El Consell privatizará la gestión de Feria Valencia, pero se reserva su control
El pleno de Consell, celebrado este viernes en las instalaciones de Feria Valencia con motivo de su centenario, empezó a abordar, entre otros asuntos, el futuro de la entidad comercial que arrastra una deuda de más de 1.000 millones de euros. Dicha deuda tendrá que ser asumida por la Generalitat, según lo estudiado este viernes, mientras que la gestión se privatizará, aunque el ejecutivo se reservará su control.
Así, lo anunció el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno valenciano, en donde explicó que se está trabajando en la puesta en marcha de un nuevo protocolo de gestión público-privada, en el que el Consell tendrá el «control» de la sociedad gestora a la que se incorporará el capital de los sectores locales tradicionalmente vinculados al recinto.
El objetivo, según ha precisado, es que la suma de la participación del Consell y la de las «empresas valencianas» sea mayor que la de los potenciales socios tecnológicos, de manera que el ejecutivo se reserve el 51% de la sociedad para garantizarse el control de la misma, “para que no nos puede pasar como ahora con la deuda».
No obstante, Climent ha precisado que además de los porcentajes de reparto entre socios también está pendiente la firma del protocolo de intenciones por parte de todas las partes implicadas: Generalitat, Ayuntamiento y el patronato de Feria Valencia, donde “un porcentaje importante de empresas valenciana ha de estar en feria y decidiendo».
Climent ha explicado que uno de los primeros pasos será la asunción de la deuda de Feria Valencia por parte de la Generalitat, para lo cual Hacienda aprobará un decreto ley de asunción de la deuda que deberá ser convalidado posteriormente por las Corts.
El protocolo de intenciones, que será rubricado formalmente en un acto que tendrá lugar una vez el Ayuntamiento de Valencia y Feria Valencia lo ratifiquen en sus órganos respectivos, fija los compromisos asumidos por todas las partes y las etapas del proceso, especifica la Generalitat.
Según el mismo, establece que el Ayuntamiento de Valencia rescatará la concesión actual, sin que ello suponga indemnización para la actual institución ferial que, en virtud de este acuerdo, renunciará a cualquier derecho indemnizatorio.
Acto seguido, el Ayuntamiento cederá la gestión de la infraestructura a la Generalitat Valenciana mediante una concesión demanial de forma gratuita por espacio de 75 años, el máximo legal permitido, a cambio de que el Gobierno valenciano se comprometa a conservar la infraestructura en perfecto estado de funcionamiento.
Como resultado del proceso, la Generalitat gestionará la actividad ferial desarrollada en la infraestructura mediante una sociedad, en régimen de colaboración público-privada, y de la mano de uno o varios socios tecnológicos escogidos mediante un proceso de diálogo competitivo con especialistas del sector.
La cesión de la actividad al operador resultante del proceso desencadenará la disolución del actual Patronato de Feria Valencia, que se compromete a continuar desarrollando la gestión del recinto durante el periodo transitorio, así como a garantizar que el rescate de la concesión actual de la entidad ferial no genere derechos indemnizatorios.
Ley para atraer inversiones
Por otra parte, también en materia economía, uno de los aspectos donde el actual ejecutivo lleva más retraso, el pleno del Consell ayer dio luz verde al anteproyecto de Ley de Creación del Punto de Atención a la Inversión, que pretende habilitar los mecanismos legales adecuados y las medidas administrativas necesarias para favorecer los procesos de inversión de las empresas, mediante la simplificación de trámites; la eliminación de trabas administrativas y la reducción de plazos para facilitar la iniciativa empresarial.
Dicha texto, según Rafael Climent pretende «crear un entorno adecuado que impulse las inversiones y la creación de empleo en nuestra comunidad», en concreto de aquellos proyectos «que tengan un interés económico, laboral, medioambiental y/o social».
Para ello, se pretende crear una serie de mecanismos que den garantías a inversiones, especialmente aquellas consideradas como “ proyectos vip», es decir, aquellos que sean sostenibles, y que tras su aprobación se constituirá una comisión técnica integrada por responsables del ayuntamiento, donde se vaya a ubicar la inversión, de la Generalitat y de la empresa, donde se irá informando del proceso consolidación de la inversión.
Rescate gestión del Ágora
En otro orden de cosas, el Consell ha autorizado el acuerdo de resolución parcial, por mutuo acuerdo de las partes, del contrato suscrito el 10 de junio de 2015 entre Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., y Avanqua Oceanogràfic-Àgora, S.L. para la gestión y explotación de los edificios e instalaciones del Oceanogràfic y del Àgora, así como el apoyo para la dinamización de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Este preacuerdo prevé la devolución del edificio y de las instalaciones del Àgora, por parte de la sociedad operadora, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del contrato, y se fija el abono a Avanqua de 2,5 millones de euros en concepto de indemnización, por parte de CACSA, a la sociedad operadora, en concepto de lucro cesante.
De esta manera, el Consell recupera el edificio del Àgora y su explotación para poder cederlo posteriormente a la Obra Social de La Caixa para la instalación de un Caixaforum, cuyas obras de adaptación están previstas que comiencen a finales de mes, y durante aproximadamente un año.
Potenciar las policías locales
Finalmente, el Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, que será remitido a Les Corts para su tramitación definitiva. Según la portavoz del Consell, Mónica Oltra, el objetivo de esta ley «es potenciar las policías locales en el sistema de seguridad y resaltar su carácter preventivo y asistencial en la resolución de conflictos como policía de proximidad que dé respuesta a las demandas de las personas».
Oltra ha resaltado la apuesta de esta ley por la igualdad de sexos al realizar un “esfuerzo para incorporar a las mujeres en la Policía Local, con una reserva del 30% de las plazas». Además, la ley se adapta a los nuevos conceptos de seguridad asistencial “alejados de los viejos conceptos coercitivos y punitivos».
