El Gobierno sigue con sus decretos: 16 semanas de permiso de parternidad y vincula la subida del alquiler al IPC
Se aprueba un decreto ante un Brexit sin acuerdo para proteger a los británicos residentes en España, condicionado a una reciprocidad con los españoles residentes en territorio británico
?El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha continuado este viernes con sus propuestas sociales pre-electorales como la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas y aumenta las medidas en defensa de los alquileres, limitando su subida anual al IPC, y ampliando de 3 a 5 años el plazo legal para que un inquilino pueda estar en su vivienda. Además, aprueba un decreto para proteger a británicos residentes en España, condicionado a que exista una reciprocidad con los españoles en el Reino Unido ante el riesgo de un Brexit unilateral.
En concreto, se ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y ocupación, que será remitido a las Cortes Generales para su convalidación. Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, se pretende “mejorar la conciliación familiar y laboral, eliminar la discriminación salarial, reducir la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres y generalizar los planes de igualdad en las empresas”.
En este sentido, el decreto amplía los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a 16 semanas. Así, según ha señalado el plazo para la implantación de esta medida será de tres años «para dar tiempo suficiente a las empresas». Así, en 2019, serán ocho semanas de permiso, en 2020 doce semanas y se llegará a las dieciséis en 2021.
Sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, Carmen Calvo ha explicado que, actualmente, se sitúa en torno al 23% en algunas áreas de trabajo y que «muchas mujeres no conocen siquiera cuál es la discriminación salarial en la que pueden estar». Por ello, y en cumplimiento de la normativa europea, se establece que las empresas a partir de 50 trabajadores deberán llevar un registro de sus tablas salariales, a las que tendrán acceso sus trabajadores y trabajadoras a través de su representación sindical o del delegado de personal.
Las empresas de más de 50 empleados también tendrán que elaborar y aplicar un Plan de Igualdad, lo que supone una ampliación de la obligación recogida en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que solo afectaba, hasta ahora, a las que contaban con más de 200 trabajadores.
Además, la norma incluye la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado. De esta manera, no se interrumpirá la cotización para los trabajadores, fundamentalmente mujeres, que abandonan su trabajo para cuidar de otras personas, lo que después repercute en una pensión más baja, concretamente «entre 300 y 370 euros menos», ha informado la ministra.
eal Decreto-ley de medidas urgentes sobre vivienda
Por otra parte,se ha aprobado el Real Decreto-ley sobre vivienda, con medidas dirigidas a incentivar la oferta de vivienda de alquiler, ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino y dar apoyo a los grupos más vulnerables. Así
Entre estas, se prevé la creación, en el plazo de ocho meses, de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, que se vinculará a la subida del IPC, y se estipula que los contratos no inscritos en el Registro de la Propiedad tendrán efectos ante terceros, de forma que cuando haya una venta de un piso arrendado, el inquilino quede protegido.
Por otra parte, algunas de las medidas que se mantienen son el aumento de 3 a 5 años del plazo legal mínimo en el que el inquilino podrá permanecer en la vivienda arrendada, la modificación de la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para favorecer el mercado de alquiler, y que una mayoría de tres quintos de los propietarios pueda limitar las viviendas de uso turístico en su comunidad.
Respecto a los procedimientos de desahucio, Carmen Calvo ha hecho hincapié en que el texto sigue reflejando la preocupación del Gobierno por dar respuesta a los afectados. «Existirá la obligación de comunicar estas circunstancias a los servicios sociales, para que ninguna persona se vea en situaciones extremas de precariedad», ha afirmado.
Decreto Brexit
De igual manera, se ha aprobado otro decreto-ley por el que se adoptan medidas de contingencia ante una posible retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin el acuerdo previsto en el artículo 50 de Tratado de la Unión. La norma solo entraría en vigor si se produjera esa retirada sin acuerdo.
La medida tiene como finalidad garantizar los derechos de los ciudadanos españoles y de los 300.000 británicos residentes en España, su seguridad jurídica, así como su protección en materia de Seguridad Social y asistencia sanitaria.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha recordado que el Parlamento británico votará en los próximos días si acepta el Tratado de Retirada, si sale de la UE sin acuerdo o si solicita una prórroga para decidir.
Borrell ha precisado que, en el caso de que el Reino Unido decida salir sin acuerdo, España aplicaría la norma aprobada hoy. El Real Decreto-ley, ha dicho, moviliza recursos humanos, normativos y materiales. Contempla actuaciones de carácter logístico, como la contratación de personas, con el fin de preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que «ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada» y «preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y de los intereses económicos de España».
Estas medidas, ha resaltado el ministro, «tienen carácter unilateral», aunque están condicionadas a que Reino Unido garantice un tratamiento recíproco a los españoles resientes en su territorio y Gibraltar.
De entre todas las iniciativas, Josep Borrell ha destacado, en especial, las que afectan a los intereses españoles en el Campo de Gibraltar y a los 9.000 trabajadores transfronterizos que cruzan a diario la Verja.
El ministro también ha señalado que la norma regula el ejercicio de la actividad profesional y el acceso al empleo público. En relación con la asistencia sanitaria, Borrell ha revelado que las condiciones son «extremadamente generosas para que no haya una ruptura respecto a la situación actual».
Además, se regulan el acceso a la universidad española de los alumnos procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido o Gibraltar, las actividades económicas, los servicios financieros, el transporte terrestre y las aduanas, entre otros asuntos.
