Les Corts endurece las sanciones por el ‘botellón’ a raíz de la pandemia
Serán calificadas como infracción grave y tendrá sanciones entre los 601 y 30.000 euros, mientras que acuerda un incremento retributivo del 0,9 % para el personal empleado público
El pleno de Les Corts ha convalidado este jueves dos decretos leyes relacionados con la pandemia de coronavirus, uno sobre sanciones por el consumo de alcohol en la vía pública, el tradicional el botellón, endureciendo las sanciones y otro, sobre ayudas al ocio nocturno. Además, se ha acordado incrementar un 0,9 % las retribuciones de los empleados públicos de la Generalitat.
El pleno, que ha sido el último de este periodo de sesiones, ha aprobado el decreto ley que modifica el régimen sancionador de las medidas de prevención de la COVID19 para añadir como infracción grave el consumo de alcohol en la vía pública, el botellón, que se multará con sanciones que van desde los 601 a los 30.000 euros.
Hasta ahora, eran las ordenanzas municipales las que sancionaban el botellón, pero mediante esta modificación se incorpora como infracción grave al régimen sancionador contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante el coronavirus9.
Este mismo decreto ley avanza la prohibición de vender bebidas alcohólicas en supermercados y tiendas al por menor a las 20:00 horas, en lugar de a las 22 horas, como estaba regulado hasta este momento.
Incremento retributivo
De igual manera, se ha convalidado el decreto ley que regula el incremento retributivo del 0,9 % del personal empleado público para 2021, que beneficiará a cerca de 165.000 trabajadores y que incluye la tasa de reposición del 110 % en sectores prioritarios y del 100 % en el resto.
Se trata de un incremento que será efectivo en la nómina de julio, con carácter retroactivo al 1 de enero, y que supondrá un desembolso de 82 millones de euros para la Generalitat, que con esta medida aplica el aumento retributivo estipulado por el Estado.
Ayudas ocio nocturno
Asimismo, ha convalidado el decreto ley que amplía en 4,8 millones de euros la partida destinada a ayudas a los locales de ocio nocturno por la crisis de la COVID19, con el fin de dar cobertura a todas las solicitudes presentadas, por lo que el sector recibirá en total 12,8 millones de euros.
De esta manera, se amplía la cobertura financiera al decreto ley aprobado, por el Consell, para destinar ayudas por 8 millones de euros a este sector, importe que ahora se amplía para atender todas las solicitudes que se han presentado y que cumplen los requisitos, que han sido más de las esperadas, con el fin de garantizar la supervivencia de estos establecimientos.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha indicado en el pleno que el Consell anunció que «no iba a dejar a nadie atrás», y con este decreto quiere dar «el merecido soporte económico» a estas empresas, que se han visto afectadas por cierres, limitación de aforos o restricción de horarios para disminuir la interacción social y, con ella, la expansión del virus.
Enmiendas totalidad
Finalmente, el pleno ha rechazado la enmienda de totalidad de Vox al proyecto de ley del Fondo de cooperación municipal. Según el portavoz adjunto del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, este proyecto de ley “revienta el principio de autonomía local previsto en la Constitución. Este proyecto de ley es abiertamente inconstitucional”, y ha criticado que el Consell quiere inmiscuirse en las competencias de las diputaciones y otras entidades locales. En su opinión, “Ustedes lo que quieren es controlar a las diputaciones pidiéndoles pasta, controlando su caja, quieren que hagan su trabajo y eso no se puede consentir”.
De igual manera, se ha rechazado la enmienda a la totalidad al proyecto de convenio de colaboración entre la Generalitat, la Junta de Andalucía y la de Castilla y León para el fomento de competencias digitales, el cual ha quedado aprobado por el pleno, por considerar que genera desigualdad entre españoles.
Llanos ha manifestado que “para VOX lo fundamental es la necesidad, la eficiencia y la oportunidad y no lo vemos reflejado en este convenio que genera desigualdad y conflicto entre españoles y no responde al sentido común”. Ha añadido que
Según Llanos, “VOX no puede apoyar este juego entre autonomías frente al gobierno de la nación, ante un aprovechamiento adecuado de los recursos de los españoles según donde hayan nacido o donde vivan. Eso es inaceptable”. Y ha añadido que, al tratarse de competencias transferidas, “en todo caso debería realizarse con el Gobierno de España y con todas las autonomías, en su caso y así evitar duplicidades”.
