades como jornadas para la promoción del cooperativismo de viviendas y su aplicación en el Plan Cabanyal-Canyamelar; difusión del modelo de cooperativas de viviendas para la adaptación energética o de servicios de edificaciones y conjuntos de viviendas; y participación institucional del cooperativismo de viviendas valenciano en los organismos asociativos de ámbito estatal y europeo.

Asimismo, llevará a cabo actuaciones vinculadas a la posible actualización de la legislación valenciana de cooperativas a las necesidades actuales del alojamiento y la vivienda en régimen cooperativo.