La Generalitat exigirá el requisito lingüístico a los funcionarios

Los consellers Gabriela Bravo y Vincent Marzà, máximos responsables de los departamentos de la Generalitat con competencia en función pública y política lingüística, han alcanzado un acuerdo con las centrales sindicales  entorno al establecimiento del requisito lingüístico que se exigirá a los funcionarios para trabajar en la administración pública valenciana. Este aspecto era uno de los elementos que bloqueaba el anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana.

Con el acuerdo alcanzado se desbloquea el anteproyecto ley, que había llegado a enfrentar a los dos socios de gobierno (PSPV y Compromís). No obstante, el acuerdo no es definitivo, y está sujeto a la aprobación de un documento previo que regule la competencia lingüística de los funcionarios, y los requisitos por niveles.

Para alcanzar este acuerdo, Bravo y Marzá se han reunido con los dirigentes de las UGT, CCOO e Intersindical, que estaban enfrentadas por esta cuestión con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Posteriormente, la consellera Bravo se ha reunido con los representantes de CSI·F y FSES, dada su condición de organizaciones presentes en la Mesa General de Negociación de la Generalitat para transmitirlis la propuestas

El borrador del anteproyecto establece, en su artículo 61, que para acceder a la Administración de la Generalitat, los aspirantes deberán acreditar «el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes». La nueva normativa prevé, mediante la disposición adicional segunda, que el reglamento que regule el nivel de valenciano exigible para el acceso a la función pública deberá ser aprobado por el Consell en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una vez aprobada por Les Corts.

La elaboración de dicho reglamento es competencia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas, previo informe en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística.

La norma incluye una cautela para el supuesto de que, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley, no se hubiera aprobado por el Consell el referido reglamento. En ese caso, el nivel exigible de los conocimientos de valenciano que habrá de acreditarse para el acceso en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, será el siguiente:

• Para los funcionarios de los grupos A1, A2 y B, se exigirá el certificado C1 (equivalente al Grau Mitjà expedido por la Junta Qualificadora)
• Los funcionarios de los grupos C1 y C2 tendrán que acreditar el certificado B1 y B2, respectivamente (equivalente al Grau Elemental)
• Las agrupaciones profesionales funcionariales tendrán que acreditar el certificado A2 (equivalente al Grau Oral).

Oposición del CSI·F

Sin embargo, el acuerdo no tendrá el respaldo de todos los sindicatos. Ayer, ya se descolgó el primer sindicato. Es el CSI·F  que anunció su rechazo, y que mantendrá su defensa de los empleados públicos frente a la imposición del requisito lingüístico por parte del Consell. Además, el sindicato lamenta la manera de informar de esa imposición por parte de la Administración, que hoy, después de convocar a las fuerzas sindicales más representativas, hace salir de la reunión a CSI·F para “acordar la regulación del requisito lingüístico con otros sindicatos”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) considera que “unos y otros, a escondidas, actúan en contra de los empleados públicos y de la sociedad valenciana”. El sindicato remarca que “la regulación que plantean la Administración y los sindicatos firmantes del acuerdo no recoge la realidad del uso del valenciano en la comunidad, que no es homogéneo”.

El sindicato avisa que “ese acuerdo no garantiza la igualdad de oportunidades, tal como admite una parte de la propia comisión de expertos creada por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para el estudio de la modificación de la Ley de la Función Pública Valenciana en el informe que han elaborado”.