Les Corts aplazan a septiembre la reforma de la Sindicatura de Cuentas

El tripartito rechaza la enmienda a la totalidad del PP contra la ley de memoria histórica

La reforma de la ley de la Sindicatura de Cuentas, cuyo debate definitivo estaba previsto para este pleno, se aplazará hasta el mes de septiembre con la  excusa de aumentar el consenso (necesita tres quintos de la cámara, es decir, 60 diputados), aunque prácticamente  el acuerdo para llevarla adelante está cerrado entre PSPV-PSOE, Compromís, Podem y Ciudadanos, si bien, este último ha solicitado el aplazamiento para aclarar alguna duda legal que tenía, así por los cambios surgidos en el grupo tras la marcha de los cuatro diputados díscolos, que se han estrenado hoy como no adscritos.

El dictamen de la comisión que debía haberse votado este miércoles contaba con algunas enmiendas vivas como la Podem, que no se consiguió pactar previamente, y  permitía reprobar al síndic sin haber finalizado su mandato, ya que  debían ser ratificados a los tres años de su nombramiento mediante una votación mayoritaria de las tres quintas partes de los miembros de las Corts. La otra gran enmienda, que se estaba cerrando, era la de la multa coercitiva a los ayuntamiento que no aportaba a la Sindicatura la información adecuada. La enmienda se estaba negociando, y tras el documento consensuado entre todos los organismos fiscalizadores, se pretende actualizar el contenido.

Así, el portavoz de Podem, Antonio Montiel,  ha explicado que «los cuatro grupos más interesados en la reforma de la Sindicatura de Comptes han acordado ampliar el plazo para seguir negociando transacciones». El aplazamiento se ha pedido, según ha dicho, para incorporar el acuerdo del pasado 21 de junio de todos los tribunales de cuentas del Estado con propuestas a las comunidades para agilizar la rendición de cuentas de las entidades locales, aumentando las acciones coercitivas.

En una línea, muy similar se pronunció el diputado de Ciudadanos, Tony Woodward , que explicó que es «un tema suficientemente importante como para debatirlo con responsabilidad y más tiempo» por lo que ha propuesto la creación de una mesa de trabajo con todos los grupos para conseguir el consenso.

Desde Compromís, el diputado Jordi Juan ha defendido que en una ley «importantísima» como esta lo fundamental es «la calidad y no las prisas» y ha remarcado que la propia Sindicatura ha realizado nuevas aportaciones que hay que sentarse a valorar «con tranquilidad» porque, además, «no hay necesidad imperiosa de que entre hoy en el ordenamiento».

Por su parte, la portavoz del PP-CV, Isabel Bonig, entiende que se ha aplazado  «porque no llegan a la mayoría a pesar de los cuatro ex de Ciudadanos, si de aquí a septiembre alguno más abandona», ya que la reforma requiere de una mayoría de tres quintos, es decir, 60 diputados a los que, sin el apoyo de Ciudadanos, no llegan, “salvo que se vaya otro diputado”.

Memoria histórica

Por otra parte, el pleno de Les Corts ha rechazado, con los votos del PSPV, Compromís, Podemos y los cuatro ex diputados de Ciudadanos, devolver al Consell el proyecto de ley de Memoria democrática y por la convivencia de la Comunitat, como pedía el PP en una enmienda de totalidad en la que Ciudadanos se ha abstenido.

El proyecto de ley ha sido presentado por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha asegura que se trata de  «una oportunidad para construir un relato común y compartido, desde el acuerdo, que dé respuesta a las víctimas y proclame el derecho a la justicia, a la memoria y a la reparación y reconocimiento de las víctimas».

Bravo ha pedido «generosidad», que se mire al pasado para mejorar el presente y se cierren todas las heridas que «aún cuestionan la calidad democrática de este país», y ha propuesto «concordia y reconciliación» sobre las bases de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Esta ley, según ha señalado, contempla que la Generalitat asumirá el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo, crea el Instituto de Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, y prohíbe la exhibición pública de símbolos contrarios a la memoria democrática.

La enmienda de totalidad ha sido defendida por el diputado del PP, Luis Santamaría, para quien este texto pretende ser una ley de memoria «selectiva», trata de «imponer una verdad única y sesgada» y solo sirve para «cuestionar la Transición Española», una «deslealtad que el PP no va a cometer».

Santamaría ha afirmado que  la ley ni hace referencia a «los abusos y barbaridades del Frente Popular» y «se olvida de la memoria de determinados colectivos» en referencia a los represaliados por sus creencias religiosas, a las víctimas de las checas y a los fusilados en zona republicana. En una de las réplicas, ha llegado a comparar al Frente Popular con la gestión de Joan Ribó, recordando que “pusieron a las calles nombres como los de Máximo Gorki, UGT o Pablo Iglesias, como hace Joan Ribó”.

No obstante, ha indicado no cuestionar el derecho de las víctimas de la represión a enterrar a sus seres queridos, ni tienen problema en que se difundan todos los documentos para un conocimiento completo de la historia, pero en esta ley «se han dejado a la mitad»  

La diputada de Podem, Llum Quiñonero, ha considerado que esta es una ley «floja», pero la van a «robustecer», y ha reprochado al PP que «aún defienda la Dictadura sin sonrojo» y les haya acusado de carecer de «compromiso con las libertades por apoyar al régimen de Maduro».

La socialista Mercedes Caballero ha asegurado que esta es una ley «respetuosa, integrada» y dirigida a avanzar en los principios y valores democráticos, que busca además «cumplir la deuda» que existe con todas las víctimas, y que no se hace «contra nadie, sino para alguien».

Caballero ha aseverado que la enmienda de totalidad del PP «no tiene sentido alguno», y la ha atribuido a que el grupo popular «no quiere una ley de memoria democrática y de convivencia, ni nada que avance en los derechos de los valencianos», ni que la Comunitat «pague su deuda», para lo que usan «excusas de mal pagador».

La diputada de Compromís, Marian Campello, ha indicado que esta enmienda de totalidad se dedica a «difamar y acusar de inconstitucionalidad» al Consell, y ha considerado que el problema del PP no es con «la memoria, sino con la democrática», y con la «reescritura de la historia».

La diputada de Ciudadanos, Rosa García, ha indicado que están comprometidos con la memoria histórica, pero hay cuestiones de este texto «que pueden revivir enfrentamientos pasados» y no está justificada la creación del Instituto Valenciano de Memoria Democrática, y ha instado al PP a pedirles perdón por decir que están veraneando.

De igual manera, se han pronunciado en contra de la enmienda de totalidad los ex diputados de Ciudadanos, Alberto García, David de Miguel y Alexis Marí, que ha indicado que esta ley es «útil para la reconciliación», y solo quienes quieren «esconder la verdad y la memoria» pueden oponerse a ella.

Contra la violencia infantil

Por otra parte, los cinco grupos parlamentarios, a propuesta de Ciudadanos han exigido al Consell la elaboración de “un plan estratégico de formación para la prevención y la detección de los casos de maltrato en la infancia y la adolescencia, una investigación sobre la violencia contra los niños en la Comunitat Valenciana, una reestructuración  interna para mejorar la atención, la adopción de medidas de carácter integral y la realización de campañas de sensibilización”.

Según portavoz adjunta de Ciudadanos, Merche Ventura, este plan es necesario ya que “en la Comunitat Valenciana de 2010 a 2014, los episodios notificados de maltrato infantil casi se han duplicado de los 465 a los 842, según datos de la Conselleria de Sanidad; y los casos de acoso escolar han aumentado un 80 por ciento en 2016”.