Los agricultores reclaman un frente común en defensa del trasvase Tajo-Segura
La Unió de Llauradors no tolerará que se recorte ni un solo hectómetro cúbico de agua de las actuales reglas de explotación del trasvase, y reclama a la Generalitat firmeza en el rechazo
La defensa del trasvase Tajo-Segura ha vuelto a unir a los agricultores de la Comunitat Valenciana. Al menos, así se desprende del comunicado enviado este miércoles por la Unió de Llauradors que ha manifestado su “rotunda oposición al cambio de las reglas de explotación del trasvase del Tajo al Segura que pretende el Ministerio de Transición ECOLÓGICA”, así considera “irrenunciable mantener el actual reglamento que establece en 38 hm3 la cantidad de agua mensual a trasvasar”.
Según el sindicato agrario, “rebajar el límite de 38 hm3 a 27 hm3, sin el necesario consenso y sin argumentos lógicos, para trasvasar agua de la cuenca del Tajo al Segura es una jugada muy sucia del Ministerio que dirige Teresa Ribera que compromete seriamente el futuro de la agricultura alicantina y no lo podemos tolerar como organización agraria que defiende los intereses de los agricultores, de los regantes de nuestro territorio”.
la organización cree que hay que impulsar una unidad de acción para desmontar este atropello y le reclama a la Generalitat firmeza en el rechazo ante la decisión del Gobierno. En las próximas semanas estudiará también posibles acciones de protesta al respecto.
En este sentido considera que “estos vaivenes gubernamentales en relación al agua crean demasiada incertidumbre a los agricultores porque no saben al final lo que tienen que plantar y no animan a la gente joven que se quiere incorporar al sector y máxime con el necesario relevo generacional que se necesita”.
De igual manera, la Unió de Llauradors indica que los problemas hídricos en las comarcas del sur de Alicante afectan a más de 30.000 familias que viven directamente de la agricultura y a otras muchas que dependen indirectamente de la actividad agraria, como es la industria auxiliar o del transporte y que “no se puede poner en duda una infraestructura básica para la economía de la provincia”.
