La nueva ley urbanística del Consel regularizará todas edificaciones si se adaptan a la norma
El Consell ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), que regula el urbanismo a nivel autonómico, y donde se prevé hacer una transformación y actualización de toda la legislación anterior, tratando de regularizar la mayoría de las edificaciones rurales diseminadas siempre que cumpla una normativa específica.
Al menos, así lo explicó la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell al asegurar que la nueva ley, con la que «marcamos un nuevo tiempo». Y ello, supondrá una transformación importante de todos los procesos anteriores. Entre las novedades, según explicó se pretende “dar solución a los problemas urbanísticos heredados del PP”, entre ellos, destacó las cerca de 400.000 viviendas y edificaciones diseminadas en el territorio, que ni se han regularizado ni se han derribado.
En este sentido, la ley dará la oportunidad de salvar todas esas viviendas, si se someten a un proceso de regularización y realizan una serie de adaptaciones, entre ellas, si se dotan de las instalaciones sanitarias mínimas, así como de un plan de minimización del impacto ambiental.
Esta ley, según la consellera, permitirá que el urbanismo valenciano sea “más transparente, más participativo, más seguro y fiable, que son las premisas imprescindibles para un nuevo modelo económico y productivo que busca este Gobierno»-
Entre otras aspectos, la nueva ley elimina la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) y establece la regulación de los nuevos Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible (PIES), en los que la participación de las instituciones públicas va a ser más intensa que en la figura anterior, y donde el carácter excepcional de esta figura se traduce en requisitos de gestión y de utilización adecuada de los instrumentos urbanísticos.
En este sentido, la aprobación de los Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible (PIES) exigirán la audiencia previa de los ayuntamientos, la elaboración de un informe de impacto ambiental, y su sometimiento a Les Corts con el objetivo de reducir polémica y fomentar la implicación política.
Refuerzo de las mancomunidades
Por otra parte, el Consell según ha explicado la vicepresidenta, Mónica Oltra, también ha aprobado el proyecto de Ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, que plantea un nuevo modelo de mancomunidad «al considerar a estas entidades como el eje central de las políticas locales».
La nueva ley refuerza los mecanismos de cooperación entre las administraciones locales y fomenta la integración y concentración voluntaria de servicios públicos que prestan los ayuntamientos.
Partidismo con la financiación
En otro orden de cosas, Mónica Oltra ha acusado al gobierno central de realizar “partidismo” con la financiación autonómica. La vicepresidenta ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser cuestionada por el cupo vasco. Así, ha asegurado que la preocupación del Consell se centra “en cómo el Gobierno de España entiende que se ha de distribuir la financiación entre las comunidades autónomas: una postura arbitraria, partidista y oportunista para aprobar los Presupuestos Generales del Estado».
Para Oltra «la financiación de las comunidades autónomas no puede ser una cuestión que se decida en función del partidismo o la necesidad de aprobar un presupuesto», sino por «los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos», en referencia al apoyo del PNV que precisa el Ejecutivo de Mariano Rajoy para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.
A este respecto, Oltra ha aclarado que «a nosotros, como Consell, no nos van a meter en una guerra entre territorios», pero «sí que tenemos que manifestar nuestro profundo rechazo a cómo se están tomando las decisiones de la distribución de la financiación entre los diferentes territorios de España».
La vicepresidenta ha insistido, además, en que con el dinero que se va a dar al País Vasco, en la Comunitat Valenciana «tendríamos 12.000 millones de euros más en el presupuesto. Es decir, unos 2.600 euros por cada valenciano. Si descontamos el servicio de la deuda, que son unos 4.000 millones, casi sería doblar el presupuesto que tenemos».
Castor
Por otro lado, preguntada por la resolución del Gobierno de no reabrir Castor por el «riesgo elevado de nuevos movimientos sísmicos”, la vicepresidenta ha denunciado que éste «es otro de los empastres del Gobierno y del PP».
En este sentido, Oltra ha apuntado que “no sé si ayer (el jueves) Montoro, cuando hablaba de borrachera de gasto, se refería a Castor que nos ha costado 1.700 millones en la indemnización que en su día se le pagó a la empresa de Florentino Pérez». En su opinión, «esto sí que es un gasto inútil, un despilfarro que, desde luego, a la empresa de Florentino Pérez le ha venido muy bien. Es el dinero tirado o, mejor dicho, enterrado debajo del mar, con el peligro que conlleva».
