Cara y cruz judicial de la Generalitat con el TSJCV

El alto tribunal anula la orden que rebajó de 25 a 23 el número máximo de alumnos por aula en Infantil y le da la razón el recurso de la UCV contra la resolución que regula las becas

La Generalitat, y concretamente, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, recibió este miércoles una doble resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con resultado desigual para los intereses públicos. Así, el alto tribunal valenciano ha anulado la orden que rebajó de 25 a 23 el número máximo de alumnos por aula en Infantil, mientras que le da la razón el recurso de la Universidad Católica de Valencia (UCV) contra la resolución que regula las becas.

En concreto, el TSJCV ha anulado la orden de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte  que se fijaba en 23 en lugar de en 25 el número máximo de alumnos por aula en Infantil, en treinta localidades de la Comunidad Valenciana para el curso 2017-2018.

De esta manera, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo estima así el recurso presentado por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza – Centros Católicos de la Comunidad Valenciana y declara la orden contraria a Derecho por falta de competencia autonómica para regular esta materia y por extemporaneidad de la orden.

En la resolución, los magistrados explican que “la Sala no ha de calificar si es acertado o no en pro de la calidad de la enseñanza que la ratio máxima sea reducida (no se le haría difícil responder a eso afirmativamente)” y añade que “en este caso, la competencia corresponde al Consejo de Ministros autor de una disposición administrativa de contenido básico, que no da pie a alteración del máximo de alumnos por unidad escolar”.

Por el contrario, ha desestimado el recurso interpuesto por la Universidad Católica San Vicente Mártir contra la resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocaban las becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016-2017 en las universidades de la Comunidad Valenciana.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, considera que la norma impugnada no vulneraba los derechos a la igualdad, a la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y el derecho a crear centros docentes.

Los magistrados se basan en pronunciamientos precedentes y concluyen que “los principios de seguridad jurídica y de unidad de doctrina obligan a mantener el mismo criterio ante presupuestos fácticos y jurídicos esencialmente iguales, que el caso, al no presentare el pleito singularidad – y en concreto el objeto de las ayudas- que habría de conducir eventualmente a distinto pronunciamiento”.