Alicante da luz verde a una batería de iniciativas por la crisis del COVID19

Se ha reclamado al Gobierno por unanimidad instar al Gobierno a permitir usar el superávit para atender los gastos ocasionados para combatir los efectos negativos del coronavirus en Alicante

El pleno del ayuntamiento de Alicante, celebrado este jueves de manera telemática, ha aprobado varias iniciativas para frenar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia del COVID19, entre ellas, la a creación de una comisión específica sobre el COVID19, que ha contado con la abstención sólo de Unidas Podem, y que pretende debatir y plantear todas las medidas necesarias, y que sean competencia del Ayuntamiento de Alicante, para propiciar una rápida reactivación de la vida económica de la ciudad, una vez se decrete el desconfinamiento y comience el proceso de normalización de la actividad.

Otra de las iniciativas aprobado, en este caso por unaminidad, otra iniciativa en la que apelan a participar en la construcción de este nuevo futuro tras la crisis de la COVID19. En este sentido, se ha acordado solicitar al Gobierno de España que flexibilice la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit para destinarlo a gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad, ciudadana, limpieza, transporte, residuos y desinfección, así como otras acciones para atender a la población más vulnerable ocasionadas por el estado de alarma.

Entre las 19 medidas solicitadas se incluyen además la prorroga del destino del superávit de 2019 a 2020 y su autorización de gasto en áreas en las que no son competentes como empleo, educación,… Se pide que los ayuntamientos participen en los fondos que habilite el Estado en materia de reactivación económica y social y que se cree un Fondo de Reactivación de la Economía y el Empleo Local una vez superada la pandemia. También se piden fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 a la reconstrucción de las economías locales y se promuevan proyectos EDUSI para la lucha contra los efectos del COVID19, la recuperación del Contrato Temporal de Inserción para uso de las Administraciones Públicas y que se destine el déficit de las Comunidades Autónomas a planes locales de Empleo.

Además se solicita flexibilizar la contratación pública tanto en lo referente a servicios y suministros necesarios y para hacer frente a los perjuicios ocasionados a los contratatistas por la suspensión y ampliación de los contratos, además de la exención del IVA aplicado a los contratos de obras públicas relacionadas con la COVID19. También, la eliminación de la tasa de reposición para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para hacer frente a las vacantes y envejecimiento de las plantillas, entre otros gastos realizados para mantener la prestación de los servicios públicos con seguridad.

De igual manera, se ha aprobado otra declaración onstitucional, presentada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante,s e ha aprobado con los votos a favor de PP-CV, Ciudadanos y Vox, la abstención de PSPV y Compromís y el voto en contra de Unidas Podemos, solicitar al Gobierno la implantación de un sistema especial de protección del sector turístico reclamado por patronal y sindicatos, que contempla medidas laborales, financieras, fiscales, sanitarias y de comunicación. Estas medidas han sido propuestas en los planes presentados por la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), la patronal Hosbec como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y las centrales sindicales Federación de Servicios de Comisiones Obresras (Servicios-CC.OO.) y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT).

Asimismo, se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos municipales, salvo los dos concejales de Compromís, una declaración institucional en la que se urge a la Generalitat, y particularmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, para que apruebe y abone las rentas valencianas de inclusión (RVI) que esperan 1.159 familias alicantinas con expedientes favorables de los 1.317 que han sido elevados por los servicios sociales municipales a la Conselleria para su resolución, más allá de los 52 que han resuelto en marzo.

En la sesión también se ha puesto en conocimiento de los representantes políticos los más de una veintena de decretos que ha firmado el alcalde, Luis Barcala, desde el inicio del Estado de Alarma para hacer frente, dentro de las competencias municipales, a la crisis sanitaria, social y económica que ha desatado la expansión del Covid 19. De entre todos destaca el Plan de Medidas y Ayudas Sociales y Económicas de Emergencia, dotado con 13 millones de euros. La finalidad del mismo es paliar los daños generados en las personas y en el entorno familiar, en el empleo y en el sector económico y productivo por el confinamiento y los cierres y paralización de la actividad económica y elaborar una estrategia de recuperación de la economía y el empleo.

Salvador Puigdengolas Rosas

Salvador Puigdengolas Rosas Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana