El Consell crea a ‘SATAN’, un sistema de alertas anticorrupción
Aprueba el anteproyecto que vigilará posibles malas prácticas en la administración valenciana y el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social
El pleno del Consell, en su sesión de este viernes, el anteproyecto de ley de la Generalitat, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. Según ha explicado el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, el Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN), cuyo no es definitivo, “nace con el objetivo de detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, así como tratar de corregirlas, y es el sistema más moderno de España y probablemente uno de los mejores de Europa”
El sistema, que ha sido desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia, ha costado 55.000 euros, y, según ha explicado el conseller, pretende “la prevención de las malas prácticas por medio del control de las distintas bases de datos de la administración autonómica, que se cruzarán para detectar posibles irregularidades para corregirlas y evitar que se puedan producir casos de Corrupción”.
Alcaraz ha explicado que se trata de “avanzar un paso más en la estrategia de fortalecimiento de los instrumentos de control que mejore los niveles de integridad de la administración y propicie una actuación acorde al cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia».
De igual manera, ha explicado, la herramienta forma parte del anteproyecto aprobado este viernes por el Consell que «regulará, por primera vez, con una norma con rango de Ley, la Inspección General de Servicios, que hasta ahora se rige por un decreto, ya que afecta a garantías de derechos fundamentales».
En este sentido, Alcaraz ha hecho hincapié en la importancia de que la Inspección General de Servicios «esté bien regulada para que funcione bien», puesto que es «la primera barrera de autocontrol que tiene la Administración autonómica para combatir las corruptelas que pueden acabar convirtiéndose en corrupción», y ha recordado también que este organismo «estaba infravalorado por el anterior Consell y se había reducido solo a tres funcionarios; ahora contamos con 15 y queremos aumentarlo hasta 20», ha explicado.
Regulación de la cobertura sanitaria a toda la ciudadanía
Entre otros asuntos, el Consell también ha dado el visto bueno al decreto por el que se desarrolla el Decreto-ley 3/2015, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta, y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha recordado que el decreto ley aprobado por el Consell en 2015 «pretendía dar cobertura sanitaria a la ciudadanía que se vio desprovista de asistencia sanitaria por la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, promovido por el Gobierno de Mariano Rajoy».
El decreto aprobado por el Consell facilita la labor de los agentes, profesionales, personal funcionario y personas solicitantes, que intervienen en los procesos de acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana; se agiliza la tramitación y se reducen los plazos administrativos, «con el fin de garantizar los principios de equidad e igualdad en el acceso a la sanidad», ha asegurado Oltra.
El nuevo decreto distingue dos procedimientos: el aplicable a la situación general, para asegurar el acceso a la sanidad de personas no aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud; y el especial derivado de situaciones especiales, como personas españolas que han vuelto o que están de forma temporal en la comunidad; menores extranjeros no residentes; personas refugiadas, etc.
El Plan Valenciano de Inclusión consolida un nuevo modelo social
El Consell también ha aprobado el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2020 (Plan VICS). Según la vicepresidenta, y también titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, este plan «pretende dar una respuesta integral y coordinada para consolidar un nuevo modelo de políticas sociales basadas en el respeto a la dignidad humana y a sus derechos fundamentales a lo largo de todo el ciclo vital».
A este respecto, Oltra ha señalado que «nos encontramos ante una situación de emergencia social, con un importante aumento de las situaciones de empobrecimiento y de exclusión desde 2007».
«Aunque las cifras de empobrecimiento severo se han reducido, un 80% de los niños y niñas que nacen en un entorno empobrecido serán personas adultas empobrecidas», ha asegurado la vicepresidenta, quien ha incidido en que esta situación «empeoraba con las políticas de austeridad del anterior Gobierno del Partido Popular, que desmantelaban los servicios públicos y recortaban derechos sociales».
El Plan VICS se organiza en torno a seis líneas estratégicas principales, de las que se derivan objetivos generales que se materializan en 486 acciones concretas: Inclusión sociolaboral; Garantía de prestaciones; Garantía de protección de derechos; Garantía de equidad territorial y cohesión social; Protección a la infancia; y Lucha contra la feminización del empobrecimiento.
Cambios en el Consell
Respecto a posibles cambios en el Consell, a consecuencias de las relaciones existentes en la Conselleria de Economía Sostenible, la portavoz del Consell ha sido tajante: “todo funciona correctamente y no hay previsión de ningún cambio”.
De esta manera, Oltra salía al paso ante las informaciones recogidas por medios de comunicación, entre ellos, Mediterráneo Press, sobre la intención del director general de Industria y Energía, Diego Maciá, de dimitir al no disponer de medios para desarrollar su trabajo. Según la portavoz, “cualquier dimisión de pasar por el pleno, e informarse en esta rueda de prensa, y de momento, no hay ninguna previsión de cambio. Todos continúan en sus puestos”.
