Unánime respaldo político al trasvase Tajo-Segura en la Comunitat

La defensa del trasvase une a todas las fuerzas políticas valencianas en medio de la batalla electoral

La sentencia del Tribunal Supremo exigiendo el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos real y científicamente validado, condicionando así la explotación del trasvase Tajo-Segura a las necesidades de la cuenca cedente no ha gustado a los partidos políticos valencianos, y éstos han cerrado filas en defensa del trasvase, tanto Consell del Botànic como oposición han realizado una defensa unánime. Así, lo ha intentado explicar el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión que ha mantenido en el Palau de la Generalitat con la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, la directora general de la Abogacía de la Generalitat, María José Rodríguez, y el secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, para analizar la sentencia del alto tribunal en que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo.

Puig ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura continúa estando vigente «a todos los efectos», porque la reciente sentencia del Tribunal Supremo «consolida» la normativa reguladora de 2014 y no se ha producido, por tanto, «ruptura» del ‘statu quo’ actual.

No obstante, ha anunciado la puesta en marcha de una «célula permanente de vigilancia», con participación de la Abogacía de la Generalitat y de la Conselleria de Agricultura, que se encargará de realizar una evaluación del nuevo planteamiento «concertado» del sistema de trasvase Tajo-Segura tras la sentencia del Tribunal Supremo con el fin de evitar cualquier «interpretación sesgada» de la decisión judicial.

Según ha explicado, la decisión del Supremo «consolida la norma reguladora del sistema Tajo-Segura», con lo que «en absoluto queda invalidada», yha pedido a los regantes «tranquilidad, en el sentido de que no hay una ruptura del ‘statu quo’ actual».  A su juicio, la sentencia «refuerza la necesaria concertación» y ha asegurado que, «durante todo ese tiempo de reformulación legal», la Generalitat estará «atenta», y ha advertido que “no puede haber unilateralidad en la toma de decisiones».

Puig ha señalado que la  sentencia «consolida la solidaridad» ya que, ha detallado, «afianza los usos por encima de las pretensiones territoriales». Así, ha explicado que, en primer lugar, se prioriza el agua de boca, y después su utilización para agricultura y, posteriormente, los usos recreativos, por lo que, ha subrayado, «se jerarquiza en función de usos, y no del territorio».

«Es evidente que esto nos abre una oportunidad de mejorar desde el punto de vista legal y de consolidar el sistema y buscar formulas garantes desde el punto de vista jurídico», ha manifestado, y ha lamentado que «se cerró en falso parte de lo que era la operativa de todo el sistema», lo que, ha denunciado, ha traído sus consecuencias.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad y ha añadido que la posición de la Generalitat pasa por «defender los intereses de los regantes, y no hacer política de confrontación con el agua». En su opinión, “eso forma parte de esa cultura política del pasado; nosotros lo que queremos es ser efectivos y ayudar de verdad a los regantes, no generar guerras del agua que tan malos resultados han provocado a la Comunitat Valenciana y al conjunto del sistema».

De igual manera, ha asegurado que, «con toda rotundidad», el Tajo-Segura «continúa siendo una realidad» y que la Generalitat estará junto a los regantes, «como ha estado siempre».

Resolución parlamentaria

La defensa del trasvase Tajo-Segura ha sido un clamor unánime en la política valenciana, más allá de gobierno y oposición. Así, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha solicitado una reunión de la Diputación Permanente de Les Corts para que todos los partidos aprueben garantizar la permanencia del trasvase Tajo-Segura. A su juicio, “en estos momentos es necesaria la unión y una defensa firme de todas las instituciones y partidos de la Comunitat Valenciana en defensa de este trasvase fundamental para nuestra tierra”.

El texto de la propuesta de acuerdo para todos los grupos ha sido presentado este martes por el PP-CV en el registro de Les Corts. A su juicio, “buscamos la unión de todos los partidos con un texto que puede ser suscrito por cualquier formación, con independencia del color que tenga”.

Bonig ha señalado que “el trasvase Tajo-Segura es esencial no sólo para la agricultura alicantina, abarcando más del 60% del regadío provincial, sino también para el abastecimiento urbano a 35 municipios de la provincia, algunos de ellos tan importantes en número de habitantes como Alicante, Elche, Orihuela o Torrevieja”.

“Además -ha continuado la presidenta popular- sostiene cerca de 110.000 empleos y aporta más de 2.300 millones de euros al PIB de España. Se trata de una infraestructura estratégica no sólo para la cuenca del Segura, sino para el conjunto de España, ya que conecta varias demarcaciones: la del Tajo, el Guadiana, el Júcar, el Segura y las cuencas mediterráneas andaluzas”.

De igual manera, considera que “la reciente sentencia del Tribunal Supremo, aunque no cuestiona la configuración legal del trasvase Tajo-Segura ni su existencia, ha generado cierta incertidumbre en cuanto a su viabilidad futura. Ante esto es necesaria una defensa unánime y una posición única de todas las instituciones valencianas y partidos políticos con representación parlamentaria”.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Toni Cantó, ha considerado “esencial el criterio de solidaridad entre españoles” y ha recordado que “la política del agua es fundamental para el desarrollo de la Comunitat Valenciana y Murcia”. A su juicio, “hasta que no haya una solución técnica al déficit hídrico del sudeste español, el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable”.

Cantó ha comentado que “la sentencia del Tribunal Superior habla de caudales ecológicos, no de caudales mínimos” y ha defendido que “ha de ser el Gobierno, en lugar de los jueces, quien legisle en materia de agua”. “El presidente del Consell, Ximo Puig, dice una cosa aquí, pero su homólogo manchego, Emiliano García-Page, otra distinta”, ha añadido, al tiempo que ha preguntado al PSOE “qué solución propone para que el agua llegue al territorio alicantino, teniendo en cuenta que es también para consumo humano”.

En este sentido, ha lamentado que “en este país, es habitual que los jueces tengan que dar respuesta a los problemas que los gobiernos meten debajo de la alfombra” y ha abogado por “Pacto Nacional del Agua adoptado a los retos del cambio climático para pasar de una política de escasez y reparto a una política de gestión y eficiencia”.