La Audiencia Provincial de les Illes Balears absuelve a los cinco acusados de la trama valenciana de Nóos

• Luis Lobón, José Manuel Aguilar;  Jorge Vela; Elisa Maldonado y Alfonso Grauhan sido absueltos
• La trama balear concentran la mayor parte de condenas, principalmente, los socios de Nóos, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, condenados a seis y ocho años de prisión, respectivamente, y distintas multas
• El PSPV prácticamente descarta recurrir el auto judicial
• Ver el fallo del tribunal

La Audiencia de Baleares ha absuelto al ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau,  y a los otro cuatro exaltos cargos del PP valenciano –Luis Lobón;  José Manuel Aguilar;  Jorge Vela y Elisa Maldonado– juzgados por favorecer con 3.5 millones de euros de la Generalitat a la entidad dirigida por Iñaki Urdangarín, el Instituto Nóos.

No obstante, la sentencia no deja totalmente satisfecho a Alfonso Grau, pues, el tribunal ha rechazado su petición de condenar al PSPV a pagar las costas del proceso, solicitud no aceptada, por haberse personado como acusación popular. La petición ha sido rechazada, y por lo tanto, los socialistas salen limpios del proceso.

Mediante esta sentencia, la rama valenciana del caso Nóos, cuya acusación popular ejercía el PSPV, que previsiblemente no recurrirá la sentencia, queda absuelta, algo que no sucede con la trama balear, donde la mayoría de acusados han sido condenados, entre los que se encuentra la a Infanta Cristina, condenada a una multa de más de 265.000 euros como responsable a título lucrativo por el caso Nóos, y su esposo, Iñaki Urdangarín, condenado a seis años y 3 meses de cárcel y multa de 512.553 euros.

No obstante, a la Infanta Cristina se la absuelve como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido en los años 2007 y 2008.

De igual manera, han sido condenados con distintas penas otros implicados en la trama balear, como Diego Torres, socio de Urdangarín, junto ael ex presidente balear, Jaume Matas Palou, José Luis Ballester Tuliesa, Gonzalo Bernal García, Juan Carlos Joaquín Alia Pino y Miguel Ángel Bonet Fiol. Todos ellos han sido sancionados con distintas penas de cárcel y multas, si bien, la mayoría de ellos, podrán esquivar la prisión.

Por otra parte, el tribunal ha condenado a la acusación popular ejercida por Manos Limpias a satisfacer el 50 por ciento de las costas del juicio orasal causadas a Ana María Tejeiro Losada y el total de las costas del juicio oral causadas a Cristina de Borbón y Grecia.

Relato de hechos

La Audiencia Provincial de Baleares falla que la contratación de la mercantil  Nóos Consultoría Estratégica, SL (NCE, SL), por parte de la administración Balear, participada al 50% por los acusados, D. Diego Torres Pérez y D. Ignacio Urdangarin, para la realización de la denominada “Oficina del Proyecto” y, de la Asociación Instituto Nóos, para la realización de los eventos denominados “Illes Balears Fórum 2005 y 2006”, se llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y, respondió, a la decisión unilateral del entonces Presidente del Gobierno Balear que adoptó debido a la influencia ejercida por D. Ignacio Urdangarin, concertado con su entonces socio, D. Diego Torres Pérez. Para ello, D. Ignacio Urdangarin se sirvió de la íntima relación de amistad que le unía al recién nombrado Director General de Deportes, D. José Luís Ballester Tuliesa, y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas.

Las decisiones adoptadas por el Presidente del Gobierno Balear, fueron trasladadas por el Sr. Ballester, a D. Juan Carlos Alía Pino (gerente de Ibatur) y, éste a su vez, al asesor jurídico de Ibatur, D. Miguel Ángel Bonet Fiol y, a D. Gonzalo Bernal García (gerente de la Fundación Illesport), quienes, trataron de revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por D. Jaume Matas, simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas en las que se hacían constar reuniones de la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación, que nunca se celebraron. Asimismo la Fundación Illesport se hizo cargo del pago de 174.000 euros que no debía haber satisfecho puesto que tal importe debió ser abonado por la mercantil Abarca Sport, SL y, de la cantidad de 445.000 euros, correspondientes a los servicios relativos al Observatorio y al Plan Estratégico, incluidos en el convenio relativo al evento denominado “Illes Balears Fórum” 2006, que no llegaron a ejecutarse. Esta última cantidad, se abonó como consecuencia de la reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, pese a ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado.

Diego Torres e Ignacio Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades  lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron haber tributado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, defraudando al erario público cantidades superiores a 120.000 euros.

Diego Torres, a través de un entramado societario internacional, radicado en Belice y en el Reino Unido, ocultó la cuota defraudada al erario público, transformándola, para retornarla al circuito legal mediante la realización de sucesivos traspasos de fondos, hasta que acabaron depositados en cuentas su titularidad.

El PSPV descarta recurrir

La portavoz del grupo municipal socialista y responsable del recurso judicial que sentó a Alfonso Grau en el banquillo de Nóos, Sandra Gómez, ha valorado la sentencia del caso Nóos con «total respeto».

Gómez ha dejado entrever que no recurrirán al Supremo, puesto que cuando hay absolución los recursos no suelen prosperar. No obstante, la portavoz socialista ha señalado que «los hechos nos han dado la razón de que la forma de hacer política y la forma de actuar de nuestros gobernantes locales en ese momento poco tenían que ver con los intereses de los valencianos».

En este sentido ha recordado que, más allá de que la Audiencia de Palma considere que los hechos no son suficientes para privar de libertad a los acusados, «lo que está claro es que lo que se desprende de los textos que leímos en la instrucción sí que hay un reproche sobre la forma de actuar y la forma poco ética de gestionar los recursos públicos contratando un evento que nos costó 3 millones de euros a todos los valencianos y que la audiencia cifraba en 300.000 euros».

«Como grupo socialista estamos orgullosos de haber llevado este caso y de haber defendido los intereses de todos los valencianos», ha asegurado Gómez, quien pese a la absolución asegura que el auto pone de manifiesto «cómo gobernaba el PP y las formas de hacer política, porque tenemos que recordar que de este caso vinieron otros como el que ahora se está instruyendo sobre la posible financiación ilegal del PP de la ciudad de Valencia».