La ‘Operación Enredadera’ requiere información en algunos ayuntamientos de la Comunitat
Se trata de una operación judicial que investiga posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico, en relación con la empresa Aplicaciones Gespol SL
El juzgado de instrucción 2 de Badalona ha dirigido este martes la Operación Enredadera, una macrooperación policial que tiene lugar en varias provincias por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico, en relación a la empresa Aplicaciones Gespol, S.L. En el caso de la Comunitat únicamente se ha requerido información en la Diputación de Alicante y en los El Puig, Gandía y Sant Vicent del Raspeig.
Este martes se han practicado un 49 entradas y registros en varios Ayuntamientos, despachos y sociedades así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de, como mínimo, 5 comunidades autónomas. En concreto, ese juzgado ha autorizado la práctica de entradas y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.
De igual manera, el Juzgado ha ordenado requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O’Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.
De las varias detenciones realizadas, inicialmente serán 15 los detenidos, entre los que hay empresarios y cargos públicos, que pasarán a disposición del titular del juzgado de instrucción 2 de Badalona en los próximos días.
La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
Comunicado Diputación
En el caso de la Diputación de Alicante, según han explicado fuentes de la institución, este martes se han personado dos agentes de la policía judicial en la institución provincial para solicitar información respecto al caso que ha saltado a los medios de comunicación relacionado con los contratos de gestión policía, aclarando que, en ningún caso se trata de un registro, sino de una petición de información.
Según aseguran, la Diputación de Alicante “no ha adjudicado ningún contrato” a la empresa que aparece en la investigación y sobre la que se ha solicitado información a la administración provincial. Así lo ha aclarado el vicepresidente primero, Eduardo Dolón, que ha explicado que “se trata simplemente de un requerimiento de información y no de registro alguno ni de ninguna otra medida excepcional”.
Dolón ha avanzado que “los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante están preparando un expediente en el que se informará detalladamente de la documentación que se nos ha solicitado que es un procedimiento que entra dentro de la normalidad institucional e interadministrativa y que no implica ninguna otra acción posterior”.
Finalmente, el vicepresidente ha insistido en que dentro de esta operación llevada a cabo por la UDEF -Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal- ha habido registros en algunos ayuntamientos españoles, “pero no es el caso de la Diputación de Alicante, donde solo se ha procedido a solicitar información”, y ha añadido que “hay que ser prudentes y no aventurar titulares ni hechos que no se han producido. Hay que dejar actuar a la justicia, ser cautelosos y mantener la tranquilidad”.
