Puig defiende el decreto de plurilingüismo al contar con el aval del Ministerio más allá de otros recursos

Bonig acusa al ejecutivo de chantajear a los ciudadanos, mientras que Marzá desvela que Fiscalía da la razón al Consell

El decreto sobre plurilingüismo continua generando debates. Este jueves volvió a acaparar la sesión de control al ejecutivo.  Durante la misma, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido la legalidad del decreto de plurilingüismo del Consell al contar con informes jurídicos que lo avalan, y  ha mostrado su “confianza” de que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sea «favorable» acusando al PP de querer «arrinconar el valenciano» .

Según ha explicado, el TSJCV ha aplicado una suspensión sin escuchar a las partes para posteriormente decidir sobre el fondo del asunto y confía en que la resolución sea favorable porque cuenta con los informes positivos de la Abogacía, el Consell Jurídic Consultiu y, «aunque no le guste, el aval del Ministerio», ya que «si hubiera visto que había un problema de derecho hubiera recurrido y no lo ha hecho».

Isabel Bonig ha preguntado a Puig si el Consell va a cumplir los «tres varapalos judiciales al decreto de chantaje lingüístico» en referencia a la suspensión cautelar ordenada tras las solicitudes de la Diputación de Alicante, la Asociación para la defensa del castellano en la Comunidad Valenciana y el sindicado USOCV, y le ha recordado que tanto el PP como el Ministerio de Educación «le vigilarán para que cumpla la suspensión».

La ‘popular’ ha insistido en que el decreto supone una discriminación a la enseñanza en castellano, no cuenta con el aval del Ministerio de Educación y ha generado un «caos» en el proceso de matriculación y los centros «no saben qué planes aplicar». Por ello, ha preguntado si se van a dar instrucciones concretas a los centros en este sentido.

Puig ha asegurado que «hablar castellano no es de derechas ni de izquierdas y las cifras dicen que todos los valencianos lo podemos y lo hacemos; hablar valenciano no es de derechas ni de izquierdas pero lamentablemente muchos valencianos no dominan su lengua cooficial y hablar inglés no es de derechas o de izquierdas pero ha sido más difícil para la mayoría de los valencianos que no podían pagarse una escuela privada».

De igual manera, ha asegurado que este Consell «ha cumplido, cumple y cumplirá las sentencias judiciales» y le ha recordado otras a la síndica del PP, como las que dan la razón a la Generalitat en las becas universitarias o los conciertos educativos. Además, ha insistido en que el decreto de plurilingüismo es «la respuesta a su fracaso de 20 años» tras los cuales «sólo el 6% de los niños tienen capacitación en inglés y sólo el 36% domina el valenciano».

Asimismo, se ha preguntado por qué los ‘populares’ no quieren «que los niños sepan inglés, castellano y valenciano», asegurando que «en ese afán de radicalidad» han superado incluso a Manuel Fraga, quien aprobó un plan por el que se impartía en gallego el 50% de la docencia.

La Fiscalía con el Consell

Por su parte, según el conseller de Educación, Vicent Marzà, la Fiscalía considera que el decreto de plurilingüismo «no lesiona ningún derecho fundamental», ya que «no se prohíbe ni se excluye» la enseñanza en castellano «ni se impone» la del valenciano, y tampoco «se limita ni restringe la libre elección de centro».

Así, consta en el informe de la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dentro del procedimiento de protección de derechos fundamentales interpuesto por el sindicato CSIF contra la Conselleria de Educación,  según explicó el conseller.

Regulación apartamentos turísticos

Por otra parte, a preguntas de Compromís, el jefe del Consell ha avanzado que  en los próximos meses convocará una cumbre sobre vivienda y turismo que permita abordar «desde todas las miradas» la regulación y ordenación de los apartamentos turísticos ilegales. A ese encuentro -ha agregado- se invitará a participar a municipios, empresariado, asociaciones vecinales y plataformas.

Puig ha expuesto las medidas que se incluyen en la política de regulación y ordenación de los apartamentos turísticos ilegales que la Generalitat, a través de la Agència Valenciana del Turisme, está llevando a cabo. En concreto, ha indicado que el anteproyecto de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana prevé, por un lado, «el registro legal de los apartamentos turísticos para dar seguridad al cliente ante el fraude» y, por otro, «un endurecimiento de las sanciones a aquellas plataformas que cometan fraude, que subirán de 30.000 a 600.000 euros».

Sanidad y Patrimonio forestal

Finalmente, a iniciativa de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podem ha tenido que dar cuenta sobre la gestión del ejecutivo en materia de sanidad pública y patrimonio forestal y extinción de incendios, donde tanto la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, como el de Podem, Antonio Montiel, han criticado la excesiva lentitud en la gestión de ambas materias.

Sánchez, ha asegurado que “este Consell ha conseguido la peor nota a nivel nacional en atención sanitaria por su mala gestión y su nula planificación”, ya que “incumple 27 de los 37 indicadores del informe creado por la propia Conselleria de Sanidad para valorar la calidad del sistema público”, y ha lamentado que  “en 2016, solo se ha ejecutado un 60 por ciento del total del presupuesto”.

Por su parte, el portavoz de Podem ha lamentado que en dos años “apenas se la haya puesto una política de prevención de incendios forestales, tras veinte años se in ninguna acción en esta materia”, y ha reivindicado