El Consell aprueba un nuevo modelo de centro de menores con 602 plazas más
El ejecutivo modifica el decreto para el reconocimiento de la dependencia
Tras el revuelo de los últimos días por el mal estado de centros como Moteolivete o Segorbe, el pleno del Consell, en su reunión de este viernes, ha querido dar un golpe de timón, con la contratación de 602 plazas de atención residencial más para niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela de la Generalitat. Según explicó la portavoz del Consell, Mónica Oltra, el nuevo modelo supone la reducción del ratio de profesionales por persona usuaria un 61%.
La contratación del servicio para la puesta a disposición de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de esta plazas, responde al nuevo modelo de atención en centros de acogimiento infantil que, además del refuerzo de los equipos de contratación, prevé un incremento del precio plaza que pasará de una horquilla de entre 57,07 y 148,46 euros en función del centro, a otra que oscilará entre los 137,27 y los 236,79 euros, lo que supone un incremento de entre el 27 y el 101 por ciento.
El nuevo modelo de atención residencial, según la vicepresidanta, y portavoz del Consell, Mónica Oltra, “tiene como prioridad ofrecer una atención más individualizada y personalizada a las niñas y niños del sistema de protección de la Generalitat, favoreciendo que los centros tengan una concepción lo más similar a un hogar”.
Así, el nuevo modelo contempla reducir el número de plazas en los distintos centros, de manera que los de recepción, que son aquellos que realizan una primera acogida de las niñas y niños en situación de desamparo, no podrán superar las 30 plazas, y los de protección estarán limitados a 24.
En este sentido, explicó que el nuevo modelo supondrá la contratación de 410 nuevos profesionales al cuidado de los menores, y una inversión de casi 37 millones de euros para un periodo de doce meses.
La contratación del servicio se realizará por procedimiento abierto, por un periodo máximo de 12 meses, por un importe de 40.690.772,32 euros (IVA incluido) y prorrogable otro año más por otros 40.690.772,32 euros.
Aumento del 26,8% de inversión
La inversión en el nuevo modelo, implica un aumento del 26,8 por ciento respecto al modelo anterior, lo que permitirá, entre otras cuestiones, la contratación de 410 nuevos profesionales, con una bajada del ratio del 61 por ciento, pasando de 1,05 profesional por niña o niño atendido a 1,70, y la inclusión de nuevos perfiles profesionales como los mediadores interculturales o las técnicas o técnicos de igualdad de género.
Estos contratos permitirán asegurar a la Conselleria de Igualdad la disponibilidad de plazas para el ejercicio de la medida de acogimiento residencial de menores cuya tutela o guarda ejerce, y la atención integral de menores cuando no es posible o adecuado el acogimiento familiar.
El objetivo del nuevo modelo se centra en impulsar un cambio de estrategia que permita el desarrollo de un modelo de atención inclusiva, comunitaria, donde la persona menor de edad sea lo importante, mediante una respuesta individual a los daños emocionales que genera el desamparo, a través de la mejora de los recursos humanos y de las infraestructuras.
Más profesionales para valorar la dependencia
Por otra parte, el Consell también aprobó el decreto por el que se establece el procedimiento de reconocimiento del grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas. Según Oltra, se e se trata de un «decreto pionero en España que unifica la normativa autonómica que existía sobre esta materia».
De igual manera, la vicepresidenta ha hecho especial hincapié en que el nuevo decreto agiliza los trámites de las valoraciones, que podrán ser realizadas por el personal con titulación social o sanitaria que cuente con la acreditación necesaria para hacerlo. Esta modificación permitirá pasar de 17 a más de 400 profesionales solo en el ámbito de los servicios municipales.
Entre otras novedades, el decreto regula por primera vez el procedimiento de revisión del grado de dependencia y los traslados entre comunidades autónomas, que hasta ahora no se habían contemplado en ninguna normativa. Se contempla la prestación vinculada a la garantía, que se ofrecerá en los casos en los que no se disponga de plaza pública adecuada al grado de dependencia, y se amplía la prestación económica de asistencia personal a aquellas personas que no estudian ni trabajan, requisito que hasta ahora era necesario.
