Política

Podem denuncia que los privilegios de los ‘ex presidents’ han costado a más de un millón de euros

Insiste en reformar la ley para que tengan menos prerrogativas y haya mayor transparencia

La portavoz adjunta de Podem, Fabiola Meco, ha denunciado este sábado  que los privilegios que el estatuto de los ex presidents les otorga “desde 2003 ha costado a la Generalitat más de un millón de euros, de los que más de 700.000 corresponden a Francisco Camps”, según consta en una respuesta parlamentaria a este grupo.

Podem trató sin éxito a principio de legislatura modificar la ley que avala estos privilegios, pero la iniciativa fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios. Tras su rechazo, la formación izquierdista presentó el pasado mes de enero   una nueva propuesta  para reformar la ley que regula esta cuestión en la que se elimina de actual normativa el derecho a tener oficina y personal e introduce obligaciones de informar  respecto al uso que los ex jefes del Consell dan anualmente a los recursos en una memoria de actividades y económica. Dicha iniciativa aún no se ha debatido

Asimismo, reclama que los ex presidents ya no ostenten la condición de  miembros natos del Consejo Jurídico Consultivo, sino que puedan acceder al Comité Econòmic i Social (CES), sin sueldo y con limitación temporal de 5 años, y también, establece supuestos de revocación total o parcial por parte del pleno de Les Corts de los derechos y recursos otorgados a los expresidents de la Generalitat, y supuestos de renuncia voluntaria, forzosa o revocación parlamentaria.

La portavoz adjunta de Podem, Fabiola Meco, ha recordado que “Podem emprendió al inicio de la legislatura la reforma de la ley con la finalidad de plantearse el papel de los expresidents de la Generalitat” y ha lamentado que en aquella ocasión PP y PSOE rechazaron en Les Corts eliminar la opción que les reconoce esta ley a los expresidents de ser miembros natos del CJC, algo a lo que se opone esta formación.

Por ello, Meco ha recordado que esta formación ha vuelto a plantear una proposición de ley para reformar este estatuto con el objetivo de que expresidents del Consell “tengan menos privilegios y haya mayor transparencia con lo que se hace con los recursos públicos”.

De hecho, ha lamentado que los mayores gastos los origina el mantenimiento de las oficinas, “de las que no sabemos cuál es su actividad, qué intereses se atienden, a qué se dedican o en pro de quién trabajan” y respecto a las que Podem se quedó solo en Les Corts en la tramitación de la anterior ley de reforma defendiendo su desaparición.

Detalle de los gastos

El coste total de estas prerrogativasa las que se han acogido los ex presidentes desde junio de 2003 a febrero de 2018, según la parlamentaria,  asciende a 1.020.916 euros, tal y como se explica desde el Consell en respuesta a una pregunta de Podem.

Así, la Conselleria de Hacienda informa de que el coste total de la oficina que mantiene Camps ha implicado desde 2011 un desembolso para las arcas de la Generalitat de 724.986 euros, por las retribuciones anuales de su secretaria, que también lo era en su etapa al frente del Consell, Susana Fayos, y  de su asesor, Francisco Campos Ibañez.

También desgrana que el coste total de Alberto Fabra por el mantenimiento de su oficina alcanza desde 2015 los 244.000 euros, que se desglosa en las retribuciones de sus dos asesoras y un chófer, Esther Pastor, Juan Carlos Tatay y, desde diciembre, de Carmen Amorós.

En cuanto a José Luis Olivas, en el periodo en que se acogió a esta prerrogativa, los años 2003 y 200, originó un coste con cargo a la Generalitat de 51.634 euros por las retribuciones de Carmen de Paz y Alfredo Sempere, en calidad de asesora y conductor.

La respuesta detalla que la Generalitat no se hace cargo de ningún gasto de alquiler o mantenimiento de oficinas y que, como en los presupuestos de la Generalitat no existe ninguna partida para las oficinas de los ex presidents, los gastos de desplazamiento (combustible, peajes y alojamiento) solo se pueden identificar por la matrícula de los vehículos y las facturas correspondientes.

En este sentido, la Generalitat informa de que los gastos por este concepto ascienden en el caso de Francisco Camps a 40.178 euros, y a 7.985 por lo que respecta a Alberto Fabra. En este caso, hay que tener en cuenta que el castellonense es senador en representación de la Comunitat a propuesta del PP-CV, por lo que muchos de sus gastos son pagados por la cámara alta

Asimismo, informan de que según la certificación del secretario seneral del Consell Jurídic Consultiu, el coste anual bruto que abonó este órgano por los conceptos de retribución y Seguridad Social de Camps ascendieron en 2018 a 90.276 euros.