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El TSJCV anula decretos del Consell que dejaban sin efecto el copago farmacéutico y ortoprotésico

El PP-CV exige responsabilidades al ejecutivo por la sentencia, y pide la dimisión de la consellera Montoro

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad de los decretos de copago a personas con diversidad funcional y pensionistas del Consell porque no fijan los presupuestos económicos que deben tener los posibles beneficiarios.

Así, se extrae de la sentencia del 16 de junio de la sección quinta de la Sala de lo contencioso administrativo, facilitada hoy por el TSJCV, se declara la nulidad de los decretos del Consell 239 y 240/2015, de 29 de diciembre, al estimar el recurso presentado por el Estado.

La Sala considera que en los dos decretos, que anulaban el copago establecido por el Gobierno, «no se extrae» como consecuencia que los beneficiarios de las ayudas se hallen en todo caso ante una situación de necesidad, que «deberá derivarse» de los medios económicos que posean.

De igual manera, sostiene que los decretos deberían fijar los presupuestos económicos que deben poseer las personas con diversidad funcional y los pensionistas para acceder a la subvención. Al no haberlo hecho así, añade la sentencia, «se incumple el mandato constitucional y se desvirtúa la finalidad de las subvenciones que aquellas normas establecen».

La Administración del Estado, en su recurso, consideraba que los decretos pretenden dejar sin efecto una norma estatal que regula el copago farmacéutico y ortoprotésico, lo que a su juicio implica una desviación de poder.

Sin embargo, la Sala asegura que los decretos no suponen una desviación de poder porque, al amparo de la competencia autonómica, se persigue que las personas en situación de desamparo requieran una actuación protectora para atender unas necesidades que no están cubiertas por la Seguridad Social en el actual contexto normativo.

Por su parte, la  Generalitat argumentó que nada impide que las comunidades autónomas con competencia en materia de asistencia social otorguen ayudas a personas con prestaciones asistenciales de la Seguridad Social y se encuentren en situación de desempleo, como son los discapacitados o pensionistas, según indica el texto de la sentencia.

El fallo judicial impone las costas a las partes demandadas -la Generalitat y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana-, que se fijan en un máximo de 3.000 euros.

Recurso del Consell

A pesar del fallo judicial, desde el Consell se anuncia recurso del Consell contra la sentencia. Así, lo anunció el conseller de Transparencia, Manuel Alcara,  que ejercía este viernes de portavoz al estar la vicepresidenta, Mónica Oltra, de viaje oficial en oriente medio, aseguró que «la sentencia no es firme y se está preparando recurso de casación. Existen cuestiones técnicas que llevan a esa suspensión y nosotros como siempre acatamos la sentencia».

De igual manera, aseguró que las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico están plenamente vigentes.  Además, ha explicado que la sentencia no afecta en ningún caso a las ayudas del 2016 ni a las actuales del año 2017, que seguirán concediéndose con total normalidad.

Dimisión de la Montón

Desde el PP-CV se tardó 24 horas en valorar la sentencia. Lo hizó el coordinador de Política Social del grupo parlamentario popular , José Juan Zaplana, que considera que la consellera Montón está desautorizada por los tribunales, y por lo tanto,  «debería dimitir por dignidad tras la sentencia del TSJCV por el copago. Ha generado expectativas a las personas más desfavorecidas de la sociedad solo para obtener rédito electoral. Son la improvisación y las ansias partidistas de Montón lo que ha provocado esta sentencia que declara la nulidad de los decretos de copago a personas con diversidad funcional y pensionistas del Consell porque no fijan los presupuestos económicos que deben tener los posibles beneficiarios”.
Zaplana ha señalado que “son los tribunales y no el PP quienes han dictaminado que el Consell aprueba normas ilegales. La consellera no se mueve por criterios de gestión directa sino por motivos electorales que es por lo que sacó esta norma en vísperas de las generales de diciembre de 2015”.
El diputado popular se ha preguntado “qué va a suceder ahora, porque aunque Puig intente salir al rescate de Montón, nadie puede garantizar qué va a pasar ahora por haber aprobado una norma ilegal. En Montón todo es mala gestión e improvisación que repercute directamente en perjuicio de las personas más desfavorecidas. No pueden echar la culpa de sus chapuzas al PP o al gobierno central por aprobar algo ilegal”.
De igual manera, ha explicado que Montón “intentó eliminar el copago en diciembre de 2015 para incorporarlo en el presupuesto de 2016 en la ley de acompañamiento. Pero el CJC advirtió de la ilegalidad y había elecciones generales por lo que se vio obligada a improvisar y aprobarlo como subvención y con el criterio de universalidad. Desde el PP siempre hemos mantenido que las ayudas tiene que ser con carácter progresivo. La improvisación y el interés de Montón de sacar adelante ese copago para que le diera puntos en un futuro gobierno de Sanchez, le llevó a un decreto sin madurar y evidentemente ilegal”.