El requisito lingüístico bloquea al Botànic
Compromís pospone la propuesta de la Conselleria de Justicia y Administración Público sobre el grado de valenciano que deben aportar los aspirantes a ser funcionarios de la Generalitat
Se trataba de una cuestión pendiente de la anterior legislatura, y parece que continuará siéndolo en los próximos meses. Y es que esta semana tenía que haberse debatido en el Consell, el anteproyecto de Ley de Función Pública para comenzar a tramitarse esta norma que comenzó a redactarse en 2016, y que está bloqueada desde entonces, por la falta de acuerdo entre el PSPV y Compromís, por el requisito lingüístico para acceder a la administración.
Una cuestión, en la que dos socios no consiguen ponerse de acuerdo, y cuando parecía que, este viernes iba desbloquearse, tras su paso el jueves por el consellet, la reunión de secretarios autonómicos y subsecretarios preparatoria de las reuniones, la iniciativa volvió a caerse, tras el veto de los representantes de Compromís. Desde esta formación, se pretende que la Conselleria de Educación, a través de la dirección de Política Lingüística, participe en el establecimiento de los requisitos lingüísticos en valenciano que deben aportar los aspirantes a ser funcionarios de la Generalitat.
Ante esta situación la Conselleria de Justicia y Administración entabló hace 15 días un diálogo con la Conselleria de Educación dirigida por Vicent Marzà (Compromís) para intentar desatascar el reglamento específico que ha de desarrollarse para regular la implementación de la capacitación lingüística en función de cada puesto funcionarial.
Desde Educación se plantearon tres propuestas a Justicia y, según las fuentes consultadas, había acuerdo sobre una de ellas, en virtud de la misma, se condicionaba la aprobación del borrador del citado reglamento, que debería ser elaborado por una comisión de expertos, a un informe favorable de la dirección general de Política Lingüística.
Sin embargo, en la reunión del consellet, los representantes de Compromís echaron atrás la medida, aplazándola para debatirla al menos durante una semana más. El encargado de comunicar dicha postura fue Alberto Ibáñez, secretario autonómico de la conselleria de Igualdad y Diversidad que encabeza la vicepresidenta Mónica Oltra. Esta circunstancia causó sorpresa entre algunos miembros del Consell, puesto que Ibáñez no había ejercido como interlocutor en las negociaciones y había presentes cargos de Educación.
No obstante, desde Educación se asegura que existe un acuerdo con Justicia sobre «el fondo de la cuestión» y los asuntos importantes, como la necesidad de determinar niveles de capacitación lingüística diferentes adaptados a las necesidades de cada puesto de trabajo para garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la administración en cualquier de las dos lenguas oficiales. Sin embargo, de momento, no existe acuerdo y la iniciativa continuará, de momento, paralizada.
