El TSJCV da la razón al Consell y niega la suspensión cautelar de la ZAL del puerto
Satisfacción en el puerto por la decisión judicial que allana las inversiones superiores a los 73 millones planteadas por las cuatro primeras empresas que pretenden instalar sus logísticas en la zona
La Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia (ZAL) cada día es más realidad. Al menos, eso se desprende de la decisión de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la que reniega la suspensión cautelar del Plan Especial aprobado por el Consell, tal y como demandaba judicialmente la Asociación Ciudadana per L’Horta.
Según explican los magistrados en el auto, “la asociación no ha probado, como exige el art. 130 de la Ley 29/1998, que la inmediata ejecución del acto impugnado cuya suspensión cautelar postula haga perder su finalidad legítima al presente recurso contencioso-administrativo por crear una situación jurídica irreversible que haga ineficaz la sentencia que, en su caso, estime dicho recurso, imposibilitando el cumplimiento de esa sentencia en sus propios términos, con merma del principio de identidad”.
En este sentido, se señala que “la propia asociación que solicita la medida cautelar reconoce que la práctica totalidad de las obras de urbanización de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia se encuentra ejecutada en la actualidad (en la resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de 17 de diciembre de 2018 se indica que “en el estado actual, el ámbito está completamente urbanizado. Y la unidad de ejecución UE-2, de uso residencial, además, está consolidada por la edificación, excepto las parcelas R.1.1, R.1.2 y R.1.3”), por lo que, sin perjuicio de que se pueda, en caso de estimación del recurso contencioso-administrativo, revertir el estado de la urbanización —como así pone de relieve el dictamen aportado por dicha asociación—, lo cierto es que, a los efectos meramente cautelares que ahora importan, el hecho de encontrarse la zona ya urbanizada lleva a considerar, se reitera, que la inmediata ejecución del plan especial impugnado no hace perder su finalidad legítima al recurso contencioso-administrativo”.
De igual manera, el auto niega, como dice los demandantes, que la ejecución del plan especial de la ZAL ocasionará perjuicios en los valores ecológicos, agrícolas y paisajísticos del suelo afectado por el ámbito del plan especial, ya que, “como aduce el Abogado del Estado, el plan especial recoge en su informe ambiental y en su estudio de integración paisajística la protección de los valores medioambientales, ecológicos y paisajísticos”.
Valoración positiva
Desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se valora positivamente la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la que se deniega la petición realizada por la Asociación Ciudadana per l’Horta de suspender cautelarmente la puesta en marcha del plan especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, aprobado el mes de diciembre último, por resolución de la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana.
La denegación de la suspensión cautelar, por las consideraciones que realiza el TSJCV, es una buena noticia para el puerto y la Comunidad Portuaria; pero sobre todo para Valencia y para los barrios próximos a la ZAL. La decisión del Alto Tribunal valenciano permite continuar con los planes y plazos previstos por la APV para atender las solicitudes de inversiones superiores a los 73 millones de euros planteadas por las cuatro primeras empresas que se han comprometido a instalar sedes logísticas en la ZAL del Puerto de Valencia; y allana el camino para nuevas propuestas de inversión que se podrían plantear en breve.
Con estas inversiones se permitirá la creación de 1.518 empleos (188 directos y 1.330 indirectos), según se desprende de las ofertas socioeconómicas de las empresas referidas. Se trata de un empleo previsto, en concordancia con los puestos de trabajo que este tipo de actividad genera en otras zonas logísticas portuarias.
Las cuatro primeras empresas aspirantes para instalarse en la ZAL del puerto de Valencia se comprometen a contratar a parados de larga duración y a personas en riesgo de exclusión social. En todos los casos, los proyectos empresariales presentan un fuerte componente ecológico, ya sea por la instalación de complejos sistemas de ahorro energético y plantas fotovoltaicas o por el compromiso de no contratar suministro eléctrico procedente de combustibles fósiles.
