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Nueve empresarios pactan con la fiscalía haber financiado el PP a cambio de rebajar sus penas

El próximo 13 de marzo dará comienzo el juicio de la rama valenciana de la Gürtel  vinculado a la financiación del PP. La fiscalía continua trabajando en sus argumentos de cara al mismo. Según ha avanzado hoy la Cadena Ser, hasta un total de nueve empresarios imputados en esta causa han pactado con la fiscalía haber financiado al PP en diversas campañas electorales a cambio de conseguir una rebaja sustancial de sus penas. A cambio de su confesión, la Fiscalía rebajaría la petición de pena para ellos a menos de 2 años de cárcel, con lo que no entrarían en prisión, aunque ese principio de acuerdo está pendiente de firmarse.

Estos empresarios son Vicente Cotino Escribá, Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.  A ellos habría que sumar otros tres ya arrepentidos: Enrique Ortíz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá- que ya rubricaron acuerdos en similares condiciones.

Según la Cadena Ser, todos estos empresarios que habían negado los hechos hasta el momento, ahora admitirían haber abonado 1.,2 millones de euros de forma irregular por servicios electorales que el PP adjudicaba a Orange Market, la marca valenciana de la Gürtel. Para ello, emitían facturas falsas con las que pagaban a Orange Market por trabajos inexistentes. Supuestamente, el PP valenciano pagó desde su caja b otros 2.2 millones a la trama por los eventos de las elecciones bajo sospecha.

Estas empresas, según la denuncia de fiscalía,  contrataban con la Generalitat, al financiar de forma ilegal los comicios del PP, se aseguraban las contrataciones con la administración pública.

En el banquillo los acusados se sentarán el presunto líder de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa; su ‘número dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Junto a ellos, la cúpula del PP-CV durante esos años, Vicente Rambla, y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, a quienes la Fiscalía pide 7 años y 9 meses de cárcel. También se sentarán en el banquillo los excargos del PP David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez.

Casualmente, a los acusados que aún pertenecen al PP, desde la organización se les ha financiado el abogado, filtración que no ha gustado a la actual cúpula regional que está buscando al responsable de la misma.