Partidos, sindicatos y empresarios denuncia en Madrid la infrafinanciación de la Comunitat
Unidad absoluta, incluido el PP-CV, a favor de reformar la financiación autonómica, y de exigir al Gobierno una quita de la deuda valenciana
La Plataforma por una Financiación Justa de la Comunitat, que integra a partidos políticos, empresarios y sindicatos, ha traslado este martes a Madrid su queja por la infrafinanciación de la Comunitat, la consecución de una quita de la deuda valenciana, así como su demanda de celebrar, la primera semana de mayo, un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para reformar la financiación autonómica.
Una visualización celebrada en Madrid, pero con actores exclusivamente valencianos, evidenciándose el escaso poder valenciano de los políticos de La Comunitat en las estructuras nacionales de sus partidos, algo que tanto desde la patronal como desde los sindicatos, han lamentado. Y es que, al final han participado, los representantes de la plataforma, es decir, los sindicatos CCOO y UGT, los partidos Ciudadanos, Podem, Compromís y PSPV, la patronal CEV, en representación de los empresarios, además de los diputados y senadores del PP-CV. A pesar de ello, la movilización, en opinión de loss agentes económicos y sociales, ha sido positiva, porque ha supuesto un paso más, pero no definitivo.
En primer lugar, los representantes de esta plataforma, han entregado un manifiesto, así como las firmas recogidas y una carta en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, cuyo titular, Cristóbal Montoro, no los ha recibido. Allí, no han estado ni los representantes del PP-CV, ni de la CEV, en este caso, porque tiene solicitada, desde hace varios meses, una entrevista con el ministro para abordar el asunto.
En la carta presentada en el Ministerio de Hacienda, los firmantes en representación de más de 600 entidades políticas, sindicales sociales y económicas valencianas exigen el reconocimiento de los déficit de financiación acumulados por el mal funcionamiento del actual sistema y un mecanismo de compensación del mismo. También, exigen la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para tratar la financiación autonómica, aparte de la celebración del CPFF.
De igual manera, instan al Gobierno a presentar una propuesta de reforma que recoja sus reivindicaciones para la nueva financiación, y que se incluyan en los presupuestos estatales inversiones para la Comunitat Valenciana equivalentes a su peso poblacional del 10,61 %.
A continuación, se han reunido en el Congreso con diputados y senadores valencianos. Y ahí, se han sumado, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, y los representantes del PP, con el ex conseller de Hacienda, y actual diputado, Gerardo Camps, y el senador, Antonio Clemente, que, con su presencia, se suman a la reclamación de una quita y la petición de una financiación justa.
Unidad en la denuncia
En lo que sí se ha producido unidad ha sido en las declaraciones de los participantes en la jornada de denuncia. Todos ellos, han insistido en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica y en demandar una quita de la deuda valenciana.
Así, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha insistido en que la deuda acumulada por la Comunitat durante años de infrafinanciación debe ser objeto de una «quita absoluta» porque es una «carga enorme» desde el punto de vista de intereses, mientras que el secretario general de CCOO-PV, Arturo León, no se trata de «un acto de victimismo ni insolidaridad», sino de reformar el sistema para solucionar las desigualdades del mismo que afectan a la Comunitat Valenciana.
En una línea similar, se ha pronunciado el presidente de la CEV, Salvador Navarro, que ha explicado que no se trata de ser más que otras comunidades, sino de estar «en igualdad de condiciones» y solucionar el «problema crónico» de la infrafinanciación de la comunidad.
En el ámbito político, también ha habido una unidad de declaraciones. Así, el portavoz parlamentario del PSPV, Manolo Mata, ha destacado que el estado de bienestar en España tiene «un agujero de 5 millones de personas», que son los habitantes de la Comunitat, por lo que han venido a Madrid a decir: «Estamos hartos y basta ya».
Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha instado a celebrar de una vez la Conferencia de Presidentes autonómicos y que el Gobierno presente una propuesta de nuevo modelo de financiación «como es su obligación».
El portavoz de Podem, Antoni Estañ, ha advertido de que no se puede consentir que la Comunitat siga siendo «el patio trasero de unos gobiernos mediocres» y ha instado a salir de la competición entre comunidades autónomas a la que considera que quiere llevar el PP la reforma del sistema de financiación.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha pedido un nuevo modelo y reinvindicarlo de la manera más objetiva posible «sin colores, sin sectarismos ni ideologías», por lo que no ha posado en la foto de familia ante las puertas del Congreso.
Quita de la deuda
Tampoco han posado en la fotografía reivindicativa ante la puerta del Congreso de los Diputados, los representantes populares, Antonio Clemente y Gerardo Camps, si bien, éste último ha asegurado que su partido comparte «el fondo del asunto» que es la necesidad de solucionar la infrafinanciación valenciana con un nuevo modelo de financiación, así como inversiones suficientes, y una quita para la deuda acumulada.
El diputado valenciano del PP, ex conseller de la Generalitat y ahora portavoz del Grupo Popular en la Comisión del Pacto de Toledo, Gerardo Camps, ha asegurado que «sería de justicia» que se acordara una quita de la deuda para la Comunitat Valenciana, porque ha sido generada en buena medida por un problema de infrafinanciación que ha empujado a la región a endeudarse, y ha apostado por una negociación con el acreedor, el Ministerio de Hacienda. En su opinión, «sería de justicia para los valencianos», y ha explicado que esta quita debe acordarse entre acreedor y deudor y «al margen» del sistema de financiación, que requiere una negociación multilateral entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno.
