El TSJCV condena a los cabecillas de Gürtel, junto a 3 funcionarios de la Generalitat y a una ex consellera
- Crespo, Correa y ‘El Bigotes’ son condenados a 13 de años de cárcel por la adjudicación del stand de la Comunitat en Fitur.
- La ex consellera de Turismo, Milagroa Martínez es condenada a 9 años por entender que “amañó contratos”, su jefe de gabinete a seis, y tres funcionarios de la Generalitat a tres años de cárcel”, mientras que la ex consellera Angélica Such ha sido absuelta
- Todos los condenados deberán satisfacer de forma solidaria a la Generalitat 271.636,59 € en concepto de indemnización
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana(TSJCV) dictó sentencia al primer gran juicio de la rama valenciana de trama Gürtel, y dictó un auto ejemplarizante, con condenas de más de 13 años para los cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación y cohecho, y de nueve años para la entonces consellera de Turismo, y ex presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, -por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho pasivo– por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) en favor de la trama Gürtel.
Por el contrario, su sucesora, Ángelica Such, quien siguió la gestión realizada por Milagrosa, ha sido absuelta del delito de prevaricación administrativa, junto a quien fuera jefe del departamento jurídico de la Agencia Valenciana de Turismo.
De igual manera, han sido condenados el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo 6 años, Rafael Betoret, y varios funcionarios de la Generalitat, como exjefe de mercados de la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal, (7 años); ex jefe de promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, Jorge Guarro, (4 años) y la exresponsable de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo, Ana Grau, (3 años)
El resto de condenas se reparte empleado de Gürtel de la siguiente manera: 6 años para la , administradora de empresas de la Gürtel, Isabel Jordán; 4 años y cuatro meses para el consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero; y 3 años para la empleada de empresas de Gürtel; Mónica Magariños.
Además, todos ellos, se les ha inhabilitado para contratar con cualquier administración pública, y además se las ha impuesto a satisfacer de forma solidaria a la Generalitat Valenciana en concepto de indemnización la cantidad de 271.636,59 €, si bien, a Mónica Magariños y Cándido Herrero, en menor cantidad.
Contenido del auto
El Alto Tribunal Valenciano condena a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados “cabecillas” de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios exaltos cargos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.
La Sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.
En la sentencia, notificada este viernes a las partes, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.
El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.
Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.
Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.
Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.
