EconomíaJusticia y sucesos

El Supremo rechaza el recurso de la Generalitat contra Intu Mediterráneo

Justifica la inadmisión por “irrecurribilidad” de la sentencia al tratarse de aplicación de derecho autonómico “siendo los preceptos estatales infringidos meramente instrumentales”

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) del 8 de octubre de 2019 que anuló una resolución de la administración autonómica que denegaba el proyecto de centro comercial Intu Mediterráneo.

En una providencia fechada el 10 de julio el alto tribunal argumenta la inadmisión por “irrecurribilidad” de la sentencia al tratarse de aplicación de derecho autonómico “siendo los preceptos estatales infringidos meramente instrumentales”.

De igual manera,  observan «falta de fundamentación» y se remiten a la sentencia del TSJCV para señalar que «dio contestación explícita y suficientemente razonada». Además, consideran que los escritos preparados «carecen de interés casacional en los términos en los que ha sido articulado el respectivo recurso».

Así, detalla que el rechazo se debe a no haber efectuado “fundamentación suficiente y singularizada” y subraya que la sala, en el auto del diciembre de 2019, dio contestación “explícita y suficientemente razonada” a la sentencia recurrida en casación.

La Abogacía de la Generalitat presentó recurso en casación ante el TS al considerar que el fallo del TSJCV chocaba con legislación estatal y directiva europea y, por ello, solicitaron al alto tribunal que dictara doctrina para asegurar un proceso con todas las garantías medioambientales, sociales y económicas.

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV anuló la resolución de 2016 que denegaba la propuesta de los promotores de Puerto Mediterráneo por entender insuficiente la memoria ambiental elaborada por la conselleria competente y emplazó a realizar una nueva que fije las condiciones para que la actuación propuesta por la mercantil Eurofund Investiment Puerto Ademuz sea sostenible.

Las desavenencias de Intu con la administración valenciana se iniciaron desde el principio por, principalmente, no guardar la distancia suficiente con las carreteras colindantes, CV-25 y CV-31. También pesaron aspectos de contaminación o el hecho de que el espacio a construir fuera la una de las pocas bolsas de suelo del área metropolitana de Valencia.

Los promotores del proyecto para instalar el centro comercial en Paterna aseguraron en su día que contaba con una inversión de 860 millones de euros y generaría más de 5.000 puestos de trabajo en la fase de operación y más de 3.000 empleos en la fase de construcción.