UGT anuncia movilizaciones por la situación de los trabajadores de Mercavalencia

Denuncia que las cooperativas de trabajo asociado de Mercavalencia y del sector cárnico son una “práctica fraudulenta para evitar cotizaciones sociales”

Dos meses después de que la inspección de trabajo determinara que la contrata de Mercavalencia era un mero instrumento para eludir cotizar en régimen general, la situación de los trabajadores sigue siendo la misma.

Y es que, según denuncia UGT, desde la resolución emitida por la Inspección de trabajo, con fecha 27 de junio del 2018, donde se reflejaban diversas irregularidades, “a día de hoy, la situación sigue siendo la misma. Y el ayuntamiento se mantienen en su postura de inmovilismo, lo cual deja desprotegidas a las 429 personas afectadas en el periodo de 4 años que ha abarcado la inspección”.

Ante ello UGT PV anuncia diversas acciones para visibilizar el problema, entre ellas, una concentración el día 19 de septiembre en Madrid en IFEMA, por un convenio de cárnicas digno  que acabe con los falsos cooperativistas, así como una concentración para el próximo día  27 de septiembre de las 13.00 a las 17.00 horas, en la plaza del ayuntamiento de Valencia, en coincidencia con el pleno del ayuntamiento.

De igual manera, el sindicato prevé solicitar a la Tesorería, dada la resolución de la inspección, las devoluciones de las cuotas de autónomos de todos los trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.

Prácticas Comunes

Desde UGT PV se pretende evidenciar que estas prácticas fraudulentas con cooperativas de trabajo asociado en el sector cárnico son “generalizadas”. Según explica, en un comunicado, “las cooperativas de trabajo asociado son el instrumento que se utiliza para no cotizar en régimen general, no aplicar el convenio colectivo, ni jornadas, ni permisos, ni descansos, ni todos los derechos que reconoce el Estatuto de los Trabajadores”.

En este sentido, desde el sindicato diferencia estas prácticas con el cooperativismo valenciano: “en ningún caso se puede comparar esta situación con el cooperativismo valenciano, que como estandarte tiene a las cooperativas citrícolas, que cuando contratan para realizar trabajos, lo hacen sometidas al convenio colectivo y a la legislación laboral. Ese es el cooperativismo valenciano, no hay que confundir”.

De igual manera, recuerdan que los datos económicos de Mercavalencia de 2017 claramente evidencian que sus beneficios salen del área de Matadero y Despiece, con más de 14 millones de euros de ingresos, suponiendo un 70% de los ingresos.

Por ello, desde Fica-UGT-PV se advierte que “se seguirá luchando contra estas fórmulas de trabajo sin derechos, que abaratan un 30% los costes empresariales y que perjudican a la caja de las pensiones; condenando además a los trabajadores y trabajadoras a una flexibilidad total, privandoles de sus derechos como trabajadores, del convenio colectivo y de disfrutar las bajas adecuadamente remuneradas, y el desempleo. Y es que estos falsos cooperativistas tienen que asumir todos los costes de la cotización de autónomos, las herramientas de trabajo y los equipos de protección individual, y además deben de pagar una cuota adicional a estas falsas cooperativas”.

Desde UGT se reclama al Ayuntamiento de Valencia y a Mercasa, los dos socios principales de Mercavalencia, “que reconsideren su decisión, y den ejemplo a todas aquellas empresas donde ha actuado la Inspección y asuman la regularización de estos falsos autónomos, como otras empresas privadas ya han empezado a asumir”.

Además, el sindicato recuerda  que Mercavalencia no será multada por tratarse de una empresa semipública y por tanto sólo deberá abonar unos 7,5 millones de euros en cuotas de seguridad social, por eso no aparece en la resolución que se ha abierto procedimiento sancionador. Lo que sí que se determina de manera específica es que: “los socios trabajadores cedidos ilegalmente a Mercavalencia deben disfrutar de los derechos del estatuto de los trabajadores” y que “deben disfrutar de la garantía de indemnidad (es decir que no pueden ser despedidos) o sufrir perjuicios económicos derivados de reclamaciones como es el caso de esta propia actuación de la inspección.