El juez abre juicio oral contra el ex alcalde de Alicante por prevaricación por el fraccionamiento de contratos
La fiscalía anticorrupción pide para él y los dos asesores 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público
La juez, María Luisa Carrascosa, ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, por un delito continuado de prevaricación que presuntamente cometió al fraccionar contratos para la promoción del comercio local. Desde la Fiscalía Anticorrupción se reclama una pena de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
En el auto, la juez también decreta apertura de juicio oral, por el mismo delito, a dos de sus antiguos asesores, el que fuera jefe de su gabinete, Eduardo Díez, y el asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea. Anticorrupción solicita la misma pena de inhabilitación para ellos
De igual manera, la magistrada ha dejado fuera del objeto del futuro juicio el delito de usurpación de funciones que inicialmente apreciaba contra De Gea y Díez.
En este caso, la juez ha tenido en cuenta ni el Ministerio Público, ni el PP, que ejerce la acusación particular, les atribuyen esa infracción. En su escrito, el PP reclama inhabilitar al ex alcalde socialista 12 años y siete meses, y siete años a cada uno de los ex asesores por su cooperación en las irregularidades.
Esta causa se circunscribe al presunto fraccionamiento de 14 facturas por un importe total cercano a los 144.000 euros de la Concejalía de Comercio, que él mismo dirigía. Esas facturas, fechadas en diciembre de 2016, están relacionadas con el pago de cuñas publicitarias para promocionar el comercio local, la colocación de nuevos carteles en mercados municipales y la organización de la llamada Gala del Comercio de Alicante.
Aunque se tramitaron como contratos menores, tanto la juez, como la Fiscalía y el PP, que denunció las supuestas irregularidades, consideran que esas adjudicaciones debieron pasar por un concurso público. En total fueron un total de 25 expedientes por un importe de 190.000 euros, que fueron anulados en su día, ante los reparos expresados por un técnico y el interventor municipal y motivaron la constitución de una comisión de investigación en el ayuntamiento.
