Referéndums

Eduardo Echeverría García

<p>Ingeniero de Caminos. Miembro del Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio Climático del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.</p>

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El 18 de febrero de 2007 se aprobó por referéndum el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. El resultado fue una victoria del ‘sí’, con el 87,45% de los votos. El artículo 51 del citado Estatuto regulaba las competencias exclusivas de Andalucía de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Textualmente decía que Andalucía “ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución”. Es decir, los andaluces votaron en referéndum que la comunidad autónoma gestionara el río. Éste fue una de las banderas de una reforma estatutaria que, posteriormente, se convertiría en la primera devolución de competencias autonómicas al Gobierno central, tras la anulación de dicho artículo por parte del Tribunal Constitucional en marzo de 2011, y la posterior sentencia del Supremo por el que se anulaba el Decreto Ley de traspaso de las competencias. Los argumentos tanto del Constitucional como del Supremo aludían al principio de unidad de cuenca. Es decir, la gestión de los recursos hídricos de los ríos no responde a fronteras territoriales, sino a las fronteras naturales. Los gobiernos de Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia recurrieron al Constitucional sosteniendo que la reforma del Estatuto chocaba con la gestión estatal de los ríos en caso de tener cuencas intercomunitarias ( Artículo 149.2.11 de la Constitución).

Como ya conocerá el lector, la lógica consecuencia de esto fue que los andaluces se levantaron en armas. Calles y plazas de Andalucía se llenaron de gente pidiendo el derecho a la autodeterminación del Guadalquivir. En las escuelas andaluzas se enseñó como el maldito estado opresor y centralista había tomado con sus afiladas garras el río Guadalquivir y no le dejaba ser andaluz, como él sin duda quería. Aquel que defendía que la gestión de las cuencas hidrográficas debía ser estatal rápidamente era señalado como traidor y españolista y pasaba al ostracismo (en algún caso hasta le hicieron pintadas en su negocio). La celebración del día de Andalucía se convirtió en  una reivindicación de carácter andaluz del río Guadalquivir. El Presidente de Andalucía afirmo con solemnidad que la culpa era de Madrid por haber tumbado el artículo 51 del Estatuto y el Vicepresidente de Andalucía pidió en varios medios de comunicación, entre sollozos, un nuevo referéndum para preguntar a los andaluces “¿Quiere que el tramo andaluz del Guadalquivir sea gestionado exclusivamente por lo andaluces?”. Las adhesiones de destacados intelectuales andaluces fueron unánimes. Por aquí y por allá se oía “Es España la que desconecta de nosotros”. Cuando algún personaje destacado de la vida cultural andaluza pedía un poco de sentido común automáticamente era tachado de fascista, no importaba que fuera un intelectual de izquierdas que hubiera luchado contra el franquismo. La opresión de los andaluces se convirtió en un hecho tan insoportable que a los pobres no les quedó más remedio que plantearse si no era el momento de marcharse de esa España tan desagradecida que les había robado su río Guadalquivir. En los derbis Betis-Sevilla se cantaba el himno andaluz y cuando el Rey visitaba la ciudad se le abucheaba. ¡Poco era para lo que se merecía ese Rey opresor!

Obviamente en Andalucía no pasó nada de eso. Y la situación, jurídicamente, es la misma que sirvió en Cataluña para crear el follón independentista. El tribunal constitucional anuló una parte concreta del Estatuto de Autonomía que se excedía, a juicio del tribunal, en la asunción de competencias. Por supuesto que hubo andaluces que no estaban de acuerdo y que así lo manifestaron públicamente. Y plantearon los recursos que tenían a su alcance para defender su posicionamiento. Es decir, siguieron los cauces legales. Y lo siguen haciendo. Y es posible que algún día consigan su propósito.

Alguno argumentará que no es lo mismo un hecho puntual como las competencias de un río que la “mutilación” del Estatut realizada por el Constitucional en 2010. Se equivoca. Jurídicamente es exactamente lo mismo y todo el movimiento que ha surgido respecto a este tema llamando a la “desobediencia” no es ni más ni menos que una llamada a desobedecer las instituciones  que nos creamos para darnos seguridad jurídica. Y fuera de la seguridad jurídica, es decir, fuera del Estado d Derecho, reina la ley de la jungla.

Vivimos en uno de los países con más libertad y mejor calidad de vida del mundo. Sólo hay que viajar un poco para comprobarlo. Los eslóganes manejados por una parte de los independentistas catalanes que llaman a la desobediencia alegando “falta de democracia” no se sostienen ante un mínimo análisis serio y contextualizado. Quizá sería bueno que, en medio del marasmo de los últimos días, esta parte de los independentistas que defienden sus ideas desafiando la ley reflexionaran sobre si no es mejor volver a la defensa de sus legítimas aspiraciones en el marco que nos dimos todos y abandonar métodos que nos están avergonzando y debilitando a partes iguales.

Eduardo Echeverría García

Ingeniero de Caminos. Miembro del Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio Climático del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.