Les Corts convalidan el decreto ley de plurilingüismo en un debate marcado por el partidismo y la crispación
La iniciativa contó el voto contrario del PP, la ausencia de Ciudadanos, que duda su constitucionalidad y las críticas del Podem aunque respaldo la iniciativa.
Se cumplieron las previsiones, y el debate para la convalidación del decreto ley de plurilingüismo, aplicable únicamente en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (aulas de 3 años), y en las unidades de Infantil de 2 años, derribó en una discusión marcada por la crispación y las directrices y estrategias políticas de las distintas fuerzas parlamentarias.
Se trataba este viernes de dar cobertura legal al nuevo decreto ley de plurilingüismo que únicamente afectará este curso 2017-18 al primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (las aulas de 3 años), y en las unidades de Infantil de 2 años. Con este decreto desde el Consell se pretende dar cobertura a la suspensión cautelar, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) del decreto anterior que regulaba la aplicación de un nuevo programa de plurilingüismo que debía empezar a aplicarse este curso en primero de Infantil. Dicho programa permitía a la finalización de la enseñanza obligatoria y no obligatoria al alumnado salir con un determinado nivel intermedio (B-2) de inglés si éste cursaba el itinerario con más horas de valenciano. Este itinerario es lo que ha sido recurrido a los tribunales. La argucia legal desde la Conselleria es iniciar su aplicación en el curso que tocaba sin explicar el final del proceso. De esta manera, se inicia la aplicación del decreto en el curso que tocaba, que además es enseñanza no obligatoria, pero fuera del contexto global del programa.
El nuevo texto, que obtiene rango de ley, está blindado ante la oposición autonómica, pues, solo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, por parte del Gobierno, 50 diputados o senadores o el Defensor del Pueblo.
Así cosas el debate fue más político que educativo, y, aunque se hablaba del interés del alumnado, cada partido fijaba sus postulados e intereses ideológicos y partidistas, y su resultado fue así, refrendado con los votos de las tres fuerzas que integran el Pacte del Botànic, si bien, Podem a través de su nuevo portavoz adjunto, César Jiménez, no dudó en criticar la estrategia de la Conselleria por entender que “se ha cogido el camino equivocado” al apurar los plazos y no tener previsto los previsibles recursos de las fuerzas de la derecha “en lugar de preparar un itinerario más seguro. Los partidos de la oposición se plantaron frente al decreto el PP-CV votó en contra, mientras que Ciudadanos se salió del hemiciclo en el momento de la votación para no participar al tener dudas de la constitucionalidad del decreto ley.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha defendido ante el pleno la necesidad de elaborar este decreto ley para «garantizar el inicio de curso con normalidad y respetar las decisiones de los padres sin tener que repetir la matrícula», insistiendo en que «no hay confrontación» con el TSJCV afirmando que: «los jueces son profesionales y respetamos su trabajo». Además, se ha otorgado el respaldo de la comunidad educativa, Según dijo, «tres cuartas partes de los centros han optado por niveles avanzados de plurilingüismo porque no querían seguir en un modelo fracasado como el de 2012 del PP». Y visualizó este apoyo con la presencia de colectivos en la tribuna de invitados partidarios del nuevo sistema plurilingüe.
La oposición no dudó en endurecer el debate enzarzándose en un duro debate con descalificaciones y reproches y donde se han vivido numerosas interrupciones y peticiones de palabra para réplicas por alusiones personales, referencias al proceso independentista catalán,…, incluso alguna descalificación personal, especialmente, por parte del PP-CV. Su portavoz en materia educativa, Beatriz Gascó, auguró poco futuro al decreto, por entender que «tiene visos de inconstitucionalidad al vulnerar derechos fundamentales como la libertad o la igualdad», ya que se ha elaborado «para tomar el pelo al TSJ», calificándolo como un ataque a la división de poderes.
Defendió el decreto realizado por el Consell del PP-CV, donde Gascó era directiva de la Conselleria de Educación, y que puso los cimientos de actual situación, creando un sistema de claros y oscuros: «vuelvan ustedes al decreto de 2012 como les ha ordenado el TSJCV» haciendo una mayor interpretación de las instrucciones judiciales que únicamente suspenden el decreto de manera cautelar. De hecho, la situación heredada fue la excusa tanto del conseller como de los portavoces del PSPV y Compromís para defender el decreto.
La diputada de Ciudadanos Merche Ventura, de ha calificado el decreto ley de «mordaza» y ha acusado al Consell de «trampear» al TSJCV. Por este motivo, desde esta fuerza política se ha dudado la constitucionalidad del texto legal y no se ha querido participar en la votación del mismo.
El portavoz socialista, Manolo Mata, ha lamentado que se acumulen «veinte años de fracaso escolar» y ha justificó el decreto en la filosofía Mercadona: «Cuando Juan Roig dice que hay que primar la cultura del esfuerzo estamos todos de acuerdo, y quien se esfuerza tiene derecho a una acreditación, porque no es fácil, porque compromete a toda la familia», en alusión a la parte del decreto ley (las acreditaciones) que está siendo objeto de controversia jurídica.
Por su parte, el diputado de Compromís, Josep Nadal, ha centrado sus ataques en el PP-CV a quien ha responsabilizado del decreto: «estamos aquí porque el PP utiliza el Gobierno y la Diputación de Alicante como arietes contra el Consell», en referencia al recurso del ente provincial que provocó la suspensión cautelar del primer decreto. Y ha defendido el decreto, » por los derechos de las familias castellanohablantes a aprender valenciano». Este derecho, también lo ha argumentado el portavoz de Podem, Antonio Estañ, en una alusión a los populares, quien ha señalado que “yo no hablo valenciano porque soy consecuencia política de exención lingüística del PP en la Vega Baja”
Los ex diputados de Ciudadanos, ahora no adscritos, Domingo Rojo y Alberto García, que se han abstenido, han calificado la política educativa y lingüística del Consell como “caótica” y “partidista” favoreciendo por poco el aprendizaje de las lenguas.
