Les Corts rechaza la enmienda del PP contra la ley valenciana de salud, y éste amenaza con el TC

Los grupos del Botànic reclaman a los populares que se devuelva el dinero de la Gürtel

El pleno de les Corts ha rechazado este jueves, con los votos de PSPV, Compromís, Podem y la abstención de Ciudadanos, devolver al Consell, como pedía el PP-CV, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, que recoge la recuperación de la universalidad de la atención sanitaria y apuesta por la gestión pública de la misma, que seguirá su curso parlamentario. No obstantes, desde el PP-CV se ha advertido de que la ley puede acabar en el Tribunal Constitucional si no se retira.
En la defensa de la norma, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha argumentado que el proyecto está inspirado en tres grandes ejes como son «la universalidad de la asistencia sanitaria, la garantía de equidad y no discriminación y el fortalecimiento del sistema público».
Monntón ha enfatizado que busca transformar el sistema sanitario desde «una perspectiva innovadora» con el objetivo de «dejar atrás los recortes y la privatización» para que la sanidad valenciana «afronte los retos del futuro y mejore la salud de la ciudadanía».
De igual manera, ha defendido que la gestión pública directa mejora la planificación asistencial, mejor aprovechamiento de los recursos públicos y da «mayor garantía de equidad en el acceso de la ciudadanía a los servicios de la salud pública». «Desde el Consell entendemos la sanidad como un instrumento de garantía de derechos, equidad, cohesión social y lucha contra la desigualdad y eso sólo es factible desde lo público», ha subrayado.
Durante el debate parlamentario, el diputado del PP-CV, José Juan Zaplana, ha defendido la enmienda de su grupo y ha tachado la norma de «verdadera chapuza» porque «se tramitó sin participación, con inadecuadas justificaciones, sin objeto claro, sin un informe económico y es inconstitucional»m y ha acusado a la conselleria de «ocultar información», algo que ha admitido que no le sorprende porque asegura que es el departamento del Consell «más opaco y con más enchufes».
Zaplana ha insistido en que todos los informes que se han solicitado «cuestionan» lo que recoge la ley, que es «inconstitucional». En su opinión, «es una chapuza e irá al Constitucional como el copago o la universalidad y luego dirán que la culpa es del PP, pero ¿algún día traerán una ley constitucional a esta cámara?», se ha preguntado.
Al respecto, el diputado del PSPV, Juan Ignacio Subías le ha espetado que si ahora los valencianos se preocupan por el sistema sanitario es porque hay «un gobierno honrado» y ya no hay inquietud por la corrupción como pasaba cuando el PP gobernaba. «Ahora la ciudadanía se preocupa por sus problemas reales», ha remarcado.
Subías ha defendido que se ha hecho entrega a los interesados de todos documentos que han solicitado y «en ningún caso se ha prescindido de los informes que se exigen legalmente y se ha dado audiencia», y ha acusado a los populares de «querer torpedear la modificación de una ley que ustedes intentaron atar y nosotros vamos a desatar en beneficio de los ciudadanos».
El diputado Ciudadanos, Juan Córdoba, ha considerado que la modificación de la norma responde al objetivo de meter «su ideología» con la intención de incluir el objetivo de la universalidad cuyo decreto «el Constitucional les ha tumbado». «Intentan realizar un trasplante del decreto a la ley y eso, a nuestro juicio, no deja de ser un ejercicio alquimia política para mantener vigente lo que el alto tribunal consideró inconstitucional», ha remarcado.
Por su parte, el parlamentario de Podem, Daniel Geffner ha destacado que este cambio «se aparata de los principios y del espíritu defendido por el PP», basados en el «fundamentalismo del mercado, la austeridad, los recortes de derechos, y debilitar el sistema valenciano público».
Devolver el dinero de la Gürtel
Por otra parte, el pleno de Les Corts, a instancias de Compromís, ha aprobado una iniciativa para pedir al Consell que pida al Gobierno central que la Fiscalía investigue la subvención que recibieron los populares tras la campaña de las elecciones de 2007.
La diputada de Compromís, Mireia Mollà, ha defendido la iniciativa ante las últimas declaraciones ante la Audiencia Nacional de Ricardo Costa y de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ reconociendo la financiación ilegal del PP-CV, lo que, según la diputada, significa “ir dopado a las elecciones y financiarse irregularmente no es juego limpio”.
Mollà ha recordado que un informe de la Agencia Tributaria remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) constata que en 2007 el PP-CV percibió 517.614 euros en aportaciones irregulares de empresas constructoras, y en 2008 estas aportaciones ascendieron a 683.524 euros. Y ello, en opinión la diputada, “es dopaje”, y entiende que “debería devolverse a las instituciones valencianas”.
La diputada popular, Maria José Catalá, ha respondido con dureza, devolviendo la acusación y cuestionando las cuentas de Compromís: «por el momento lo que está claro es que las cuentas que se niega a aprobar el Tribunal de Cuentas son las de Compromís» ya que observa «una extraña maniobra de contabilidad de ingresos o a una derrama extraordinaria de cuotas para la campaña al Parlamento Europeo». »
El representante de Podemos, Antonio Estañ, ha recriminado a Ciudadanos que critiquen la corrupción en Andalucía, Madrid y la gestión del Gobierno de España y presten apoyo a estos líderes. Además, ha insistido en la necesidad de que se impulsen políticas para la recuperación del dinero desaparecido en la corrupción.
Por último, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha considerado que «si no hubiera sido por la batalla que dimos con Compromís y Esquerra Unida el PP no hubiera pagado a Feria Valencia o Cacsa», ha resaltado, para recordar las palabras del expresidente Camps diciendo que la campaña sería más austera y el dinero sobrante lo darían a Cáritas: «Menudos sinvergüenzas engañando a la gente».