El PSPV satisfecho por el auto sobre sus cuentas “al no ver pertinente una investigación conjunta”

El auto descarta una trama organizada de financiación regular, y se inhibe a favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía para que investiguen determinados servicios

Satisfacción en el seno del PSPV-PSOE por el auto del juzgado de instrucción 21 de Valencia, al descartarse en el mismo la existencia de una trama organizada de financiación en el PSPV y en el Bloc, apuntando que “se tratan de hechos aislados”, por se ha inhibido a favor de los juzgados de Gandía y Madrid para comprobar la existencia de irregulares que estarían prescritos. De esta manera, el juez decide pasar página a la denuncia del presidente provincial del PP de Alicante, y ex vicepresidente del Consell, José Císcar, dejando una puerta  abierta a la denuncia dependiendo de las  investigaciones que hagan a partir de ahora los juzgados de Gandía y Madrid.

De esta manera, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, no ve pertinente una investigación conjunta y relacionada de los diferentes hechos y por tanto decreta su inhibición en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía para que continúen investigando presuntos delitos que tendrían como denominador común la participación de la empresa Crespo Gomar que podría haber facturado a las formaciones políticas PSPV-PSOE y Bloc-Compromís diversos servicios electorales de cuyos pagos se habrían hecho cargo distintas empresas mediante facturas falsas. Además, el auto subraya la adjudicación a Crespo Gomar de diversos contratos públicos desde entidades dependientes del gobierno central en época de mandato socialista cuya adjudicación estaría plagada de irregularidades.

La jueza asume el criterio del Ministerio Fiscal para asegurar que “el de aquellos hechos relacionados con la financiación irregular de formaciones políticas, únicos hechos respecto de los que podría plantearse en parte la competencia de este juzgado. No obstante, teniendo en cuenta la fecha en la que se desarrollaron los mismos, y la regulación legal que existía sobre la financiación irregular en aquel tiempo, estos hechos estarían prescritos”.

Así, asegura que “en el estado actual de la investigación, se puede afirmar la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia”.

Satisfacción PSPV

Desde el PSPV, que va a continuar su comisión interna para aclarar responsabilidades políticas,  se mostró “gran satisfacción” al haber descartado la existencia de una trama de financiación ilegal, “por lo que nada tiene que ver con el caso Gürtel”. Así, lo aseguró en rueda de prensa el vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, al afirmar que “el auto judicial, y no lo dice Manolo Mata, ni el PSPV, ni un amigo, dice que no hay trama, que no hay financiación ilegal del PSPV y que no hay dinero negro”.  Y es que descarta la trama de financiación irregual era su gran objetivo y, parece que, al falta de lo que digan los juzgados de Madrid y Gandía, su objetivo está conseguido.

Mata ha destacado que el auto del juzgado señala que se puede afirmar la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia: “Es decir el PSPV de aquella época no tienen ninguna relación ni conexión con unos hechos indiciariamente delictivos” ha señalado Mata. Pero, además, tal y como ha explicado el auto, añade que “teniendo en cuenta la fecha en la que se desarrollaron los hechos y la regulación legal que existía sobre la financiación ilegal en aquellos años estos hechos están prescritos”.

Tanto Manolo Mata como Ana Barceló han detallado que en el auto se apunta que “en la información fiscal resulta relevante la relación existente entre Crespo Gomar y el PSOE, si se tiene en cuenta que en el año 2007 figuraban ingresos procedentes de dicha formación política”. Concretamente, el auto conocido hoy cita 79.663 euros en 2007 y 325.094 euros en 2008. Una cifra que, según ha explicado Barceló coincide con las cuentas que constan en el partido, con facturas de 2007 y 2008 que están pagadas a Crespo Gomar como también ha confirmado la Agencia Tributaria.

En cualquier caso Mata ha sido contundente al manifestar su deseo de que se investigue hasta el final “caiga quien caiga”.  En su opinión, “nosotros vamos a dar cumplida cuenta de todo lo que tenemos y de todo lo que sabemos y no nos temblará el pulso de tomar decisiones contra quien haya actuado irregularmente en caso de que así haya sido” ha señalado al tiempo que ha recordado que, sin embargo, “a día de hoy ni la dirección del partido actual ni nadie puede señalar con nombre y apellido a nadie que haya actuado irregularmente”.

Asimismo ha recordado que hasta hoy el PSPV “no ha sabido de qué se estaba hablando, ya que en ningún caso el PSPV ha sido requerido por ningún juzgado, ni ha participado en la investigación judicial”, pero, como ha apuntado “vamos a seguir trabajando en la comisión de supervisión interna y a respetar el compromiso que tenemos con Podemos para facilitarle toda la información”. “Vamos a dar todas las explicaciones, asumiremos toda la responsabilidad que territorialmente corresponda toque dónde toque y nos vamos a poner en la primera línea de la ética” ha reiterado Mata al tiempo que ha incidido en que “es el auto el que señala que no hay trama, no hay financiación ilegal y no hay dinero negro”.

De igual manera, el vicesecretario general del PSPV, ha reiterado que “la persona que presenta esta denuncia, José Císcar, tiene que dar alguna explicación complementaria” y ha cuestionado “cómo es posible que alguien vaya a un juzgado con un corta-pega de una contabilidad y elimina todo aquello que pueda tener relación con su partido o con otras cuestiones”. Así, ha continuado, “¿por qué elimina de la contabilidad de la denuncia todo aquello relativo a contratos del Ayuntamiento de Dénia con Crespo Gomar o a Canal9 a quien le hizo el rebranding?”. “Ese corta-pega que hace el señor Císcar se crea una sombra que no acaba siendo una realidad en base al auto judicial”, ha concluido Mata.

Desde el Bloc, su presidente, y president de Les Corts,  Enric Morera, estaba aún más satisfecho, ya que el auto «archiva las actuaciones contra el Bloc», lo que supone una «buena noticia en lo que respecta a la honorabilidad y el prestigio» del partido.

Posibles irregularidades en los contratos

En la documentación aportada a la causa también aparecen las mercantiles Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital, a través de Metrovacesa, como firmas que supuestamente se hicieron cargos de facturas por servicios prestados a los citados partidos.

La jueza expone además en su escrito que el PSPV-PSOE abonó a Crespo Gomar 79.663 euros en 2007 y 325.094 en 2008, y que esta misma firma recibió, al menos, contratos por 184.138 euros en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad, por 126.208 desde el Ministerio de Vivienda y 159.362 euros desde el Ayuntamiento de Gandia. No obstante, advierte que la investigación descarta algún tipo responsabilidad política, en el caso de de que se confirmaran algunas de las responsabilidades, ya que los delitos estarían preescritos.

La jueza considera que «indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación. En cuanto al modo de acción el auto indica que «para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar».

De igual manera, según expone en el auto. en 2009, y desde esta misma administración local, Crespo Gomar fue adjudicataria de servicios por 104.737 euros, y en 2010 por importe de 103.672 euros. Además, cita otros posibles contratos en los que pudo resultar favorecida esta firma, a través de la excandidata a la alcaldía de Alicante Etelvina Andreu, posteriormente designada directora general de Consumo por el entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria, con quien trabajó en el equipo científico que éste dirigía en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

La mayor de estas adjudicaciones -aunque no recogida en este auto- desde Consumo fue de 2.077.678 euros, si bien Crespo Gomar también resultó adjudicataria de servicios de comunicación para el ministerio de Medio Ambiente -entonces dirigido por Cristina Narbona- (a través de Acuamed, Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar) por 2,7 millones de euros entre 2008 y 2009.