La comisión de expertos presenta un informe al Gobierno con abundantes discrepancias entre ellos mismos
El informe rechaza las quitas de la deuda que defiende el representante valenciano en su votos particular
El informe de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica será entregado este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a partir de ahí comenzará a debatirse a nivel político-técnico. El documento, avanzado este martes por Cinco Días, está compuesto por 165 páginas, de las que 65 corresponde al informe consensuado, y el resto unas 75 páginas corresponden a los votos particulares de los expertos aportados por las comunidades autónomas. Es decir, buena parte de las propuestas realizadas han sido enmendadas por los propios ponentes de forma particular. Hasta 9 votos partidos, que prácticamente representan a todas las comunidades autónomas, lo que evidencia la dificultad de un acuerdo entre los 21 miembros de la comisión. De hecho, algunos expertos han presentado hasta dos votos particulares en alianza con otros expertos según el interés de la comunidad a la que representan.
De estos nueve votos particulares, uno corresponde exclusivamente valenciano, Francisco Pérez, designado por Les Corts, se refiere a las quitas de la deuda, tal y como han exigido en más de una ocasión las administraciones valencianas, y que el informe la rechaza. Pérez, en su voto particular argumenta que el endeudamiento de las comunidades autónomas se debe a la insuficiencia de recursos por prestar servicios públicos básicos.
Según expone experto, la deuda de la Comunitat Valenciana ha pasado de los 16.113 millones del año 2009 hasta los 44.658 del 2016. De esta deuda, en opinión de Pérez, unos 26.000 millones que corresponden al hecho de que el actual sistema de financiación no garantiza suficientes fondos para hacer frente a los gastos de sanidad, educación y dependencia, y otros, 6.875 millones corresponden a la infrafinanciación.
Sin embargo, la mayoría de los expertos de la comisión rechaza la quita de la deuda porque «generaría incentivos perversos de cara al futuro y sería injusto para las comunidades que han cumplido en mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal». Defienden una «reestructuración» de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado y su regreso progresivo a los mercados, es decir, una ampliación de los plazos de carencia y una rebaja de los tipos de interés.
Un aspecto del informe positivo para la Comunitat Valenciana es el hecho de que los expertos abogan por eliminar el statu quo vigente de las comunidades autónomas que en un momento dado obtuvieron mejor cobertura de sus competencias, de forma que esta mayor financiación per cápita, que beneficia a autonomías como Cantabria, Extremadura, Aragón, Galicia, La Rioja o Castilla y León, se perpetúa en el tiempo de forma injustificada.
De esta manera, la comisión considera necesario «eliminar» la cláusula de statu quo, aunque recomienda que ninguna comunidad pierda recursos en términos absolutos, proponiendo na eliminación paulatina del statu quo para mitigar sus efectos y limitar la pérdida de recursos.
En el texto consensuado de los expertos en cuanto al IVA proponen fijar un tramo autonómico, una medida que genera problemas, de forma que las comunidades autónomas puedan proponer y decidir sobre hipotéticas subidas de este impuesto a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También se propone la armonización del impuesto de sucesiones con el objetivo de evitar las diferencias actuales, igual que en el de patrimonio, aunque permitiendo que haya autonomías, como Madrid, que no lo apliquen.
En cuanto al principio de ordinalidad, que supone que los mecanismos de solidaridad aproximen unas comunidades a otras, se plantea un fondo básico de financiación, formado por los fondos propios y cedidos de las comunidades, y un fondo de nivelación vertical, nutrido con aportaciones del Estado y que se repartiría con el objetivo de reducir la desigualda entre autonomías.
Finalmente, se plantea la necesidad recalcular el cupo vasco y la aportación navarra de una manera más justa y favorable para el conjunto de España, planteando que las comunidades forales comiencen “a contribuir, de forma inmediata, a la nivelación interterritorial».
