En defensa de los valencianos

Si usted tuviera que operarse a vida o muerte ¿Preferiría que le operase el mejor cirujano disponible o un cirujano que, sin ser tan bueno, hablase valenciano correctamente? La respuesta parece obvia: todos querríamos que nos operase el médico con más garantías de salvarnos la vida.

En esta respuesta también está de acuerdo la Generalitat Valenciana. Me explico: en el borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana presentado el 21 de febrero a varios sindicatos se determina el requisito lingüístico como condición indispensable para trabajar en la Administración autonómica. Así, a los funcionarios del grupo A1, A2 y B se les exigirá un certificado C1 (el antiguo Mitjà); y a los funcionarios del C1 y el C2, los certificados B1 y B2, respectivamente (equivalentes al elemental). Pero, y de aquí viene mi afirmación anterior,  este asunto se hace una excepción para el personal sanitario. Así, se indica que «excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, y en garantía de los servicios públicos, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada», se podrá contratar a trabajadores, aunque no «con carácter definitivo» siempre que medie «un informe que debe establecer la vigencia y la extensión de la exención mencionada”.

¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente dos cosas. En primer lugar, y hablando en plata, que los “padres” de la medida no se la van a jugar a que la falta de personal sanitario ponga en riesgo la salud de ningún valenciano. Ahí probablemente habrá que darle las gracias a Carmen Montón, la Consellera de Sanitat, que habrá intentando poner algo de sentido común en semejante desatino. En segundo lugar que, desafortunadamente, en el resto de las profesiones no vamos a correr la misma suerte. Así, por ejemplo, si usted es un ingeniero de caminos con un curriculum impresionante, conocedor de la legislación necesaria para superar una oposición y bilingüe en castellano e inglés pero no en valenciano, ni se moleste en presentarse. Incluso aunque sepa y entienda el valenciano, si no lo tiene acreditado tampoco se presente. Ya no está capacitado para ser funcionario de la Generalitat Valenciana.

Personalmente me parece lógico que los conocimientos de valenciano sumen puntuación (mérito) para acceder a una plaza de funcionario en la Comunitat Valenciana. El valenciano es una lengua cooficial y parece justo que el opositor que acredite conocimientos de esta lengua y del castellano tenga una puntuación adicional que premie ese conocimiento. Pero de ahí a excluir a quien no acredite conocimientos en valenciano va un trecho. Y un trecho que roza la inconstitucionalidad entre otras cosas.

Puede parecer a priori que los que pierden con esta discriminación son los candidatos castellanohablantes. Pero no es así. Perdemos todos los valencianos, porque usar como forma de exclusión aspectos no relacionados con el desempeño directo del puesto hace que lógicamente el número de candidatos se reduzca y, con ello, la calidad de los aspirantes a un empleo público. Como decía al principio de la columna, los que han articulado esta medida lo saben y por eso han puesto un “parche” para el caso particular a la sanidad. Pero parece que en el resto de profesiones les da igual. Y eso va en detrimento de los servicios que recibiremos todos los valencianos. Espero que prime el sentido común y la medida se modifique. Es un anteproyecto, todavía estamos a tiempo.