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La propuesta del Consell para la reforma constitucional plantea el “encaje” de la Comunitat como nacionalidad histórica

El ejecutivo también reclama al Congreso agilizar la última reforma estatutaria, y acuerda que la policía autonómica colabore en la lucha contra la economía sumergida

El pleno del Consell, en su reunión de este viernes, ha dado luz verde a su Propuesta política sobre la reforma de la Constitución Española, un documento que, según ha explicado la vicepresidenta, y portavoz del Consell, Mónica Oltra, plantea prioridades que inciden en la configuración de un nuevo modelo territorial “y atiende a lo que se considera útil, justo y necesariopara los ciudadanos de la Comunitat”.

Así, según ha señalado, el documento recoge que “el pueblo valenciano constituye una realidad anterior al constitucionalismo español, y por tanto aspira a tener un encaje adecuado en la reforma constitucional como nacionalidad histórica y en ejercicio de su derecho de autogobierno”.

Oltra ha explicado que se trata de un documento que “no pretende ser exhaustivo ni busca entrar en conflicto ni ignorar las necesidades de otras autonomías, sino defender nuestros intereses”.

De esta manera, se pretende que cuando el president vaya a la comisión del Congreso donde se trata la reforma constitucional “lleve una propuesta del Consell al que representa”, y no la voz de un único partido, y ha reclamado que el debate de la reforma constitucional no solo sea una negociación entre partidos en el Congreso, sino que «haya voz de las comunidades autónomas».

El documento, según ha comentado,  recopila una serie de elementos para debatir sobre la reforma de la Constitución, e incide en que el modelo autonómico actual está agotando sus límites y por tanto provoca la falta de desarrollo político y de financiación armónica.

Por otra parte,  Oltra ha hecho un llamamiento a que el Congreso de los Diputados tramite «cuanto antes» la reforma del Estatuto de autonomía valenciano, tras haber sufrido 44 prórrogas y después de que se haya desbloqueado la tramitación de las normas canaria y murciana, y ha lamentado la «parálisis permanente» que existe tanto en la Cámara baja como en la acción del propio Gobierno, que ha calificado de «preocupante», porque España necesita impulso e iniciativa política.

Lucha contra la economía sumergida

Por otra parte, el ejecutivo ha aprobado un convenio de colaboración entre entre la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el fin de que la Policía Autonómica de la Generalitat colabore con la Inspección de Trabajo en la lucha contra la economía sumergida.

Oltra ha explicado que «esta colaboración permitirá multiplicar el número de actuaciones específicas contra la explotación laboral» y que «no queden impunes» los casos de economía sumergida detectados.

La  portavoz del Consell ha indicado que, según datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), la economía sumergida en la Comunitat Valenciana representa el 27% de la economía de la comunidad, lo que supone 3 puntos por encima de la media española, por detrás de Andalucía, Extremadura y Canarias: «Eso supone que dejamos de recaudar en nuestro territorio entre 2.500 y 3.000 millones de euros por un trabajo sin cotizar», ha asegurado la vicepresidenta, quien ha insistido en que, además, se trata de «una competencia desleal entre empresas que cotizan y las que no lo hacen o entre trabajadores que cumplen y los que no».

Menos abandonos de tratamientos médicos

En otro orden de cosas, el Consell ha aprobado dos convenios de colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos de Alicante, Castellón y Valencia sobre las condiciones de dispensación, facturación y pago de las aportaciones para tratamientos ortoprotésicos y farmacológicos para 2018, que ascienden a más de 54 millones de euros.

La vicepresidenta ha explicado que estas ayudas «facilitan el acceso a los tratamientos médicos necesarios para garantizar su salud» a pensionistas, personas con diversidad funcional y menores de edad, sin que tengan que hacer ninguna aportación o pago adicional.

Durante el año 2017, un total de 1.258.151 personas se beneficiaron de estas ayudas, lo que supuso una disminución del abandono de tratamientos médicos. De hecho, en el colectivo de pensionistas se abandonaron un 39,1% menos de tratamientos que en 2015 y un 29,4% menos en personas con diversidad funcional. Además, se redujo en un 11,4% la tasa de abandonos de los tratamientos en menores.

Nuevo modelo de atención a personas con diversidad funcional

Por otra parte, el Consell también ha dado cuenta del Plan de Infraestructuras para Personas con Diversidad Funcional de la Comunitat Valenciana 2018-2022.

Se trata de un plan que recopila las dotaciones existentes y necesidades en las diferentes provincias y comarcas con el fin de crear «una red pública de apoyo social a su recuperación e inclusión, con nuevos recursos intermedios que eliminen la atención residencial, excepto en casos puntuales, excepcionales y de corta duración», ha señalado la vicepresidenta.

Según ha explicado la vicepresidenta, este plan de infraestructuras «proporciona una visión a largo plazo de los recursos necesarios, que permitirán ofrecer una atención de calidad, integral, equitativa, próxima y vertebradora» a las personas con diversidad funcional y trastorno mental grave.