Luna asume el `Síndic de Greuges’ con el reto de su modernización y el último recurso de los no tienen nada
Anuncia un compromiso de imparcialidad e independencia en su gestión, y denuncia que las valoraciones de dependencia arrastran «un retraso casi intolerable»
El Síndic de Greuges ya tiene nuevo inquilino. Este martes quien fue adjunto de la misma entidad, Ángel Luna, ha tomado posesión en Les Corts Valencianes como nuevo defensor del pueblo valenciano ante la totalidad de la junta y mesa de la institución. Y lo ha hecho con dos retos fundamentales la “modernización de la institución” y continuar siendo “el último recurso de los que no tienen recursos”.
Luna ha reiterado su «compromiso personal con la independencia y la imparcialidad», y se ha comprometido a “extender la institución por todo el territorio”, buscando criterios de eficiencia y aprovechando las nuevas tecnologías, aunque reconocido que lo ideal sería tener oficinas en Valencia y Castellón, ya que la ubicación de la sede en Alicante hace que haya más quejas de dicha provincia como refleja anualmente la memoria.
Y esta situación, en su opinión, se debe a que “es el último recurso de los que no tienen recursos”, ya que “el Síndic ayuda a personas que, si tuvieran medios, se buscarían un abogado y pleitearían u otras opciones”.
Por ello, ha explicado su intención de “modernizar la institución sin que esto sea incompatible con la realidad de las personas que lo necesitan y sin olvidar que las nuevas tecnologías quedan muy lejos de muchos de ellos», incidiendo en la necesidad de compatibilizar la accesibilidad con la extensión territorial y el conocimiento de la institución.
En este sentido, ha destacado la labor del movimiento asociativo y de los trabajadores sociales por dar a conocer la institución al ser uno de sus recursos para denunciar sus necesidades. Así, ha aprovechado mostrar especialmente “su preocupación” por los derechos de las personas con discapacidad y ha lamentado los «retrasos casi intolerables» en las valoraciones de dependencia, especialmente, en Alicante y Valencia donde las declaraciones de dependencia “tiene un retraso casi intolerable”, por lo que se ha comprometido a trabajar para ayudar a que este colectivo tenga «un derecho que tiene y está siendo vulnerado por una administración que no se muestra lo suficientemente rápida».
