Vox y PP consiguen aplazar la ley valenciana de juego al impugnar el voto ponderado
La nueva ley dificultará busca impedir el acceso tanto presencial como visual de los menores y ludópatas este tipo de negocios, que no podrán estar próximos a los centros educativos
Los diputados de Vox, con el respaldo del PP-CV, han logrado este lunes forzar el aplazamiento de la nueva Ley del Juego y contra la Ludopatía valenciana que estaba previsto ser votada con el apoyo del PSPV, Compromís y Unidas Podem, y la oposición de Ciudadanos, el PP-CV y Vox. La formación emergente de derechas había presentado este domingo un escrito en el que impugnaban el voto ponderado que la institución había elegido para resolver la votación de manera rápida, un escrito que contó con el respaldo de la portavoz popular, Isabel Bonig, que también se opuso a este modelo de votación.
Este sistema de voto ponderado cada portavoz vota por sí mismo y por todos los diputados de su formación. Según el escrito de Vox, “a la vista del escrito presentado por el Presidente de Las Cortes Valencianas entiendo que el sistema de voto ponderado comporta una vulneración de mis derechos como Diputado en cuanto a las votaciones”. Y añade que “el Reglamento de Las Cortes Valencianas no contempla la posibilidad del voto ponderado en Pleno, sí lo hace para las decisiones de la Junta de Síndicos y las distintas Comisiones de Las Cortes”. Por lo que se pide el voto telemático.
Sin embargo, el retraso de la votación a priori no supondrá una paralización de la validación de la ley, el president de Les Corts, Enric Morera, tras consultar con la Mesa, ha decidido posponer la votación al próximo jueves día 28. Lo que sí sorprende es el cambio de actitud de los populares que, en la última junta de portavoces, no se mostraron ningún obstáculo contra la ley, y que coincide con el endurecimiento de la campaña realizada por el sector, y que ha contado con anuncios publicitarios en algunos medios de comunicación, aunque la mayoría, entre los que se encuentra Mediterráneo Press, ha rechazado la emisión de la misma.
Una ley pionera en España
La nueva Ley del Juego valenciana, que sustituye a la de 1988, introduce importantes restricciones como en la separación de los salones de juego o casas de apuestas, que deberán situarse a 850 metros de centros educativos, y a una distancia no inferior a 500 metros entre ellos. Se impondrán controles de acceso a pie de calle (al igual que bingos o casinos, lo que impedirá la entrada de personas fichadas como “ludópatas”) y se considerará sala de juego también a los locales de hostelería, como bares, que tengan este tipo de máquinas de apuestas. También obliga a bares y restaurantes a dotar de mando a distancia a las máquinas de tipo B, las conocidas popularmente como tragaperras.
Cuando comenzó a tramitarse esta norma se buscaba dar respuesta, entre otros, a la profunda inquietud que se ha desatado contra las casas de apuestas que están proliferando en los barrios de las ciudades y su efecto entre los más vulnerables y los menores de edad. Según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, esta ley pretendía eliminar el efecto llamada de este tipo de salones en los barrios más populares de las ciudades.
Dentro de la política sancionadora se multiplica el montante de las sanciones en caso de incumplirse. Así, de los 3000 euros anteriores (en los que no se exigía un control a las salas) se pasa a 6.000 euros; y se contempla desde la suspensión temporal de licencias a el cierre de estos locales por varios años. El dinero de las sanciones se destinarán a programas contra la ludopatía.
Rechazo a la ley del sector
En las últimas se producido ha una fuerte reacción de la patronal del sector. Las Asociaciones del sector del juego Andemar CV, Anesar CV, Apromar, Asomar, las patronales del sector del juego privado de ámbito nacional Cejuego y Anesar, ambas pertenecientes a CEOE, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana(Conhostur), la CEV y el sindicato UGT han pedido la paralización de la norma por el efecto que en el empleo puede generar su aprobación.
El pasado jueves lanzaban un comunicado conjunto en el que advertían de que la entrada en vigor puede llevar al cierre a más de 400 salones de juego y a la pérdida de casi 3.000 empleos directos y cerca de 8.000 indirectos. El sector, según sus datos, mueve el 2,3% del PIB regional y genera ingresos fiscales de 140 millones de euros en la Hacienda autonómica.
Por su parte, SOS Hostelería puso en marcha ayer la campaña ‘Desde el 15 de Marzo CERRADO por Coronavirus… A partir del 25 de Mayo, CERRADO por la Ley del Juego’ para manifestar su rechazo a la nueva normativa.
