62 ayuntamientos reclaman en Valencia una financiación justa para sus municipios
Un total de 62 representantes de ayuntamientos participantes en las Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa, han firmado este viernes la Declaración de Valencia, un documento que incluye diez puntos en los que se plasman las propuestas de reformas del marco legal que permitan un reequilibrio de recursos para la que los ayuntamientos tengan la autonomía financiera que les permita atender las necesidades de la ciudadanía y prestar unos servicios públicos de calidad. Entre los asistentes a las jornadas, se encontraban el alcalde de Elche, Carlos González, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, el alcalde de Elda, y presidente de la Federacioón Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, y el president de la Generalitat, Ximo Puig, entre otros.
“Los gobiernos locales son entes políticos que prestan servicios públicos esenciales desde la proximidad amparados en el principio constitucional de autonomía. Como tales, requieren de un sistema de financiación estable que garantice la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos en el marco de sus competencias al menos al mismo nivel que el resto de los gobiernos territoriales”, se afirma en el primer punto de la Declaración de Valencia elaborada en el marco de las Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa celebradas ayer y hoy en nuestra ciudad.
En la parte final de ese primer punto del decálogo de la Declaración se afirma que “la reforma del sistema de financiación local no puede verse postergad ni supeditada a la reforma del modelo autonómico, sino que debe abordarse conjuntamente en el marco de una reforma global de la financiación del sector público.”
En un segundo apartado se afirma que “El/los sistema/s de financiación local deberá/n combinar la presencia de un espacio fiscal propio con impuestos (propios y compartidos), tasas, precios públicos y, en su caso, contribuciones especiales, que permita a los gobiernos locales ejercer su autonomía y corresponsabilidad fiscal, con un conjunto de transferencias incondicionales (procedentes tanto de la Administración Central, como de las Administraciones Autonómicas) que tengan por objeto cubrir la brecha existente entre las necesidades de gasto estimadas con base a las competencias asumidas y la capacidad fiscal propia que emana de las bases tributarias disponibles”.
La Declaración de Valencia recoge que “la propiedad inmobiliaria, en tanto que base imponible fijada al territorio, debería continuar siendo la base nuclear de la fiscalidad local”, y también plantea que “debería flexibilizarse el número de exenciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales aplicables a este tributo, que erosionen su recaudación”, en clara referencia a la situación actual de la que se benefician algunas confesiones religiosas que no tributan IBI.
Esta declaración, fruto de un profundo descontento del mundo local, según el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerard Pisarello, incluye una petición de que se revisen deberían revisarse “deberían revisarse el resto de los tributos locales vigentes actualmente, al objeto de mejorar su equidad distributiva y la eficiencia de sus objetivos en coordinación con la fiscalidad de las Comunidades”. También se apunta la necesidad d una reforma en profundidad del Impuesto sobre Actividades Económicas, así como que debería combinarse el recurso a las transferencias estatales (la llamada participación en tributos del estado-PIE) con las menos desarrolladas transferencias autonómicas”.
En un apartado relativo al endeudamiento, los representantes municipales reunidos en Valencia en un foro donde han estado presentes alcaldes y concejales de muy diversos partidos, propugnan en la Declaración de Valencia que “la Regla de Gasto se aplique a las entidades locales, (e igualmente al resto de las Administraciones públicas), únicamente en caso de vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, formando parte del conjunto de medidas preventivas y correctivas que la ley contempla para lograr su cumplimiento”.
Desde esa premisa se firma en la declaración que “Propugnamos por ello que las entidades locales que obtengan un resultado de superávit o capacidad de financiación con remanente de tesorería para gastos generales positivo, deberán poder disponer libremente de dicho remanente, siempre y cuando no superen los límites en los niveles de morosidad y deuda financiera que la ley establezca, sin que dicha disposición compute a efectos de cumplimiento del principio de estabilidad Presupuestaria”.
