El Gobierno propone al Senado destituir a Puigdemont y a todo su Govern
Tal y como acordó el bloque constitucionalista se abre un plazo máximo de medio año para convocar elecciones
Se cumplió lo previsto, y el gobierno central acordó este sábado la aplicación del artículo 155, según lo acordado con las otras fuerzas constitucionalistas como son el PSOE y Ciudadanos. Así, lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este sábado en rueda de prensa convocada para explicar las medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, entre ellas, la más destacada es la solicitud al Senado, como cámara de representación territorial, la autorización para destituir a todos los miembros del gobierno catalán.
De igual manera, la propuesta del ejecutivo central al Senado solicita que el parlamento catalán no pueda designar candidatos, ni votar la investidura de otro presidente tras la destitución de Carles Puigdemont, abriéndose un plazo de medio año para convocar las elecciones.
Tras la reunión del consejo de ministros, Rajoy ha explicado este sábado las medidas más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155. Entre ellas, propone al Senado asumir él la facultad de disolver el parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses. En este punto, Rajoy ha expresado su voluntad de hacerlo «tan pronto como se recupere la normalidad institucional».
También pedirá, con el fin de «proteger el interés general de la nación» que se autorice al Gobierno a cesar al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno.
Las funciones serán asumidas por el órgano que cree o designe el Gobierno de la nación y, en principio, serán asumidas por los Ministerios.
En cuanto al parlamento catalán, el Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar un debate y votación de investidura. Tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña –que corresponderá al Senado–, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En cualquier caso, Rajoy ha aclarado que «no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña; se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto». Es decir, se recupera el autogobierno «para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no solo los independentistas».
En el acuerdo, también se refleja que el Gobierno central pasará a tener el control de los Mossos d’Esquadra, que incluso podrán ser sustituidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se autoriza al ejecutivo central la potestad de intervenir los medios de comunicación públicos como TV3.
Emprobrecimiento de Cataluña
De igual manera, se ha referido expresamente a las consecuencias económicas que este proceso puede tener para Cataluña porque «los últimos datos que conocemos son preocupantes». Según ha anunciado, más de 1.000 empresas ya han trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña y, además, se han «desincentivado las inversiones» y se ha «desmotivado el turismo».
En este sentido, ha pedido a las empresas que no dejen Cataluña porque «podemos estar tranquilos porque esto se arreglará y sin más daño para nadie».
Además, Rajoy ha explicado lo que ocurriría «si Cataluña se independiza». Entre otras cosas, ha añadido, «abandonaría la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio», perdería «todas las facilidades que da el Banco Central Europeo», habría un problema «grave de contracción del crédito» y «se produciría una inflación desproporcionada con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión». Según ha señalado, «todo esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña entre el 25 y el 30% del PIB».