Desbloqueada la ley de la función pública y el requisito lingüístico

PSPV y Compromís alcanzan un acuerdo ante la presión de los sindicatos que deja la cuestión a expensas de un desarrollo reglamentario y un informe previo de política lingüística

Definitivamente este viernes habrá ley de función pública valenciana, tras el acuerdo alcanzado ‘in extremi’ entre el PSPV y Compromís sobre la aplicación del requisito lingüístico, aspecto que bloqueaba la aprobación de la ley, y que se ha desbloqueado ante la presión de los sindicatos que reclaman desde hace tiempo la nueva legislación regule la administración valenciana.

Según el acuerdo alcanzado, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley el Consell aprobará, a propuesta de la Conselleria competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que regule la acreditación del nivel de los conocimientos de valenciano en el empleo público de la Comunitat.

Esta disposición reglamentaria será elaborada por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, que dirige la socialista, Gabriela Bravo, pero, deberá contar con un informe previo favorable en lo relativo a esta materia por parte de la Conselleria de Educación, competente en materia de política lingüística, la que dirige Vicent Marzà de Compromís.

El acuerdo alcanzado señala que las previsiones contenidas en esta ley relativas a la acreditación de los niveles de conocimiento lingüístico entrarán en vigor cuando se apruebe el reglamento sobre la acreditación del valenciano en la función pública.

En principio, se  mantiene lo previsto en el anteproyecto de ley de Función pública,  aprobado en enero de 2018, que recogía que las relaciones de puestos de trabajo incluirían la competencia lingüística requerida en el conocimiento del valenciano, que sería proporcional a las características y necesidades del cargo.  El reglamento deberá regular el requisito para cada nivel administrativo.