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Les Corts reclaman al Gobierno los recursos retenidos y la recaudación del IVA

La primera sesión de control parlamentario, donde PP-CV, Ciudadanos y Vox pugnan por liderar la oposición y erosionar la imagen de Puig

El pleno de Les Corts aprobó este jueves, con los votos a favor del PSPV, Compromís, Unides Podem y el PP-CV, la abstención de Ciudadanos, y voto en contra de Vox, una iniciativa  para pedir al Gobierno la transferencia a las autonomías de los recursos retenidos correspondientes a la entregas a cuenta y a la recaudación del IVA.

La propuesta, pactada por los grupos firmantes del Pacte del Botànic 2.0 a partir de una iniciativa de Compromís, reclama incluir la devolución de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017, e insta a trabajar para “desligar futuras entregas a cuenta de la tramitación de la ley de Presupuestos Generales del Estado”.

También reclama “avanzar en la reforma inmediata del sistema de financiación, basada en las recomendaciones de los expertos nombrados por Les Corts de diciembre de 2017”, que contempla la transferencia del 70 por ciento de la recaudación del IVA y de los impuestos especiales, entre otras medidas.

De igual manera, se solicita al ejecutivo central a la aprobación de mecanismos temporales de compensación mientras esta reforma no se produzca; el reconocimiento de la deuda histórica desde que se produjeron las transferencias de competencias a la Generalitat, y la definición y establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficit.

Asimismo, propone modificar la normativa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para convertirlo en un órgano multilateral de decisión efectiva, equilibrando su composición para reducir el peso del Gobierno central en las decisiones y garantizando un mínimo de dos reuniones anuales ordinarias.

Desde Ciudadanos, la diputada Ruth Merino ha justificado la abstención de su grupo por entender que la iniciativa es «demagogia» y «postureo de cara a las elecciones» del 10 de noviembre, y ha presentado una enmienda, que no ha sido aceptada, para volver «al consenso de todos y a sumar». Vox ha votado en contra de la iniciativa porque aunque apoya la transferencia de las entregas a cuenta y la recaudación del IVA de diciembre de 2017, no quiere reducir el peso del Gobierno en el CPFF ni en reclamar la compensación de la deuda histórica, pues es partidario de devolver competencias al Estado.

Sesión de control crispada

Momentos antes de la aprobación de la iniciativa, se ha celebrado la primera de sesión de control de la legislatura, que se ha caracterizado por la crispación de grupos de la  oposición han pugnado por llevar la voz cantante en el objetivo de común de criticar y  erosionar la imagen del jefe del Consell, Ximo Puig, aprovechando asuntos como sus acciones en la empresa PECSA, editora del periódico Mediterráneo de Castellón

El debate ha girado constantemente en torno a   las subvenciones a los hermanos del presidente y el «despilfarro» en publicidad institucional que la oposición califica de «autobombo» y como referente de la cual esgrimen la entrevista realizada en el periódico británico The Guardian y que costó al erario 43.000 euros. Puig insistió en en que la entrevista no se pagó, y  se trató de una campaña institucional de promoción en Gran Bretaña que incluyó la promoción de un libro.

El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha tratado de ser el más  contundente que el PP-CV y Vox asguraron que las empresas de los hermanos  Puig habían recibido 475.800 euros en subvenciones, mientras en la última legislatura del PP recibieron 5.000 euros, y no ha duda en llamar al jefe del Consell “comisionista” por tener acciones en un grupo de comunicación al que la Generalitat pone publicidad, dentro del monto global de 20 millones de euros que gastó la pasada legislatura, “casi cinco veces más que el último gobierno del PP”. En su opinión, las acciones de Puig le reportan un beneficio de 500 euros al mes por la publicidad institucional que recibe ese grupo mediático.

Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, le ha pedido al president que responda “dónde queda el bien común cuando su Consell ha gastado“20 millones de euros en publicidad y 43.000 euros para autopromocionarse en The Guardian”. Puig ha afirmado que es “absolutamente falso” que esa entrevista fuera pagada, y ha señalado que se contactó con una empresa para posicionar a la Comunitat en el mercado británico y que lo que se pagó fue un libro con información de la Comunitat y un encarte sobre la economía valenciana, y ha asegurado que este Consell no hace las “campañas de autobombo del pasado”.

La portavoz del PP-CV, Isabel Bonig, ha aprovechado la primera sesión de control para cuestionar la gestión general del jefe del Consell.  En su opinión, Puig “no está preparado para afrontar la recesión económica que se avecina”, ya que “incapaz de controlar a sus socios”, y ha asegurado que “con Puig vuelven también los recortes, vuelve el paro, vuelve la crisis económica y vuelve el despilfarro y los enchufados”.

Bonig ha señalado que “mientras Puig no paga a los centros de menores ni a los centros especiales de empleo, coloca a 330 cargos y enchufados. Mientras no paga a las residencias de mayores, le da medio millón de euros en subvenciones a las empresas de su hermano y mientras cobra intereses a los centros de menores por la deuda que mantiene con ellos perdona deudas del IVF para rescatar empresas donde el Presidente tiene beneficios”.