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El Tribunal Constitucional anula el decreto del Consell que otorgaba el acceso a la sanidad universal

Se suspende la norma autonómica recurrida por el gobierno central que daba asistencia sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y ha anulado el decreto ley de la Generalitat que otorgaba el acceso universal a la sanidad. Dicha norma, que fue de las primeras adoptadas por el actual Consell, garantizaba la atención sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular, tras los recortes aprobados por el gobierno central la anterior legislatura

El alto tribunal considera que el decreto invade las competencias del gobierno central por parte de la Generalitat, al establecer una norma que regula, fundamentalmente, la atención a los inmigrantes más desprotegidos: “vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la materia sanidad y Seguridad Social». Así  interpreta que la asistencia sanitaria se preste exclusivamente en la Comunitat , sin derecho a la cobertura con cargo a la Generalitat fuera de la misma, es inconstitucional.

Según la sentencia la norma valenciana se extralimita en las competencias que se atribuye, invadiendo las del Estado central:»es una ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal, que como hemos señalado, incluye entre los sujetos que tienen la condición de asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España»

Sin embargo, la decisión del alto tribunal no es unánime, ya que la sentencia cuenta con el voto particular contrario al fallo de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón, María Luisa Balaguer Callejón y Antonio Narváez Rodríguez que argumentan que el decreto se dispuso «en el marco de las competencias del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma».

De hecho, cuando el Tribunal Constitucional suspendió el decreto en 2015, al admitir el recurso del gobierno central, luego levantó esta suspensión, en 2016, quedando patente la división judicial en torno al asunto.

Garantizar la universalidad sanitaria

El president de la Generalitat,  Ximo Puig, tras conocerse la sentencia, ha asegurado que “se va a trabajar para implementar las medidas necesarias para garantizar la universalidad de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana», ya que «cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunitat Valenciana va a ser atendida y, en ningún caso, se le va a cobrar ninguna factura sanitaria».

«Todos y todas tienen derecho a la sanidad ahora y en el futuro», ha enfatizado Puig, quien ha querido transmitir un mensaje claro «de tranquilidad y serenidad» al explicar que la Generalitat, tras conocer la sentencia, «está en estos momentos viendo cual es el instrumento jurídico más oportuno para reforzar el derecho de los ciudadanos a la sanidad universal».

Respecto al recurso del gobierno  central que dio inicio a las actuaciones del TC, el president ha lamentado que el Ejecutivo central «esté utilizando la vía judicial para defender posicionamientos políticos injustificables». «Dejar fuera de la sanidad publica a más de 21 mil personas que ya se han adherido a ella es un ejercicio de inhumanidad», ha criticado.

De igual manera, ha señalado que «el Gobierno rompe el espíritu constitucional compartido por la ciudadanía» y ha manifestado que «nadie puede entender que se quede fuera de la atención sanitaria pública ninguna persona en nuestra Comunitat».