Los Presupuestos Generales del Estado
Una vez presentados los Presupuestos Generales del Estado, los profesionales de la construcción tenemos otra vez motivos para temblar. Otro año más, las exigencias de cumplir el déficit por parte de Europa maniatan la inversión en obra pública. El sector de la construcción volverá a estar en la nevera un año más, por lo menos en cuanto a obra pública se refiere. El panorama sigue siendo desolador, con obras paradas o que jamás se iniciarán, compañías presentando suspensión de pagos (la última Isolux Corsan hace unos pocos días) y compañeros ingenieros tremendamente valiosos sin futuro en la España actual. Por no hablar del mantenimiento de infraestructuras. Las partidas destinadas al mismo siguen siendo raquíticas, y este hecho en un país eminentemente turístico como el nuestro no se puede pasar por alto.
Desde la presentación de los PGE muchas comunidades autónomas han puesto el grito en el cielo, destacando Andalucía y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PSOE. Pero no es un tema meramente adscrito a gobiernos de izquierdas o derechas. Hasta en la Galicia del prudente Feijoo se ha puesto “bajo vigilancia” al Ministro de la Serna. Volviendo al caso de Valencia, hoy mismo en El Mundo Ximo Puig publica un artículo de opinión que bajo el título “Una rebelión justificada”, responde a una editorial del viernes pasado del citado periódico donde se criticaba la reacción de las Comunidades Autónomas a este asunto. El artículo está bien redactado (se nota el pasado como periodista del señor Puig), y pone el dedo en la llaga sobre una verdad incuestionable como es que la comunidad valenciana recibe menos dinero per cápita que el promedio de las regiones españolas. Pero no entra en el “mea culpa” del sistema autonómico. Y ahí habría que entrar para plantearse algunas cosas.
Partiendo de que los recursos existentes son limitados, deberían revisarse algunos conceptos que forman parte del tinglado autonómico que cuestan muchísimo dinero al contribuyente y que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en el sistema de Sanidad. Es cuanto menos chocante que si te tienen que atender en un centro de salud de una comunidad autonómica diferente a la que estás empadronado, aunque sea en una estancia puntual, te hagan una tarjeta sanitaria de “desplazado”. ¿Desplazado de qué? ¿Acaso los impuestos no son para toda España? Por no hablar del disparate que ha supuesto tener diferentes calendarios de vacunación en cada comunidad autónoma. ¿En qué cabeza cabe? Partiendo de que es un planteamiento correcto gestionar la sanidad desde las comunidades autónomas por aquello de la proximidad, se ha llegado al esperpento. Y estos son sólo algunos ejemplos. Con la educación pasa otro tanto. En los colegios se enseña una historia diferente según en la Comunidad Autónoma en la que se esté. Y no es que se cambien los hechos (de momento, aunque poco queda para que lleguemos a ello), sino que se analizan desde el sesgo ideológico o la corriente nacionalista del lugar. Y esto no es de ahora. Cuando un servidor estudiaba en la EGB, allá por los años ochenta, ya observaba en los libros de texto pequeñas píldoras de adoctrinamiento nacionalista. Y digo pequeñas porque actualmente con el Sr. Marzá en su apogeo, en el Conselleria de Educación se destinan importantes sumas de dinero a una política lingüística cuyo objetivo principal es intimidar al castellanohablante. No me lo invento. Busquen las noticias al respecto.
Existe en el universo de las autonomías, en definitiva, toda una colección de entes, observatorios, chiringuitos varios con duplicación de servicios, que, partiendo de la buena intención inicial (concedamos el beneficio de la duda) de adaptar los servicios prestados al ciudadano a la realidad de cada comunidad autónoma, se han convertido en una carga adicional para el erario público sin poca o ninguna contraprestación a cambio para el ciudadano. Incluso en casos como el del señor Marzá se usa para buscar la confrontación entre ciudadanos. Ojo que este señor no es el único y ni de lejos esta la única comunidad autonómica donde esto pasa. Pero es un caso paradigmático del uso de los dineros de todos con fines cuanto menos discutibles.
El resultado de esta política autonómica es que, y esto también viene de lejos, ha generado diecisiete monstruos que exigen y se alzan en armas cuando los presupuestos no satisfacen sus pretensiones. A esto se refería de forma explícita el editorial del viernes de El Mundo “Una rebelión injustificada”. En su respuesta de hoy Ximo Puig se refiere con acierto a la falta de inversiones en la comunidad valenciana. Los dos tienen razón. La pregunta es ¿Para cuándo un plan de racionalización y optimización de los servicios públicos que permita disponer de más dinero para las infraestructuras que hacen falta?.
