El poder de las políticas de Contratación Pública de bienes y servicios

Esta semana ha sido noticia, el monumental enfado de muchas autonomías, especialmente la Comunidad Valenciana, ante la publicación de la inversión estatal por habitante. Considero que el tema ya ha sido suficientemente tratado por otros compañeros y no quisiera entrar en discusiones, sobre si la equidad del reparto debe basarse exclusivamente en criterios de población residente, u otros aspectos adicionales como son la presencia de población no residente, la extensión territorial, dispersión de núcleos urbanos o incluso la orografía y la condición insular.

Evidentemente, todos somos conscientes del peso de determinadas decisiones relacionadas con el gasto público, no solo para los ciudadanos, sino para las empresas de un determinado territorio. Son muchas las compañías que cuentan con la Administración Pública como principal cliente, y hay bastantes más (principalmente Pymes), que dependen de las primeras.

La Administración Pública tiene, por lo tanto, una enorme responsabilidad a la hora de usar una potente herramienta como es la contratación pública de bienes y servicios, por su enorme peso en la economía, y su efecto transmisor que alcanza hasta las Pymes.

En este contexto, existen dos casos extremos a la hora de gestionar este dinero público destinado a la adquisición de bienes y servicios:

1. Visión cortoplacista. La Administración Pública puede “aprovechar” momentos en los que existe un exceso de capacidad (oferta) para conseguir mejores precios para cubrir sus necesidades. Sin embargo, este modelo no es sostenible en la mayoría de los casos. Por mi actividad profesional, voy a poner dos ejemplos que conozco bien:

1. Servicios de Ingeniería de proyectos de obra civil: Cuando la administración contratante basa sus adjudicaciones exclusivamente en el precio, ello se traduce en una merma de calidad en los proyectos, se genera tanto precariedad laboral como empresarial, lo que acarrea la desaparición de empresas y la expulsión del sector de los profesionales más cualificados y de mayor experiencia. Por si fuera poco, estos “malos proyectos adjudicados al más barato” son fuente de conflicto una vez se ejecutan las obras, generando sobrecostes, o incluso los errores de diseño se traducen en ineficiencias funcionales, o bien se corrigen pagando un alto coste, o perduran durante toda la vida útil de la construcción. En definitiva lo “barato sale caro a la larga”.Solucionar esta ineficiencia no es difícil, al menos sobre el papel. Dado que los servicios de ingeniería constituyen una actividad fundamentalmente intelectual, favorezcamos la adjudicación de estos contratos a los que mejores, los que mejor solvencia técnica ofrezcan, frente a los que revientan el mercado empleando la precariedad laboral, subcontratación en economía sumergida, etc.
2. Obras de construcción: La inversión pública en infraestructuras es de nuevo la cenicienta del Presupuesto del Estado del 2017, tomemos nota de que ha caído en un 77% desde que empezó la crisis. Análogamente al caso anterior de la ingeniería, la escasez de trabajo, ha conducido a los contratistas a ofertar sus servicios de construcción a precios cada vez menores. Para un contratista, que ya no puede recurrir a un proyecto modificado (palabra tabú), si un trabajo le cuesta 10 pero lo tiene que ejecutar por 6, ¿estará ganando la sociedad un diferencial de 4 puntos?.

Obviamente NO, o bien ejecutará su trabajo por valor de 7, explotando a sus trabajadores y esquilmando a sus proveedores, o bien ejecutará algo que le cueste 5, perdiendo los ciudadanos un 50%. Suele darse la circunstancia, de que obras ejecutadas con menor calidad, tienen mayores costes de mantenimiento, repitiéndose el lema anterior de que “lo barato sale caro”.

En definitiva, la Administración Pública no será un cliente inteligente sino exige calidad frente al bajo precio de adquisición de una determinada infraestructura. En contra de lo que piensan algunos gestores públicos, este sistema basado en “lo más barato posible” no favorece el acceso de la Pymes a contratos públicos, sino justamente todo lo contrario, tampoco favorece la innovación, ni la sostenibilidad, ni el ciclo de vida, ni la economía circular etc. Hablo con conocimiento de causa, como fabricante de materiales de construcción avanzados.

En definitiva, en ambos casos, esta política cortoplacista es poco eficiente, especialmente si nos preocupa de verdad la competitividad empresarial no basada en salarios bajos, empleos precarios o productos de bajo valor añadido, tal y como afirman nuestros políticos.

2. Eficiencia social de la Contratación Pública: En las antípodas de lo citado hasta ahora, se encuentran las herramientas políticas de contratación pública que desarrollaré en futuros artículos: la Compra Pública de Innovación (CPI) y la Compra Pública Verde (CPV). En estos casos, a la Contratación Pública se le atribuye un carácter de política estratégica, permitiendo el crecimiento de las Pymes, apoyando la comercialización de la innovación empresarial. Más que una visión economicista, se pone el acento en la idea de la «eficiencia social».