Nuevo escándalo: La UCO detiene a Rafa Rubio y Alfonso Grau por el cobro de ‘mordidas’ en adjudicaciones públicas

La Delegada del Gobierno anuncia el “cese inmediato” de Rafa Rubio y el PSPV le suspende de militancia y le abre expediente mientras dure la investigación

Vuelven las intervenciones policiales a Valencia. Este jueves la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a primera hora al subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio; al ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; a una de sus hijas; y al constructor Jaime María Febrer, así como al jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en la que los políticos se habrían beneficiado económicamente a cambio de determinadas adjudicaciones inmobiliarias, dentro de la segunda fase de la Operación Azud que investigan un juzgado de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Además de esas cuatro detenciones, los agentes de la Guardia Civil especializados en corrupción han arrestado a otras nueve personas, en una operación simultánea llevada a cabo en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso (Ciudad Real).

Tanto Rubio, que era portavoz de la oposición en esa época, como Grau, están acusado por la fiscalía por el cobro de ‘mordidas’ en adjudicaciones públicas durante la primera década del siglo XX. En el caso del popular tiene ya varias acusaciones vinculadas a la financiación irregular de los populares de la ciudad de Valencia, mientras que Rubio tiene otra denuncia de su época en la corporación provincial.

Tras su detención, Rafael Rubio ha sido destituido de manera fulminante por parte de la delegada del Gobierno, Gloria Calero,  mientras que agentes de la UCO de la Guardia Civil registran su vivienda en la capital del Turia y ya han sacado al menos una maleta con efectos en su interior. Desde el PSPV-PSOE ha decidido, al mismo tiempo, suspender de militancia a Rubio.

Mientras los agentes de la UCO se encuentran practicando el registro de las viviendas de los principales implicados, se ha procedido al precintado de los despachos tanto de Vera en Divalterra como el de la subdelegación del Gobierno de Rafael Rubio.

La Operación Azud tuvo su primera fase hace poco más de dos años, en abril de 2019, con la detención del cuñado de Rita Barberá, el abogado José Luis Corbín, y su socio, así como con la imputación en esa causa de su mujer y hermana de la fallecida alcaldesa de Valencia, Asunción Barberá, y de las tres hijas del matrimonio, una de las cuales está contratada como asesora del grupo municipal popular, que dirige María José Catalá, desde hace unas semanas.

El origen de la investigación de Azud se sitúa en una denuncia de la Agencia Tributaria derivada de una inspección fiscal realizada al cuñado de Rita Barberá, que se saldó con una regularización por importe de 600.000 euros. Una vez satisfecha la diferencia a favor del fisco, Hacienda presentó la denuncia por presunto delito fiscal contra Corbín. Fue a partir de ese momento cuando la UCO y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron las pesquisas que derivaron en la detención del abogado y de su familia.

Corbín está acusado de catalizar, a través de su despacho profesional, el cobro de comisiones ilegales a contratistas del Ayuntamiento de Valencia y, según las investigaciones de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza del caso, se habría erigido en la principal puerta de entrada de quienes pretendían cualquier negocio con el consistorio en las distintas legislaturas del Partido Popular. De hecho, la investigación del caso Azud abarca desde 2005 hasta 2015.

Las detenciones practicadas este jueves son consecuencia de la investigación realizada por la Guardia Civil a partir de la documentación intervenida en la primera fase, y que habría puesto al descubierto una trama de mordidas -en metálico y en especie- para obtener tanto el derecho de construcción en parcelas de propiedad municipal como la compra de las mismas, que en muchas casos ni siquiera llegó a concretarse porque la llegada de la crisis económica dio al traste con las pretensiones del presunto corruptor, el empresario Jaime María Febrer, vinculado a una de las mayores operaciones urbanísticas de la ciudad: la compra de los terrenos en los que se levantaban los depósitos de CHL en Natzaret, por un importe de 300 millones de euros.

La firma de Febrer objeto de investigación en esta segunda fase de la Operación Azud, Construcciones Valencia Constitución (CVC), quedó formalmente disuelta por un juzgado de Valencia en 2013, tras un proceso de liquidación que la mantuvo durante un año en concurso de acreedores.

Entre las parcelas de titularidad pública sobre las que el empresario ahora detenido habría adquirido derechos de construcción entre los años 2007 y 2010 gracias al entramado de presuntos amaños descubierto ahora habría algunas precisamente en el distrito del Marítimo, en las inmediaciones del Puerto, y otras, en el de Quatre Carreres.

Todos los detenidos han sido llevados a distintos acuartelamientos de la Guardia Civil en Valencia para mantener la incomunicación entre ellos, ya que la causa que sigue un juzgado valenciano desde 2017 continúa secreta.