El Gobierno da luz verde a los anticipos a cuenta que dan liquidez a las comunidades autónomas
La Comunitat percibirá 460 millones de los 4.682 aprobados este viernes por parte del consejo de ministros, que aprueba un plan de ayudas frente a la quiebra de Thomas Cook
Habrá liquidez en las comunidades autónomas. Este viernes el consejo de ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que permite dar luz verde a la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta de 2019 para las Comunidades Autónomas del régimen común y las Entidades Locales. Unos anticipos que estaban bloqueados por la provisionalidad del gobierno, y que asciendes a a 4.682 millones de euros, de los que 460 millones de euros corresponderán al Consell y permitirá dar liquidez a las cuentas autonómicas. Además, se aprobó un total de 821 millones a las corporaciones locales.
Según ha explicado, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, al término de la reunión del consejo de ministros, estas cantidades, junto a los anticipos ya entregados a lo largo del año, suman un total de 102.800 millones de euros para las comunidades autónomas y de 18.879 millones para las entidades locales.
Montero ha explicado que la aprobación de estos anticipos ha sido posible ahora tras haber quedado superados los reparos iniciales de la Abogacía del Estado, que entendía que un gobierno en funciones no podía condicionar con esta decisión la actuación del gobierno entrante. La situación, ha proseguido Montero, quedó resuelta con la convocatoria electoral del 10 de noviembre, dado que el nuevo ejecutivo no podrá conformarse como mínimo hasta diciembre y «ya no tendrá capacidad para intervenir en las cuentas pasadas de 2019».
Por otro lado, un análisis de los planes de tesorería de todas las comunidades autónomas realizado por el Ministerio de Hacienda ha puesto de relieve que algunas de ellas podrían tener dificultades de pago a partir del mes de noviembre, lo que ha permitido declarar la situación de urgencia «para que no se menoscabe la prestación de los servicios públicos fundamentales», ha continuado Montero.
La ministra ha destacado el trabajo realizado para buscar soluciones dentro de la legalidad vigente, de forma que esta ha sido la primera vez que un Gobierno, estando en funciones y con un presupuesto prorrogado, ha podido aprobar la actualización de las entregas a cuenta: «supone un fortalecimiento de la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas», ha dicho.
De igual manera, ha considerado necesario que este «precedente» sea tenido en cuenta en la próxima reforma del modelo de financiación para que «un bloqueo presupuestario o institucional» en el gobierno estatal no impida que las comunidades autónomas reciban «los recursos que les corresponden y a los que tienen derecho».
Montero ha finalizado explicando que el ministerio de Hacienda notificará a partir de hoy a las comunidades autónomas y ayuntamientos qué cantidad exacta les corresponde y les informará de la liquidación del sistema de financiación relativa a 2018 de cara a sus próximas previsiones presupuestarias.
Medidas frente insolvencia Thomas Cook
Por otra parte, el consejo de ministros ha aprobado el real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes dirigidas a paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, así como al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español.
En este sentido, la ministra de Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que “el Gobierno ha trabajado intensamente para coordinar el trabajo de las Administraciones públicas con el sector privado a fin de definir un paquete de medidas que se concreta en este real decreto-ley con el que queremos minimizar en lo posible los efectos de la insolvencia de Thomas Cook, pero también mejorar la competitividad y la adaptación del sector turístico, que es clave en la economía española, a las nuevas tendencias globales del mercado”.
Así, en el texto del real decreto-ley se explica que la gravedad de la situación actual y la necesidad de adoptar medidas de forma inmediata hacen imprescindible una acción normativa que ofrezca respuesta rápida, por lo que el real decreto-ley es el instrumento adecuado, dado que las medidas incluidas en él “responden a una situación de extraordinaria y urgente necesidad”.
Asimismo, en opinión de la ministra, es necesario impulsar “la imprescindible sustitución de la dependencia que al referido operador estaban sometidas multitud de empresas, por soluciones alternativas más vinculadas a la sociedad de la información, la digitalización y con una mayor diversificación a las que estas empresas deben adaptarse con carácter inmediato”.
Las actuaciones y medidas responden, principalmente, a un principio de temporalidad y atienden a todas las Comunidades Autónomas afectadas, y especialmente a Canarias e Illes Balears por ser territorios singularmente afectados y más sensibles ante las circunstancias excepcionales previamente señaladas.
Las actuaciones y medidas constituyen el necesario complemento de las ya adoptadas por los órganos competentes en materia de aeropuertos y tránsito y transporte aéreo, dirigidas a asegurar la conectividad aérea con los territorios más afectados.
