El PP-CV defenderá la custodia compartía en su congreso nacional
La presidenta del PP-CV, Isabel Bonig, presentó ayer junto al vicesecretario de Sectorial del PP y coordinador de los trabajos de la Ponencia Social del PP, Javier Maroto, y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, las enmiendas que su partido ha presentado a esta ponencia, ignorando su apuesta inicial por las primarias, asegurando que el partido que el partido saldrá del cónclave con “unos mecanismo de participación más amplios y potentes”
Bonig ha destacado que el PP “debe volver a presentarse ante los ciudadanos como lo que siempre hemos sido, un partido sin complejos, y por eso este va a ser un congreso en el que no se va a rehuir ningún debate. Los afiliados tienen ganas de debatir y buena muestra de ello es el número récord de enmiendas que se han presentado a todas las ponencias, con la aportación ejemplar de las estructuras provinciales de la Comunitat Valenciana”.
En este sentido, ha presentado, como enmiendas estrellas en el ámbito social de su organización al debate popular, la custodia compartida, ya que, según Isabel Bonig una sociedad avanzada “ha de legislar siempre teniendo como base la igualdad de oportunidades. No es concebible que partidos como el PSPV, a cuyos dirigentes se les llena la boca todos los días predicando y sentando doctrina sobre la igualdad, no reconozcan ese principio entre los progenitores”.
Por ello, el texto que defiende el PPCV establece que los menores tienen el derecho a convivir con ambos progenitores, tal y como fue proclamado por la Convención sobre los Derechos del Niño, y tiene como finalidad el mantenimiento de los lazos de afectividad con ambos progenitores y con ello la disminución de la conflictividad entre ambos, además de la corresponsabilidad parental en el cuidado y atención de los hijos y la distribución igualitaria de roles sociales entre hombres y mujeres.
Por otro lado, el PPCV ha presentado una enmienda para establecer un marco normativo común de derechos y servicios sociales que regule las rentas mínimas de inserción, la coordinación socio-sanitaria y los planes de activación para evitar demora en la dependencia “para garantizar a los ciudadanos la prestación de unos servicios sociales adecuados, eficientes y sobre todo de la máxima calidad”.
