Puig promete 97 millones para autónomos y empresas ante la crisis del coronavirus
La CEV solicita rapidez y agilidad en la implementación de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley para que resulten eficaces, así como más apoyos a los autónomos
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado la puesta en marcha un primer paquete de medidas por importe de 97 millones de euros de apoyo a los autónomos y a la solvencia de las empresas ante la crisis del coronavirus. Estas actuaciones, en las que ya trabajan las conselleries de Hacienda y Economía, se llevarán a cabo con la coordinación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la participación de los agentes sociales.
Puig ha comparecido tras la reunión mantenida en el Palau con el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; el secretario general de CCOO PV, Arturo León, y los consellers de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, para analizar con detalle el real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus y estudiar la aplicación de medidas complementarias para la Comunitat Valenciana por parte del Consell. Al encuentro ha asistido también el director del IVF, Manuel Illueca.
En su intervención, ha resaltado la acogida favorable de los representantes empresariales y de los sindicatos valencianos al real decreto-ley aprobado este martes por el Ejecutivo estatal, ha subrayado que la Generalitat impulsará todos los mecanismos necesarios para facilitar la aplicación de estas medidas avanzadas por el presidente, Pedro Sánchez, que además se verán reforzadas con otras adicionales en las que ya trabaja el Gobierno valenciano.
A este respecto, la Generalitat, a través del IVF, articulará una línea de 40 millones ampliables en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas y que puedan solicitar préstamos a los bancos con el aval del 50% del Gobierno de España, tal y como anunció este martes el presidente del Ejecutivo central.
Los créditos participativos del IVF computarán como capital de las empresas. El banco público dará una carencia de tres años a estos préstamos, que serán a 10 años, para garantizar la recuperación de las empresas.
Es una medida complementaria para facilitar que las empresas valencianas accedan al programa de financiación anunciado este martes por el Gobierno, ya que, tal y como ha subrayado el president de la Generalitat, «el objetivo es que no se destruya empleo», sino que se proporcione liquidez a las empresas y se facilite, por parte del IVF, «el instrumento más potente que tiene la Generalitat», que el empresariado valenciano con problemas por la crisis del coronavirus se pueda acoger a estos créditos.
57 millones para autónomos
Además, ha señalado también que la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, habilitará un línea por importe de 57 millones de euros, «para actuar a favor de los autónomos, en coordinación con el IVF y con los agentes económicos y sociales». Se trata, ha enfatizado Ximo Puig, de que «nadie quede al margen», de que «ningún autónomo se tenga que dejar su actividad».
De igual manera, ha avanzado a este respecto que la próxima semana tendrá lugar un pleno extraordinario para aprobar las actuaciones en favor de los autónomos y que este mismo jueves se constituirá una mesa de trabajo con participación de la Generalitat y de los representantes empresariales y sindicales.
Rapidez medidas
Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha exlicado en que las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “van en la buena dirección, pero puede que sean insuficientes si no se ponen en marcha de forma rápida y ágil. Si no llegan pronto puede ser tarde para muchas empresas y trabajadores”. “Puede ser también tarde para los empresarios autónomos” para los que Navarro pide que se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones si sus ingresos son cero.
De igual manera, ha agradeido que el decreto recoja las medidas propuestas respecto de los ERTE de fuerza mayor y causas económicas y productivas, tanto en materia de reducción de plazos como de agilización del procedimiento, así como respecto de las consecuencias para empresas y trabajadores: exoneración total o parcial de la obligación de cotizar para la empresa y acceso a la protección por desempleo universal para los trabajadores. No obstante, considera que, en el caso de los sectores afectados directamente por el Decreto del estado de alarma, los ERTEs deberían aprobarse de forma automática por parte de la Administración, sin esperar al informe de la inspección de trabajo, tal y como ya se prevé en el propio art.22 del Real Decreto-Ley.
También establece una prestación por cese de actividad extraordinaria en favor de los autónomos afectados por la crisis sanitaria. No obstante, la CEV echa de menos un mayor apoyo al colectivo de empresarios autónomos, “sus ingresos serán cero, también tienen que serlo sus cotizaciones”.
Respecto a la salvaguarda de empleo prevista en la disposición adicional sexta, el presidente de la CEV considera que es “indeterminada y por lo tanto sin seguridad jurídica”. Alude a un compromiso del empresario de mantener el empleo que deja en manos de la interpretación que del texto pueda hacer la inspección de trabajo. “La mera finalización de un contrato temporal ya quebraría, supuestamente, este compromiso”, ha señalado.
“Estamos ante una crisis temporal. Esperamos que todas las medidas amortigüen las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y que la recuperación pueda ser rápida.”, ha concluido Navarro.
