El Gobierno recurre las leyes valencianas de vivienda social y pobreza energética
El ejecutivo central abre un nuevo frente contra dos leyes sociales impulsadas por el Consell, mientras la consellera de vivienda advierte que se ataca el derecho de los valencianos a tener una vivienda digna
El Gobierno de España, según ha anunciado su portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, ha acordado este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional dos de las leyes sociales aprobadas por el actual Consell de la Generalitat como son la ley valenciana de Función Social de la Vivienda y la de Pobreza Energética por entender que se trata de dos asuntos de “competencia estatal”, y por lo tanto, el gobierno valenciano ha legislado sobre un aspecto que no le corresponde.
En el caso del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Generalitat Valenciana, del 3 de febrero de 2017, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana, que, el gobierno central negociando con el Consell dentro de una comisión bilateral, se pide la anulación del artículo 3 de la misma, que regula la declaración de un hogar en situación de vulnerabilidad social, en cuyo caso determina un procedimiento previo al corte de suministro.
Dicha declaración, el Gobierno de España la hace en virtud a la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2016 que afirmó la preferencia de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, recogidas en el artículo 149.1.13ª y 25ª de la Constitución Española, que reservan al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
La Ley autonómica, en su artículo 3, establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro. Además, incide sobre el régimen económico del sistema energético al mantener el suministro sin retribución del suministrador, y regular los plazos de aplicación, las comunicaciones a realizar antes del corte de suministro, los consumidores a los que no se les podrá cortar el suministro, etcétera, en términos distintos a los establecidos por la normativa estatal básica en materia de energía (electricidad y gas), y no así en relación con el suministro de agua, que no se ve afectado por la impugnación.
Ley de Función Social de la Vivienda
De igual manera, Consejo de Ministros ha aprobado otro acuerdo por el que se acuerda presentar otra un recurso de inconstitucionalidad en relación con los artículos 5.3 (letra b); 6.1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relación exclusivamente con el suministro de gas y electricidad, (apartados 1, 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II, de la Ley valenciana del 3 de febrero de 2017 por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.
Esta Leytiene por objeto regular el derecho a disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunidad Valenciana. Según el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, “los preceptos objeto de impugnación incurren en extralimitación competencial y, por tanto, invaden las competencias estatales” en materia de régimen del derecho de propiedad (art. 149.1.1ª de la Constitución Española, en relación con el art. 33 de la Constitución), de legislación procesal y civil (149.1.6ª y 8ª de la Constitución), «bases de la ordenación de crédito, banca y seguros» y «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» (artículos 149.1.11ª y 13ª de la Constitución, respectivamente).
La impugnación se produce con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos mencionados.
Ataque al derecho de los valencianos a favor de una vivienda digna
Ante este recurso, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha lamentado el «ataque directo del Gobierno de Rajoy al derecho de los valencianos a una vivienda digna, un derecho fundamental reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española, además de estar también en la Declaración Universal de Derechos Humanos».
Salvador ha criticado que «mientras el Gobierno valenciano de Ximo Puig apuesta por reconocer y dar derechos a los valencianos, el Ejecutivo de Rajoy ataca cada uno de los pasos dados para avanzar en el estado de bienestar y se queda de brazos cruzados actuando como el ‘perro del hortelano’ porque ni legisla ni deja legislar». Es más, ha recordado que mientras el Gobierno central no legisle «estará incumpliendo el artículo 47 de la Constitución de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada y están impidiendo a las autonomías como la valenciana que tenemos una sensibilidad especial defender este derecho».
De hecho, ha advertido de que el Ejecutivo central alega que esta materia es una competencia exclusiva del Estado pero «ni ha aprobado una verdadera Ley de Segunda Oportunidad ni legisla de manera eficaz para garantizar los derechos sociales, como el derecho al acceso a la vivienda para los colectivos más necesitados» y, sin embargo, «se dedica a tumbar los pasos que las autonomías estamos dando en esta dirección».
Por otra parte, la consellera ha mostrado su «sorpresa y estupor» por la falta de «lealtad institucional ya que no hemos recibido ninguna comunicación oficial del Gobierno», es más, ha recordado que después de la Comisión Bilateral que mantuvieron la Generalitat y el Ministerio el pasado 5 de octubre, los responsables de la Conselleria estaban a la espera de recibir un escrito del Ministerio con una propuesta de texto alternativo para algunos de los artículos de la ley.
